1er. Plan Nacional para la construcción de acción en derechos humanos
Se desarrolló éste lunes 17 y martes 18 en Florida dos instancias de encuentro con la sociedad floridense para la construcción del 1er. Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
participaron integrantes de grupos, colectivos, asociaciones y público en general donde se les acercaron propuestas, vivencias y demandas para elaborar un programa que posibilite la ejecución de una serie de acciones concretas y medibles, con el fin de mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en el país.
La actividad fué organizada por la secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República y la Intendencia de Florida desde las áreas de Género y Equidad, Diversidad, Inclusión y Persona Mayor de la dirección general de Desarrollo Social.
Días pasados hubo un encuentro en el departamento de 33 con la secretaria nacional de derechos humanos, en la cual se les invitó a concurrir al departamento de Florida, ya que ellos están en plena recolección de insumos, en territorio, de las distintas instituciones y de la sociedad civil que le permitan contribuir a la construcción de éste plan.
Los Planes Nacionales de Acción en Derechos Humanos constituyen una herramienta fundamental para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Su sentido final es la mejora de la calidad de vida de las personas. Para ello promueven la deliberación pública sobre los problemas y necesidades del país en materia de derechos humanos. Identifican problemáticas de derechos humanos a los que se debe responder desde las políticas públicas, definen una mirada estratégica para dar estas respuestas y la concretan en planes operativos.
Se construyen con los aportes de amplios procesos participativos, desarrollan sistemas de seguimiento y evaluación, garantizan el acceso público a la información durante todo el proceso y mediante la rendición de cuentas al finalizar ciclos. Generan una mayor conciencia acerca de la situación de los derechos humanos y sobre la necesidad de construir garantías de derechos entre las áreas y niveles de gobierno. Promueve el involucramiento de las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la sociedad en general. Crean un espíritu de colaboración y un sentido de compromiso con las políticas construidas en este marco, afianzando el vínculo entre las instituciones y de estas con diversos actores sociales.