Enfoques del Sistema Integral
Enfoque de DDHH
La Estrategia Nacional de Drogas 2021-2025 tiene entre sus principios fundamentales:
- Derechos Humanos: integración de principios e instrumentos de DDHH en la política de drogas. Respeto de los derechos y garantías en todas las dimensiones.
- Desarrollo con equidad: compromiso con el desarrollo y dignidad humana, con énfasis en poblaciones vulneradas. Inclusión transversal de la perspectiva de género.
- Integralidad y equilibrio: abordaje complejo, multidimensional y transversal.
- Corresponsabilidad: fortalecimiento de la estrategia en drogas mediante cooperación en los espacios multilaterales y a nivel global.
- Democracia: participación activa de la comunidad y sociedad civil en la construcción de la política, así como profundización del debate en drogas integrando todas las miradas.
- Evidencia científica: intervenciones basadas en evidencia científica hacia la calidad, eficiencia y sostenibilidad de las acciones.
- Transparencia: disponibilidad de información pública y rendición de cuentas.
Estos principios responden al diseño de políticas públicas que incorporan un enfoque de derechos humanos.
La primera noción a destacar, es el reconocimiento de que los DDHH son inherentes a la persona humana, y por tanto universales e inalienables, además de indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. La inherencia además limita el ejercicio del poder público, en la medida que los derechos son preexistentes y superiores al mismo.
Según la Secretaría de DDHH de Presidencia de la República “el punto de partida para la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas es la construcción de la agenda de los problemas que se relevan como tales porque constituyen situaciones de vulneración o no realización de los derechos humanos”.
Asociada a esta idea se expresa que es obligación del Estado no sólo respetarlos derechos sino también prevenir que las lesiones ocurran y hacerlas cesar si ocurrieran, adoptando medidas de reparación y no repetición. Asimismo, un rol
insustituible del Estado es el de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y asegurar la redistribución del acceso.
En sintonía con este enfoque, comprender e intervenir en el uso de drogas es poder “des-sustancializarlo”, es decir, no poner el foco en la sustancia -que por lo general no es determinante de un tipo de consumo -sino intentar comprender el tipo de vínculo que las personas establecen con las drogas, partiendo de labase de que la problematicidad o no de los usos es la resultante de la relación particular que se establezca entre la persona, el contexto de uso y la sustancia.
La realidad y las representaciones sociales no siempre coinciden en este planteo. De hecho, en muchas ocasiones, por un lado se encuentran los usos y las dificultades derivadas de ellos, y por otro están las ideas, creencias, sentimientos y conductas que las personas desarrollan sobre el asunto. Esas representaciones sociales que vinculan el uso de drogas a la marginalidad, criminalidad y enfermedad mental, son aspectos que contribuyen a la discriminación y a la exclusión de las personas usuarias de drogas. Es preciso avanzar en la construcción de una mirada sin prejuicios, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, favorecer su inclusión social y construir relaciones más humanitarias y solidarias.
Interseccionalidad
Para Platero intersección implica “… señalar cómo diferentes fuentes estructurales de desigualdad mantienen relaciones recíprocas. Es un enfoque teórico que subraya que el género, la etnia, la clase, u orientación sexual, como otras categorías son construidas y están interrelacionadas. No se trata tanto de enumerar y hacer una lista inacabable de todas las desigualdades posibles, superponiendo unas tras otras, como de estudiar aquellas manifestaciones e identidades que son determinantes en cada contexto y cómo son encarnadas por los sujetos para darles un significado que es temporal” (Platero, 2012: 26-27).
La interseccionalidad permite sintetizar cómo las discriminaciones operan y se materializan en los cuerpos e identidades de ciertos individuos como producto de la interacción social. En este sentido, es una categoría que interpela fuertemente tanto a los activismos como a las políticas públicas, en tanto formas de ejercer el poder aún en la búsqueda de la igualdad. Esto desafía a tener una mirada atenta y contextualizada de las distintas desigualdades que pueden estar operando en un mismo sujeto, para pensar acciones que no las refuercen sino que las contemplen, desnaturalicen, problematicen y transformen.
En el plano de las acciones preventivas, el enfoque de derechos humanos desde un abordaje interseccional, permite mirar los usos de drogas de manera contextualizada, como resultado de una trama histórica, socioeconómica, cultural y relacional, identificando las desigualdades y los mecanismos de discriminación que operan en las trayectorias de vida de las personas.
La mirada y el abordaje interseccional en las políticas de drogas son herramientas claves para asegurar respuestas singulares y universales, que lleguen a todos y a todas sin descuidar las trayectorias particulares de vida, los estigmas y las múltiples discriminaciones que suelen confluir en algunos grupos poblacionales. Permite por tanto, realizar los ajustes necesarios en las políticas para asegurar justicia social.
Perspectiva de género
Según el Instituto Nacional de las Mujeres, la perspectiva de género “permite analizar la distribución y organización del poder, inherente a todas las relaciones sociales en sus diversas expresiones. Incluir el enfoque de género a la hora de pensar los procesos sociales resulta indispensable ya que hace visible y permite analizar cómo estos fenómenos afectan y son afectados en forma distinta por varones y mujeres, y cómo se despliegan en la sociedad las oportunidades para las personas dependiendo de su sexo” (Inmujeres, 2021).
El género es una construcción social y cultural por la cual cada sociedad, en un momento histórico determinado, define ideas y creencias sobre lo que significa ser mujer y ser varón. Es a partir de esas ideas, que se establecen cualidades, capacidades, prohibiciones, formas esperadas de ser, sentir, pensar y actuar, diferentes para mujeres y varones, a partir de las diferencias biológicas entre los sexos.
Esas características supuestamente propias de cada sexo, conforman lo que se denomina como estereotipos de género, y se van asumiendo como naturales, cuando son producto de un proceso de socialización, es decir, son el resultado de las interacciones sociales que se dan en las familias, instituciones educativas, de salud, medios de comunicación y otros espacios de socialización.
Cada sociedad configura una serie de atributos, roles y responsabilidades que implican diferencias en el acceso a los recursos, a la toma de decisiones y por lo tanto generan desigualdades sociales, económicas y políticas entre las personas según sus géneros.
Como recuerdan María Jiménez Rodrigo y Raquel Guzmán Ordaz (2012), el género posee tres dimensiones: simbólica, que remite a modelos, roles, estereotipos; estructural en referencia a formas de organización social, división sexual del trabajo, distribución de recursos; e individual, sobre prácticas, identidades y experiencias en la vida cotidiana.
Se asume un modo de ser varón y de ser mujer desde el imaginario social, el cual se transmite y se despliega en la intersubjetividad, a través de los procesos de socialización. Estas representaciones socioculturales definen comportamientos y conductas esperadas, asignándoles culturalmente un rol de género, es decir, identidades sociales y simbólicas que afectan la organización de la vida cotidiana de las personas.
El concepto de género entonces, en tanto relacional, es una categoría de análisis que permite visualizar las relaciones de poder y lógicas de jerarquías, evidenciando las desigualdades.
En los abordajes del uso de drogas, sigue siendo necesario profundizar en la incorporación de la perspectiva de género, en particular en los dispositivos de atención y tratamiento. Habitualmente se considera a la población destinataria como homogénea y se toma como punto de partida la perspectiva masculina. Conceptualizar e introducir la perspectiva de género habilita la comprensión de las relaciones específicas que varones y mujeres establecen con las drogas, sus semejanzas y diferencias, permitiendo alcanzar resultados más justos.
Las políticas de drogas, sus planes y programas tienen un impacto diferente entre los distintos grupos poblacionales y colectivos, y si no se abordan desde sus particularidades, tienden a reproducir y profundizar las desigualdades existentes en la sociedad.
Es por eso que el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas de drogas deben contemplar las distintas dimensiones y complejidades de la temática, así como la visualización de las múltiples desigualdades, en particular las de género.
Enfoque de generaciones
Este enfoque se centra en el proceso de desarrollo de los seres humanos, lo cual implica “comprender que los factores que inciden en los comportamientos varían en las distintas edades en el transcurso de la vida” (Observatorio Europeo de Drogas, 2019: 46) y, en consecuencia, que las acciones preventivas deben ajustarse a las particularidades de cada edad.
Es importante poder observar qué motiva, en cada etapa de la vida, a la experimentación o uso de cada sustancia, los procesos de cambio y los hitos de transición entre etapas. Esto permite, entre otras cosas, problematizar algunos
prejuicios -y sus respectivos estigmas- que asocian determinados consumos a ciertas franjas etarias.
Asimismo, incorporar el enfoque generacional permite construir información y generar acciones concretas, adecuadas a cada etapa del desarrollo.
Gestión de riesgos y reducción de daños
La gestión de riesgos comprende un enfoque y un grupo de estrategias para disminuir la vulneración de derechos de las personas usuarias de drogas.
Promueve acciones de salud integral tendientes al desarrollo y la promoción de medidas de cuidado, así como la prevención de conductas y comportamientos que implican un mayor riesgo, tomando como foco central el vínculo que
establecen las personas con las drogas. Las intervenciones de gestión de riesgos son amplias, variadas y aplicables a diversos contextos.
La reducción de daños desde la perspectiva del Estado, implica conocer y dimensionar todos los elementos relacionados con los riesgos, para poder anticiparlos, prevenirlos y/o disminuirlos teniendo como eje central la tarea de atender la relación entre el derecho de las personas adultas a usar drogas y la obligación del Estado de garantizar la salud.
Para que estas estrategias sean viables a mediano y largo plazo es necesario un consenso social, técnico y político sobre el derecho de las personas adultas de usar drogas y la responsabilidad de ellas y del Estado sobre la gestión de la salud, en el sentido más amplio.
“Un enfoque integral, equilibrado y multidisciplinario centrado en las personas y comunidades y sus vínculos, encuentra en el modelo de reducción de riesgos y daños una respuesta comprehensiva de las diferentes dimensiones del fenómeno. Permite el diseño de estrategias para anticipar riesgos, prevenirlos y disminuirlos mediante objetivos que pueden ser de corto, mediano y/o largo plazo, admitiendo diversidad de intervenciones” (Junta Nacional de Drogas, 2021:. 17).
Este modelo parte de la base empírica de que las drogas han estado, están y seguirán estando presentes en la humanidad, y su principio central es la aceptación de la decisión de las personas de consumir drogas y/o decidir continuar consumiéndolas, siendo consideradas responsables de sus decisiones y comportamientos[4]. En el plano de las intervenciones, esto se traduce en acciones pragmáticas que buscan brindar herramientas para disminuir los efectos no buscados o perjudiciales, personales y/o sociales ligados al uso de drogas, sobre todo en tiempo presente y en el corto plazo.
Se entiende por “riesgo” la probabilidad de que ocurran consecuencias negativas para la persona y/o para su entorno. “Daño” y “beneficio” son términos complementarios utilizados para describir si una consecuencia asociada al uso de drogas es percibida como negativa (no deseada) o positiva (deseada). El énfasis no se pone en el efecto de las sustancias sino en el riesgo asumido por el sujeto cuando las usa.
Enfoque territorial
La Estrategia Nacional de Drogas 2021-2025 establece “...un concepto de territorialidad, entendido como el espacio vital en que los sujetos desarrollan procesos sociales de convivencia, otorgando lugar y sentido a la vida cotidiana y configurando oportunidades de contribución al desarrollo colectivo local. Por lo tanto, se hace imprescindible el protagonismo de los actores locales, tales como gobiernos departamentales y municipios, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y empresas locales, entre otros, a través de mecanismos de planificación y participación en su implementación” (Íbidem: 18).
Esta concepción habla de una necesaria flexibilidad en el diseño de las políticas de drogas en general, y de prevención en particular, asegurando mecanismos que permitan retroalimentar y problematizar los diseños en función de las realidades territoriales y las culturas locales.
Entre dichos mecanismos se destacan el fortalecimiento de las Juntas Departamentales de Drogas (JDD), la creación de Juntas Locales de Drogas (JLD) y la formulación de planes departamentales de drogas “basados en diagnósticos locales que, por medio de procesos participativos, diseñen intervenciones que involucren a las comunidades” (Íbidem: 22).
Notas
[4] Tal y como lo expresa Diego Silva Forné, Docente Grado 5 de Derecho Penal de la Udelar, “(...)el consumo de sustancias psicoactivas, legales o ilegales, es una actividad lícita, ajena a la intervención estatal. Forma parte de la autonomía personal que la Constitución reconoce a las personas adultas y capaces (art. 10), por lo cual las personas tienen el derecho a decidir libremente las sustancias de cualquier tipo que consumen, con independencia de si son lícitas o no, si son saludables o no".