Ministerio de Ambiente

Las iniciativas, que involucran a ambos ministerios, están alineadas con la perspectiva de trabajo conjunto que vienen llevando, con el fin de posicionar a Uruguay como productor sostenible de Alimentos y el cuidando sus recursos naturales.

De la firma, que se llevó a cabo en el Paseo Sostenible de la Expo Prado 2022, participó el ministro de Ambiente, Adrián Peña Robaina, su par de Ganadería Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y el Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) para América Latina y el Caribe, el uruguayo Mario Lubetkin.

Proyecto Cuenca Laguna Merín

El primero de los dos proyectos de Aguas Internacionales, permitirá crear las condiciones necesarias para apoyar la gestión binacional armonizada y colaborativa de la cuenca de la Laguna Merín, incluyendo las otras lagunas costeras de las zonas y el río binacional Yaguarón.

La cuenca hidrográfica de la Laguna Merín, compartida entre Brasil y Uruguay, es la segunda más grande de Sudamérica en superficie (3,750 km2).

Está previsto que el proyecto, de ejecución conjunta con Brasil financiado en parte por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), brinde una visión clara compartida de la cuenca y de los problemas que la afectan y una hoja de ruta negociada y específica para actuar en apoyo a la gestión transfronteriza.

El ministro Peña Robaina sostuvo que “El MA tiene muchas responsabilidades a través de su Dirección Nacional de Aguas en la gestión de los recursos hídricos ya sean superficiales o subterráneos, por ello es bien importante este acuerdo que tiene que ver con una mejora de gestión en lo que es el espejo de agua más grande del país que es la Laguna Merín, donde conviven la producción con una riqueza de biodiversidad reconocida a nivel internacional”, e informó que la iniciativa requiere de una inversión de “casi U$S 5 millones que se van invertir en la cuenca, reconocida por su biodiversidad y su importancia en lo productivo".

La implementación será de 5 años (hasta 2027) y cuenta con un aporte del Fondo GEF de 4,85 millones de dólares, a los que se suma el cofinanciamiento de Uruguay y Brasil, que es mayor.

Por su parte, el ministro Mattos destacó que “la Laguna Merín es muy importante como reservorio de biodiversidad, como reservorio también de lo que es la disponibilidad de agua dulce sobre la cuenca más importante de producción arrocera, por lo tanto allí interactuamos ambos ministerios en lo que son las políticas de equilibrio para los aspectos de sustentabilidad de los procesos productivos”.

En la misma línea se expresó el representante de FAO quien reconoció “la abundancia y calidad de agua dulce que se vierte en la Laguna Merín es una fuente de riqueza ambiental y económica: sus aguas sustentan actividades agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, acuícolas, turísticas, de abastecimiento de agua, entre otros servicios en ambos países”. Lubetkin resaltó el alcance de la iniciativa ya que, “durante la fase preparatoria del proyecto en un mapeo inicial de los actores involucrados, arrojó que 850 mil personas tienen como fuente de abastecimiento el agua y los recursos de la cuenca y unas 83 mil personas, del cual el 38 por ciento son mujeres viven de sus recursos naturales”.

Esta iniciativa también supone invertir en la gestión de recursos que combinen beneficios sociales y ambientales, resiliencia y generen lecciones sobre la implementación durante y luego del proyecto. A su vez, se trabajará en fortalecer las capacidades del sector público y privado en Brasil y Uruguay para la gestión conjunta e integrada de recursos hídricos la Cuenca de la Laguna Merín, haciendo énfasis en el uso sostenible y eficiente del agua; la preservación de ecosistemas y sus servicios; y la adaptación al cambio climático.

Proyecto Acuerdo Puerto

El segundo acuerdo que se firmó, se trata de un proyecto internacional en el que participan varios países, y es de apoyo a la ejecución del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, del que Uruguay es parte, y busca prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada desde su entrada en 2016. 

Para el ministro de Ambiente, estas iniciativas apuntan a proveer “mejores medios de vida para las comunidades costeras, aumentar la seguridad alimentaria en función de la sostenibilidad de los ecosistemas marinos locales”.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de los Estados para aplicar el acuerdo y las operaciones, medidas y herramientas complementarias de seguimiento, control y vigilancia, con apoyo financiero del Ministerio de Océanos y Pesca de la República de Corea.

Esta iniciativa parte de la premisa que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) debilita los esfuerzos nacionales y regionales de conservación y ordenación de las poblaciones de peces y, como consecuencia, inhibe el progreso hacia el logro de los objetivos de sostenibilidad.

El proyecto apunta a fortalecer los marcos normativos y legislativos nacionales y mejorar las capacidades y competencias nacionales para combatir la pesca INDNR. Se espera lograr impactos positivos en las economías y mejores medios de vida para las comunidades costeras, así como aumentar la seguridad alimentaria en función de la sostenibilidad de los ecosistemas marinos locales, entre otros aspectos.

Los costos totales del Proyecto se estiman en 2 millones de dólares a ser implementados por la FAO en Cuba, Fiji, Filipinas, Saint Kitts y Nevis, y Uruguay durante 5 años.