Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

“Coopunsa era un grupo de productores, que se llamaba Puntas de Sarandí, y en el año 2011, 2012, fueron madurando la idea de formalizarse... buscamos distintos formatos y después de analizar varias opciones, decidimos hacer una cooperativa”, cuenta el ingeniero agrónomo Alejandro Pizzolón, asesor de la cooperativa.

La cooperativa tiene algunos servicios internos: cuenta con un parque de maquinaria comprada con dineros propios y con apoyo de la DGDR. La maquinaria se presta a algunos vecinos y se generó un fondo para mantener el valor de las máquinas: “ha sido una buena experiencia, no es tan fácil y es la forma de que productores chicos puedan tener herramientas, si no, por un tema de escala, no lo podrían hacer”. La cooperativa también tiene un negocio colectivo, un encadenamiento productivo, de venta de frutilla para la industria: “ahí todos los productores procesan la frutilla en sus propios predios, le sacan el cabito y alguna parte sobre-madura, se almacena en una cámara de frío propiedad de uno de los productores y se vende toda junta, con lo cual se logra un volumen mínimo indispensable para poder entrar a la industria, porque en forma individual no se podría entrar en un negocio de este estilo”, dice Pizzolón.

“Somos producción familiar del campo río y mar” es uno de los últimos proyectos ejecutados por la cooperativa, pero antes de éste, tuvo otros apoyos de la DGDR. Según recuerda Pizzolón, tuvo un proyecto puente para ingresar al Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PFI): “Ese proyecto la ayudó mucho a afianzarse, a consolidar toda la parte de reglamento interno, de funcionamiento. Se conformó un equipo técnico, con una técnica social y una productiva. Trabajamos en equipo muy bien”, dice Pizzolón. También recibieron apoyo a través de “Más Tecnologías”: “Estos productores, en el rubro frutilla están bastante avanzados, sacan buenos rendimientos y aparte tienen otro negocio colectivo que es la importación de plantas de frutilla desde Estados Unidos –la cooperativa importa planta para los socios y para algunos vecinos también-“, cuenta el técnico.

Según él, como la cooperativa tenía una experiencia comercial razonable, empezó a pensar en introducirse en el campo de las compras públicas: “Coopunsa fue la primera organización horti-frutícola en completar el trámite del RENAOH, del Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas. A partir de que entramos ahí, tuvimos una experiencia bastante linda con ventas a la Fuerza Aérea. Fue lindo porque sirvió mucho para aprender. Lamentablemente los competidores privados que vendían antes nos hicieron la vida bastante difícil (...) pero ya sabíamos que iba a ser así”. Luego hicieron algunas ventas puntuales y en estos momentos buscan entrar en más llamados: “Tenemos una organización interna bastante interesante, ya hemos demostrado que podemos cumplir”, sostiene Pizzolón. A su vez, comenta que tienen algunos acuerdos con otras organizaciones inscriptas en el RENAOH para complementarse. Explica que esto se debe a que al ser productores del Sur, su oferta se circunscribe a productos del Sur, pero en algunos organismos la compra significa volúmenes estables en el año y la única forma es complementar con otras organizaciones del Sur y del Norte, para poder cumplir. Son básicamente sociedades de fomento rural: “Hemos estado conversando, nos hemos juntado. Eso también ha sido promovido por la DGDR y el Mides, en el entendido de que está bueno que las organizaciones de productores se conozcan (...) y poder lograr algún tipo de acuerdos para el mejor aprovechamiento de la Ley”. Coopunsa ha estado vinculándose con organizaciones de Salto y ha hecho algunos acuerdos con la Sociedad de Fomento de Progreso: “La idea es que los productores se ayuden entre ellos, se puedan complementar y se puedan encontrar alianzas que les sirvan a todos”, explica Pizzolón.

Si bien se presentaron a algunas licitaciones, no han tenido la suerte de ganarlas y actualmente no le están vendiendo al Estado: “a pesar de que solicitamos al amparo de la Ley, algunos compradores todavía no la aplican (...) pero la seguimos peleando y nos vamos a seguir presentando a llamados”, dice el técnico. A su vez informa que tienen una propuesta de INDA, con quien se está ultimando detalles y quizá en poco tiempo ya quede funcionando una venta.

Los productores también tienen sus canales privados de venta, ya sea al Mercado Modelo, supermercados o a distribuidores del interior. Según Pizzolón, “eso está topeado; crecer por ese lado es muy difícil, entonces la estrategia de los socios de la cooperativa es tratar de crecer con las compras públicas”. Eso, según el técnico, “implica el desafío de extenderse en más cultivos; si bien ellos no van a dejar de dedicarse a la frutilla, están haciendo una ampliación de rubros productivos para abarcar más rubros que compra el Estado. Eso es todo un desafío, pero hay apoyos técnicos, apoyos de la DGDR y en ese sentido estamos contentos”.

Pizzolón defiende la Ley de Compras Públicas*: “No hay dudas de que es muy importante, sinceramente, ayudarlos en la venta y que el Estado les compre, no tengo dudas de que es la mejor política para favorecer a las organizaciones de productores familiares”. “Yo considero que el hecho de ser una Ley, que la aprobó todo el espectro político y que tanto la DGDR como el MIDES estén muy comprometidos con esto... es el camino correcto; es el que tenemos que tratar de seguir y es el más sustentable para las organizaciones de productores”, sostiene.

“Por el historial, por la confianza interna que hay, creo que hemos sido de los que más hemos podido aprovechar esta condición de apoyos. Eso se debe a la fortaleza interna de la cooperativa (...) Por supuesto que nuestra experiencia está abierta para que la gente venga a conocerla y sacar alguna idea de cómo funcionar, porque ese funcionamiento grupal, asociativo es clave para poder aprovechar las oportunidades”, concluye el técnico asesor.

*La Ley Nº 19.292 declara de interés general la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal y crea un régimen de compras estatales que beneficia a las Organizaciones Habilitadas. Establece un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30% (treinta por ciento) para las compras centralizadas y del 100% (cien por ciento) para las no centralizadas, de bienes alimenticios provenientes de Organizaciones Habilitadas, siempre que exista oferta. La participación en el sistema por parte de los productores es estrictamente en forma colectiva, a través de Organizaciones Habilitadas integradas por al menos cinco miembros y con un mínimo de 70% de productores familiares agropecuarios y o pescadores artesanales.