Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

La jornada contó con tres presentaciones: una a cargo de la DGDR, sobre la Agricultura Familiar, la necesidad de contar con la Ley y el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (RENAOH); otra de las presentaciones estuvo a cargo de ACCE y fue sobre el estado de situación y las principales limitantes encontradas para hacer efectiva la Ley; y por último estuvo la presentación a cargo del MIDES sobre la experiencia que lleva adelante INDA en el departamento de Salto.

En la apertura de la actividad, el director de Desarrollo Rural, José Olascuaga, señaló que para la DGDR la principal preocupación en cuanto a la agricultura familiar y la pesca artesanal es mejorar su sustentabilidad y que para ello se han desarrollado un conjunto de herramientas, dentro de las cuales la Ley es una herramienta más. "Para la agricultura familiar esta Ley no es una varita mágica, sino que hay otras herramientas de fortalecimiento a las organizaciones de productores, a las cooperativas, a las sociedades de fomento y a distintas formas organizativas".

"Esta Ley es una innovación en el marco jurídico del país", expresó Olascuaga. "Tenemos que romper inercias, hay que innovar y no alcanza con la Ley y el decreto reglamentario. Se necesita voluntad política, y eso va a requerir algunas innovaciones que faciliten la aplicación de la Ley", agregó. Dijo que toda innovación requiere de voluntad y ajustes que se desarrollan a diario desde las instituciones del Estado. Destacó que le Ley es una herramienta que permite a las organizaciones de la producción familiar incursionar en el desarrollo de capacidades para su sustentabilidad.

Que implica un aprendizaje de organización, de comercialización y de logística, para insertarse en un circuito corto de comercialización y que ese aprendizaje después lo van a capitalizar para venderle a cualquier actor privado.

El Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (RENAOH) registra a las organizaciones habilitadas interesadas en participar del régimen de compras públicas. Actualmente hay 13 organizaciones habilitadas, de Canelones, San José, Soriano, Paysandú, Salto, Florida y Montevideo. Y hay dos organizaciones en proceso para ser habilitadas en corto plazo.

Al día de hoy se han concretado ventas al Estado por 90 millones de pesos (sin iva). Olascuaga también señaló que si bien la Ley no es la tabla de salvación, para muchas organizaciones, y puso el ejemplo de Calapis (Cooperativa Agropecuaria de Responsabilidad Limitada de Apicultores Sanduceros) venderle al Estado ha sido la posibilidad de supervivencia.

Desde ACCE se informó de una primera experiencia piloto en compras centralizadas, con la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) del MEF. Para ello se trabaja en el armado según tipo de oferentes. También se trabaja con ajuste de precios y en la distribución de zonas acorde a la localización y logística de las Organizaciones Habilitadas (OH) y en el procedimiento de verificación de la calidad en zona de entrega.

Desde la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Mides (Dinesil) e INDA (Instituto Nacional de Alimentación) se presentó una experiencia exitosa que se desarrolló en junio de 2017 en Salto, en plena inundación, donde hubo 1.267 personas evacuadas y el Ejército encaró el suministro de los platos de comida. Se entregaron 67.800 almuerzos y cenas. Fueron 23.624 kilos de víveres frescos. La compra fue de 494 mil pesos. La calidad de los productos fue óptima y acercó los productores a los consumidores.

Las organizaciones que participaron fueron las SFR de Salto, Colonia 18 de Julio, Colonia Osimani y Colonia Gestido, y agruparon distintos rubros. Fueron productores dispersos, que se unieron a las SFR, establecieron un lugar de acopio común, se trabajó en la distribución de los recursos, y se integraron a las compras estatales del INDA. Actualmente están abasteciendo los hogares de INAU y al Hospital local y están estableciendo vínculos con privados para también abastecerlos. Desde INDA se señaló que el objetivo explícito es desarrollar modelos robustos y adecuados para todas las partes, que puedan ser replicados por el resto de la administración pública. Se prioriza la entrega de alimentos provenientes de la producción rural familiar.

*La Ley Nº 19.292 declara de interés general la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal y crea un régimen de compras estatales que beneficia a las Organizaciones Habilitadas.

Establece un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30% para las compras centralizadas y del 100% para las no centralizadas, de bienes alimenticios provenientes de Organizaciones Habilitadas, siempre que exista oferta.

La participación en el sistema por parte de los productores es estrictamente en forma colectiva, a través de Organizaciones Habilitadas integradas por al menos cinco miembros y con un mínimo de un 70% de productores familiares agropecuarios o pescadores artesanales.