Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

En la Mesa de presentación participaron Daniel Pereira, secretario de la Cooperativa Nacional Façoneros de Pollos Unidos (CONAFPU); Álvaro Caballero, secretario de la Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de Productores de Cerdos (CALUPROCERD); Fernando López, secretario de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR); Raúl Correa, de Convenios en el Ministerio del Interior; Mariela Fodde, de la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral, del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES-DINESIL); y José  Olascuaga,  titular de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP/DGDR).

Existen algunos antecedentes en Uruguay de participación de la agricultura familiar en las compras públicas que han sido fundamentales para alcanzar la Ley y generar experiencia en ventas al Estado. En primer lugar, un plan piloto impulsado por el PUR en el año 2009 en Canelones, pero que finalmente no logró ganar la licitación, demostrando la necesidad de generar un marco normativo específico para este público objetivo. En segundo lugar, el Convenio existente entre algunas organizaciones (CALUPROCERD, CONAFPU, Cooperativa Molino Santa Rosa, Cooperativa Caorsi y Cooperativa San Antonio) con el Ministerio del Interior. Esto ha implicado un total de ventas de casi 9 millones de pesos entre 2014 y 2016, y ha involucrado a un total de 153 productores.

Compartir lo que se está haciendo bien

El director de Desarrollo Rural, José Olascuaga, señaló que para “que una buena idea tenga incidencia sobre la vida de la gente, se necesita trabajo y voluntad política”. Expresó que el Estado debe intervenir en procesos económicos: “Seguimos convencidos que las compras del Estado pueden ser una herramienta para el desarrollo de sectores estratégicos de nuestra sociedad, y que el Estado no debe ser neutro en esto”, dijo. “Para que estas ideas impacten en la vida de la gente se necesita trabajo, capacidad técnica y capacidad política”, agregó. Informó que existen dos organizaciones de productores familiares que han realizado todo el proceso de inscripción como organizaciones para trabajar en el marco de la ley, pero que ya venían trabajando con el Estado a través de un convenio. “La idea es mostrar qué se ha hecho y estimular a futuros compradores del Estado y a organizaciones a que se animen a dar este paso”, dijo. “Hay que salir del espacio de comodidad”, agregó. En cuanto a la ley, expresó que era necesaria porque “asegura un mayor grado de sostenibilidad de estos procesos”.

“Hace cuatro años esto era un sueño....y muchos problemas, expresó Daniel Pereira, secretario de CONAFPU. Destacó que hubo que hacer todo un proceso de fortalecimiento a las organizaciones y señaló que “los compañeros hoy tienen esperanza; están trabajando contentos (…) Hoy cobran un 19% más que el resto, porque sacamos al intermediario del medio”. “Tenemos una esperanza grande en esta Ley”, dijo, e informó que ya se presentaron a dos licitaciones: “esta ley nos abre la posibilidad de ponerle la frutilla a la torta a nuestro proyecto, que es la planta de faena”.

El secretario de CALUPROCERD, Álvaro Caballero, expresó que los productores tuvieron que desarrollar capacidades para comercializar. Destacó la importancia de la ley y dijo que “esta experiencia ha sido muy importante para demostrar la capacidad que teníamos para organizarnos”. Mencionó que a los productores les permite planificar la producción, teniendo un mercado seguro, con un precio que les da rédito.

“La ley, si bien tiene una gran importancia, no va a funcionar sin el compromiso y la voluntad de los actores que la tienen que llevar adelante… La experiencia con el Ministerio del Interior funcionó por el compromiso político y de los funcionarios… Ha llevado mucho esfuerzo, derribar barreros, vicios… “, recordó. Pero expresó que sin trabajo y compromiso esto no hubiera sido posible. Por otra parte, informó que hay 236 productores organizados en todo el país, que están vendiendo 700 cerdos al Ministerio del Interior por mes.

Fernando López, secretario de CNFR, mencionó que esto es “una política pública a favor de la agricultura familiar en una relación de ganar-ganar”. Con respecto a la ley, recordó que fue un proceso difícil pero con resultados concretos: “Creemos que en la medida que se consolide, con el compromiso de las organizaciones, es la única manera de que se transforme en una política de Estado y trascienda los gobiernos de turno”.

Informó que el tema jurídico de que las Sociedades de Fomento no iban a estar en el Registro se logró solucionar; dijo que se trabajó mucho para eso y que finalmente las Sociedades de Fomento van a poder venderle al Estado. Por otra parte dijo que como política pública fue necesaria la voluntad política, compromiso y participación de las organizaciones: “Esto es un ejemplo concreto de que las cosas se pueden hacer”, indicó. Por último habló de la oportunidad que esto implica para la agricultura familiar y sobre la contribución que genera a la seguridad alimentaria de nuestro pueblo.

Raúl Correa, responsable de Convenios del Ministerio del Interior indicó que la ley “es un antes y un después” y compartió la experiencia que tuvieron con los productores. Informó que desde el Ministerio se impulsa la adquisición de hortalizas, fideos, harina, carne de cerdo y pollo, y que se evalúa la oferta: calidad del producto, precio y sistema de distribución. Informó que “hay una demanda creciente”. “Se puede comprar de esta manera, es beneficioso para el Estado y hay ahorros”, indicó Correa. Informó que todos los años se realiza una encuesta de satisfacción referente a los convenios y resaltó como buena práctica los comités de seguimiento, las encuestas de satisfacción y la planificación.

Por su parte, Mariela Fodde, directora de la DINESIL, recordó que existen otros dispositivos legales, que cumplen diez años este año, que tienen que ver con la posibilidad de comprarle los servicios o los productos a las cooperativas sociales, y que tienen como propósito integrar laboralmente a las personas con mayor vulnerabilidad. A su vez, compartió los aportes que se vienen desarrollando en complementariedad con la DGDR y, en este sentido, destacó los dispositivos de circuitos cortos. “Necesitamos procesos de cambio a nivel de las instituciones”, expresó. Agregó que las organizaciones tienen que demostrar que los productores familiares pueden cumplir con la calidad, mucho mejor que otros. Compartió que INDA ya empezó a desarrollar la compra a productos frescos a emprendimientos de la agricultura familiar y destacó lo que se hizo en Salto, con el Ministerio de Defensa, con motivo de las inundaciones. Destacó el ahorro del Estado a la hora de la compra directa y por eso calificó la ley como “muy beneficiosa”. Señaló que el rol es fortalecer las capacidades y competencias de los productores familiares para que puedan vender directamente y con iniciativas formalizadas, y dijo que otra línea que hay que trabajar es el consumo responsable.

La ley

La Ley Nº 19.292 establece un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30% para las compras centralizadas y del 100% de las compras descentralizadas de bienes alimenticios provenientes de las Organizaciones Habilitadas (OH), siempre que exista oferta de las mismas.

La participación en el sistema por parte de los productores será estrictamente en forma colectiva, a través de Organizaciones Habilitadas que estarán integradas por al menos cinco miembros y con un mínimo de 70% de productores familiares agropecuarios y/o pescadores artesanales.

RENAOH

Las compras estatales son una oportunidad para: fomentar la organización de los productores y los procesos asociativos; organizar la producción acercando la oferta a la demanda y vinculando a los productores con los requerimientos de los consumidores; adquirir experiencia comercial, fomentar circuitos cortos de comercialización y desarrollar las economías locales.

El Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas lo lleva adelante la DGDR-MGAP y tiene fundamentalmente dos objetivos: por un lado, realizar los controles necesarios para que los beneficiarios del sistema sean mayoritariamente los productores familiares, y por otro, vincular la oferta y la demanda, haciendo pública una serie de datos para que esta conexión se haga posible.

El sistema vincula la base de los registros de Productor Familiar y de Productor Familiar Pesquero con el RENAOH, de forma de controlar el cumplimiento de integración del 70% de estos productores.