Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Participan productores familiares en representación de sus organizaciones de base y de las Mesas de Desarrollo Rural de diversos departamentos del país, técnicos de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR); del Instituto Nacional de Colonización (INC); del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); del Instituto Nacional de la Juventud (INJU); jóvenes y mujeres rurales - representantes de la Red de Mujeres, de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU) - y Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR).

Desde el año 2014 la REAF está trabajando con las directrices voluntarias. Se han realizado diversas actividades, con foco en el Grupo Temático de Acceso a la Tierra y Reforma Agraria. En la XXIV REAF en Paraguay, se presentó el primer informe regional sobre la implementación de estas directrices. A pesar de estos avances, desde la sociedad civil siempre ha estado presente la necesidad de sensibilizar, difundir y simplificar los documentos existentes para que productores puedan apropiarse de la herramienta.

En este sentido, desde el año 2015, FAO en conjunto con el IPC – FIAN (International Planning Committee for Food Sovereignty) iniciaron un proceso de construcción de un programa de capacitación destinado a la sociedad civil usando como base el “Manual Popular sobre la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques: Guía para la promoción, la aplicación, el monitoreo y la evaluación”.

Esta capacitación se enmarca dentro de este trabajo llevado adelante por FAO, en coordinación y a demanda de la REAF, y fomentará el fortalecimiento de la REAF como espacio de gobernanza, de diálogo entre representantes de los gobiernos y de la sociedad civil, sobre la creación e implementación de políticas públicas diferenciadas para la Agricultura Familiar.

Reflexión con la sociedad civil

“Entendemos que este proceso de análisis de cómo es la gobernanza de la tierra de Uruguay tiene que estar vinculado a un proceso de reflexión con la sociedad civil”, dijo la presidente del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez. Según ella, analizar la situación de Uruguay sobre este tema permite reflexionar sobre los avances vinculados a la tenencia, la propiedad, el registro de las tierras y las políticas vinculadas al ordenamiento territorial, las áreas protegidas, las normas ambientales…, es decir, sobre un conjunto de normas que el Uruguay ha venido llevando adelante. Pero también permite reflexionar sobre algunos temas que falta trabajar: “el rol de la producción familiar, de los asalariados rurales en ese proceso; la mayor participación en el control del uso de la tierra y de la producción, tanto desde la perspectiva ambiental, como económica, y de los procesos de inclusión de los sectores más vulnerables del medio rural”.

Sobre los avances, la presidente del INC menciona: “hemos consolidado muchísimas políticas públicas vinculadas a la tenencia de la tierra, como la Ley de Colonización, pero también los espacios de participación, la construcción de las políticas públicas con la sociedad civil, las políticas diferenciadas para la producción familiar; las normas ambientales, las leyes de ordenamiento territorial, la construcción de los sistemas nacionales de áreas protegidas; las normas vinculadas a la promoción de determinadas producciones en distintos lugares”.

La visión de los productores

En cuanto a los avances identificados por los productores, Gómez sostiene que destacaron las Mesas de Desarrollo Rural y su rol, y los espacios de participación y discusión”. Quienes participaron de esta instancia discutieron qué es directriz, qué es tenencia y qué es gobernanza y cuando definieron estos conceptos hablaron de normas, propuestas que rigen y que controlan un uso sustentable y sostenible de la tierra. Otro de los temas que surgió fue el de los recursos naturales, pero también destacaron los espacios de participación como espacios importantes de construcción de gobernanza, los espacios de discusión sobre las políticas públicas y hablaron de la tierra como un bien social y del derecho de los productores a hacer uso de la tierra.

“Uruguay tiene una característica importante que está ligada, primero a marcos legales muy fuertes vinculados a la tenencia de la tierra; una situación de tenencia clara de la propiedad y uso de la tierra, lo que da certezas y seguridades, pero también las definiciones políticas que hemos ido tomando desde 2005 han ido construyendo espacios de participación y discusión, y esos espacios, que son reflejo de la REAF, de la Sección Nacional y de las Mesas de Desarrollo, son los que nos han permitido ir construyendo y mejorando la política pública”, señaló Gómez.

La presidente del INC expresó además que más allá de las reivindicaciones de la tierra como un bien social y de los derechos de los productores familiares y  de los asalariados al acceso a la tierra y al conjunto de los recursos, la percepción es positiva: “La seguridad y la tenencia, el poder usar y gozar de la tierra y el proteger los sectores más vinculados a los vaivenes del agronegocio, son los temas que se están discutiendo”.

Entre los participantes al taller hubo jóvenes, con una mirada precisa y por tanto el derecho de los jóvenes y las mujeres a las políticas de inclusión y focalizadas, estuvo puesto sobre la mesa.

Dar respuesta a las necesidades de la gente

“No hay duda de que hay mucho espacio donde tenemos que seguir trabajando y profundizando (…) Entendemos que el tema de las directrices voluntarias no es un tema exclusivamente rural y no sólo tiene que ver con la tierra; tiene que ver con cómo construimos el territorio, cómo se construye una respuesta a nivel territorial donde participan las organizaciones sociales, la institucionalidad pública y los sectores más vulnerables. Con esa mirada entendemos que el conjunto de políticas públicas tiene que llegar al territorio rural, por eso trabajamos con el conjunto de la institucionalidad pública. Es una definición política que hemos llevado durante todos estos años (…): que la institucionalidad pública está para construir políticas públicas que den respuestas a las necesidades de la gente en el territorio”, concluyó Gómez.