Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Arizti explicó que “el objetivo del Ministerio desde que asumió fue adecuar determinadas normas laborales, y una de ellas es la de personería jurídica”.

El jerarca señaló que, en “diciembre de 2020”, el Consejo Superior Tripartito “decidió formar un grupo de trabajo tripartito” para tratar “el tema de la personería jurídica”, y agregó que “el Ministerio de Trabajo presentó un anteproyecto de ley, los actores sociales hicieron sus comentarios y sus aportes al proyecto, y dio como resultado un proyecto que hoy es ley”, que se encuentra “en la etapa de promulgación a nivel del Poder Ejecutivo”.

Asimismo, destacó que “es un proyecto que otorga garantías para los afiliados a una organización” y “se adecúa mejor que la normativa actual a la Constitución de la República, a lo que establecen los congresos internacionales de trabajo y a los pronunciamientos de la OIT”.

Además, recalcó que “lo importante de la ley son sus efectos”, que clasificó en “civiles, gremiales y procesales”.

En cuanto a los civiles, “quien tenga personalidad jurídica va a poder realizar contratos, actos, donaciones y operaciones comerciales”.

Los efectos procesales refieren a que “cuando el trabajador se presenta ante la justicia, participa de una audiencia y es acompañado por una organización, que es lógico que tenga personalidad jurídica”.

Arizti también manifestó que “el otro efecto tiene relación con la ley de negociación colectiva”. Trata sobre que “el empleador podrá suministrar información confidencial, pero quien la solicite deberá tener personalidad jurídica”.

Y, por último, “el otro efecto es el de la cuota sindical”. El empleador estará obligado a retener la cuota sindical, si quien lo solicita es un “sujeto de derecho con personalidad jurídica”, y añadió que “esto es una tranquilidad para todos los afiliados a una organización sindical”.

Al finalizar, el subsecretario subrayó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encuentra analizando la posibilidad de “reglamentar la ley, que no sería necesario; sacar un instructivo mucho más específico de cómo hay que actuar, tener un plazo de asesoramiento para que las organizaciones gremiales se puedan acercar al Ministerio y presentar sus dudas, y luego el procedimiento de inscripción”.