Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

La Ley de Empleo Integral fue promulgada el 26 de junio de 2026 por el Poder Ejecutivo. Esta normativa combina apoyos económicos a las empresas con cursos de capacitación y seguimiento para los trabajadores, a través del reemplazo de regulaciones previas de menor alcance. Su objetivo es mejorar la formalización y la estabilidad del empleo en el sector privado mediante mecanismos simples.

En diálogo con Comunicación Presidencial, la subdirectora nacional de Empleo, Mariana Chiquiar, sostuvo que la citada norma promueve el trabajo digno y decente para los colectivos que enfrentan barreras para acceder al mercado laboral uruguayo.

Los grupos priorizados en la ley abarcan a:

• personas jóvenes
• mayores de 45 años
• personas en situación de discapacidad
• padres, madres o tutores a cargo de niños y adolescentes en esa condición

Asimismo, la cobertura incluye a:

• población afrodescendiente
• personas trans
• mujeres jefas de hogares monoparentales
• personas sujetas a medidas alternativas a la privación de libertad
• ciudadanos recientemente liberados del sistema penitenciario

Chiquiar explicó que, en el caso de los jóvenes, es necesario evitar el círculo vicioso que les impone la exigencia de experiencia para acceder a su primera oportunidad laboral. Además, señaló que la perspectiva de la ley es interseccional, con diferenciación por género en los subsidios para contrarrestar las diferencias estructurales en el mercado de trabajo.

El empleo no debe ser visto solo como un generador de ingresos, sino como un eje vertebrador de la vida que forja dignidad, autonomía y permite consolidar un proyecto de vida, reflexionó.

Reglamentación, requisitos y plataforma digital en el último trimestre del año

Por su parte, el director nacional de Empleo, Federico Araya, informó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social avanza en el diseño de la nueva plataforma digital, Integra Empleo, dispositivo que sustituirá a la actual, Vía Trabajo, y centralizará todas las postulaciones vinculadas a este marco normativo.

La proyección es que tanto el decreto reglamentario de la Ley de Empleo Integral, en etapa de elaboración, como el soporte técnico de la plataforma estén concretados para el último trimestre del año, momento en el cual las empresas privadas quedarán habilitadas para iniciar las contrataciones, sostuvo.

Respecto a los requisitos de acceso, Araya detalló que las organizaciones contratantes deberán encontrarse en situación regular de pagos ante el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI). Por su parte, las personas beneficiarias deben contar con cédula de identidad uruguaya, tanto para registrarse con su número de documento en la nueva plataforma como para acceder de manera formal a las prestaciones de la seguridad social.

Financiamiento, subsidios y apoyo a las mipymes

Para el financiamiento de los subsidios estipulados por la ley, se destinará una partida anual de 407 millones de pesos, que será derivada de Rentas Generales al Fondo de Reconversión Laboral, presupuesto que, según subrayó el jerarca, robustecerá la inserción de trabajadores en el ámbito privado.

Respecto a los incentivos económicos, Araya puntualizó que los subsidios para las empresas privadas oscilarán entre el 25% y el 80% del salario del trabajador. El subsidio máximo será de 3,7 bases de prestaciones y contribuciones (BPC), equivalentes a unos 25.400 pesos. El porcentaje de cobertura variará según el caso y podrá alcanzar hasta el 80% del salario para personas en situación de discapacidad, población trans o liberada del sistema penitenciario.

Además, señaló que se destinará un fondo de 75 millones de pesos, junto con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), para impulsar el trabajo independiente. Esta línea otorgará una exoneración del 50% en los aportes patronales por un plazo de hasta 12 meses a los emprendimientos liderados por los colectivos priorizados por la normativa.

En relación con las micro y pequeñas empresas, las firmas con menos de 20 trabajadores accederán a una extensión del plazo del subsidio por hasta 18 meses, un período mayor al régimen general, de entre 6 y 12 meses. El objetivo de este beneficio diferencial es asegurar una inserción laboral más duradera y estable en un sector que genera el 99% del empleo en el interior del país, recordó el director.

Metas de permanencia y formación continua

Araya sostuvo que la Dirección Nacional de Empleo fijó dos metas: lograr un mínimo de 4.000 contrataciones anuales y que los trabajadores permanezcan más tiempo en sus puestos, ya que, en la actualidad, el 30% no sobrepasa los tres meses de actividad. Superar los 90 días resulta clave, resaltó, porque la evidencia demuestra que una mayor continuidad laboral aumenta las probabilidades de que las empresas los contraten de forma definitiva.

Asimismo, remarcó que esta es una ley integral que, a la regulación del empleo, suma acompañamiento técnico de la trayectoria de las personas para asegurar la sostenibilidad y la reinserción laboral posterior, a fin de identificar sus dificultades y potenciar herramientas clave, como la capacitación profesional, la certificación de competencias y la culminación de los ciclos educativos.

Mencionó que quienes sean contratados podrán acceder a los cursos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y certificar sus conocimientos a través del programa Uruguay Certifica. Además, se brindarán capacitaciones en gestión empresarial junto con la ANDE y el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop). El objetivo es brindar mejores herramientas a los trabajadores para potenciar sus emprendimientos o facilitar su reinserción laboral si finaliza el contrato con la empresa.

Incorporación de Yo Estudio y Trabajo

Araya destacó la incorporación, por primera vez, del programa Yo Estudio y Trabajo con rango de ley. Esta jerarquización legal se acompaña de una extensión de los grupos etarios que impulsa, de 16 a 20 años, que regían en ediciones anteriores, hacia una cobertura de jóvenes de entre 15 y 24 años. 

Consideró que esta flexibilización contempla los actuales trayectos de formación continua y atiende la demanda de jóvenes mayores de 20 años que buscan su primera experiencia laboral formal, lo que consolida una herramienta que se integra a las políticas activas del sector junto con iniciativas como el programa Uruguay Impulsa.

Fuente: Presidencia Uruguay