Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

De la actividad, participaron la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; el subsecretario, Christian Di Candia; la Directora de DINOT, Paola Florio; el director de la DINAVI, Milton Machado; el presidente de ANV, Claudio Fernández; el Coordinador General del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), Martín Delgado; y la intendenta de Canelones, Gabriela Garrido.

Se trata de instancias fundamentales de participación social, diálogo y asesoramiento, donde en esta oportunidad, más de 150 asistentes, entre actores públicos, privados, académicos y sociales, estuvieron trabajando durante la jornada en propuestas en torno a seis ejes clave, que buscan transformar y mejorar el acceso a la vivienda y el territorio. Las iniciativas recogidas funcionarán como insumos clave para el diseño del próximo Plan Quinquenal de Vivienda 2025–2030, que será presentado en julio junto con el presupuesto nacional.

Durante la jornada, la ministra Tamara Paseyro destacó la relevancia de este proceso participativo y de trabajo en conjunto. “Este es el segundo encuentro de la COAVI y la COAOT, que son las comisiones asesoras del ministerio, tanto en ordenamiento territorial como en vivienda. Y justamente es una instancia muy importante para nosotros porque estamos de cara a la elaboración del Plan Quinquenal. Este trabajo en grupo será un insumo para la elaboración de ese Plan”, indicó la ministra.

Paseyro explicó, además, que está prevista una tercera y última instancia, que será en Montevideo, donde se definirán las propuestas finales. “La idea, en este segundo encuentro, es seguir conversando y recibiendo nuevos aportes”, indicó y adelantó que las propuestas se darán a conocer en julio cuando se presente el Plan Quinquenal de Vivienda.  

“Allí estos insumos se verán materializados, además de lo que queremos llevar adelante desde el Ministerio, teniendo en cuenta las prioridades de gobierno”, explicó.

En ese sentido, dijo que el Ministerio tiene una cartera de proyectos que ya están en ejercicio, que fueron implementados desde el período pasado, y que continúan trabajando desde la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. “Esa cartera de proyectos abarca diferentes asentamientos. Mientras la solución definitiva no llega, habrá también acciones de mitigación”, explicó.

En esa línea, reafirmó que la prioridad del Gobierno y de la cartera, es el combate a la pobreza infantil. “Tenemos como prioridad la atención a la pobreza infantil, sobre todo en los primeros años de vida. Por eso, trabajaremos en conjunto con otros ministerios para apoyar el programa ‘Crece desde el Pie’ con acciones habitacionales”, dijo.

En tanto, la ministra recordó que la ciudadanía también puede involucrarse con ideas, a través de la plataforma de participación ciudadana desarrollada por Agesic, que hasta el 28 de mayo permitirá que tanto personas, organizaciones, empresas como inversores, gremiales o la academia realicen aportes en temas de vivienda y ordenamiento territorial.

Durante el evento, los seis grupos continuaron profundizando en las propuestas presentadas en la primera COAVI y COAOT en Durazno.

En el caso del primer grupo, enfocado en la emergencia habitacional, los integrantes centraron su trabajo en plantear propuestas para los colectivos más vulnerables, como personas en situación de calle, residentes en pensiones, personas salidas de instituciones del INAU o del sistema penitenciario, y madres con niñas y niños a cargo que atraviesan situaciones de violencia basada en género. Se propuso avanzar en soluciones habitacionales permanentes, fortaleciendo el acceso al stock de viviendas existente en el Ministerio de Vivienda.

En cuanto al Grupo 2, abordó la gestión de las carteras de tierras como eje clave de las políticas de vivienda y urbanismo. Se identificó la necesidad de ampliar la disponibilidad de tierras e inmuebles públicos, tanto a nivel nacional como departamental, mediante distintas modalidades como expropiaciones, cesiones y compra directa. En ese sentido, se destacó la necesidad de consolidar una cartera nacional de tierras públicas para garantizar suelo adecuado y accesible para programas habitacionales. También se propuso agilizar trámites catastrales, actualizar registros con herramientas geoespaciales y aplicar incentivos para que los privados pongan terrenos vacantes en el mercado.

Por su parte, el Grupo 3 centró su trabajo en generar propuestas para facilitar el acceso a la primera vivienda, especialmente para hogares de ingresos medios y medios bajos. Se propuso ampliar las alternativas de compra y alquiler, así como mejorar las condiciones de autoconstrucción en terrenos con autorización, incluso si no hay propiedad formal. Se destacó la importancia del asesoramiento técnico, legal y notarial para regularizar estas situaciones. Asimismo, se planteó la necesidad de flexibilizar los modelos de vivienda, reconociendo “nuevas formas de habitar en colectivo”, como los adultos que se unen para poder hacer frente a los costos de las viviendas, o implementar el "derecho de uso" de un determinado inmueble. A su vez, se identificaron dificultades económicas, tanto para la compra como para el alquiler de viviendas, por lo que el grupo de trabajo propuso revisar condiciones crediticias para que sean más accesibles para los que desean comprar, así como también, estimular la baja de los precios de alquiler.

En tanto, el Grupo 4, abordó la política territorial transversal, y allí, los integrantes resaltaron el hecho de que el ordenamiento territorial haya sido incluido en el Plan Quinquenal de Vivienda, ya que, según coincidieron, “la vivienda no debe ser abordada de forma aislada sino en diálogo con el derecho a la ciudad”. También mencionaron una serie de problemas actuales, como el crecimiento de asentamientos en zonas periféricas sin condiciones adecuadas de infraestructura y servicios. Asimismo, se propuso fomentar programas de vivienda rural que favorezcan el arraigo y, de esta forma, evitar el vaciamiento de los territorios.

Por otro lado, el Grupo 5 trabajó sobre la optimización de los procesos vinculados a las cooperativas de vivienda y su articulación con el ordenamiento territorial. Se planteó la urgencia de aumentar el presupuesto del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (Fonavi) utilizado para financiar la construcción de viviendas sociales y programas de mejora urbana, sugiriendo que se asigne al menos el 1% del PBI, y se reclamó la exoneración del IVA a los materiales de construcción. Se propuso acortar significativamente los plazos de escrituración, revisar el sistema de sorteos, y consolidar la cartera estatal de tierras disponible para cooperativas. A su vez, entre las iniciativas, se planteó la creación de viviendas colaborativas para adultos mayores.

Por último, el Grupo 6, centrado en la participación del sector privado, coincidió en la necesidad de evaluar el impacto de la Ley 18.795 de vivienda promovida, para analizar realmente su efectividad para facilitar el acceso real a la vivienda de los sectores de ingresos medios y medios bajos. Se señalaron limitaciones relacionadas con el precio de las viviendas, los mecanismos de financiamiento y la rigidez de los préstamos bancarios. Se propuso incorporar nuevas tecnologías constructivas como la madera y fomentar la industria nacional como forma de generar empleo y dinamizar el sector. Finalmente, se planteó la iniciativa de desestimular la construcción de viviendas fuera de la trama urbana, ya que esto promueve "la desigualdad, el acceso a los servicios y la segregación residencial".