Presidente Orsi: “La seguridad es un derecho de todos”
El presidente de la República, Yamandú Orsi, presentó el Plan Nacional de Seguridad 2025-2035, una estrategia que contiene 79 acciones y 130 medidas orientadas a responder a los principales desafíos actuales en la materia. El plan establece una nueva forma de hacer la política de seguridad en Uruguay, con acciones concretas y una mayor coordinación entre actores públicos y privados.
El presidente Yamandú Orsi definió al Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035 como una estrategia nacional de seguridad. Señaló que es resultado de un trabajo de muchos años de acumulación de la Policía Nacional, que permite identificar cuáles acciones funcionan y cuáles no.
Prueba de ello es haber mantenido en el cargo, como director de la Policía Nacional, a José Azambuya, quien cuenta con conocimientos y experiencia que permiten "seguir una línea de trabajo que viene de lejos", aseguró. A ello se suman las acciones implementadas durante el primer año de esta administración.
Orsi valoró el carácter interinstitucional de la estrategia, liderada por el Ministerio del Interior. “Cuando hablamos de tecnología, de cámaras, de identificación facial, es un trabajo que interactúa fuertemente con otros ministerios, como por ejemplo, el Ministerio de Transporte”, ejemplificó.
“Por supuesto que un plan de seguridad de este tipo, cuando trabajamos con gente que tiene problemas de adicción, que está en situación de calle, articula con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Salud Pública”, agregó.
El plan también coordina con el sector privado. El presidente dijo que las empresas de seguridad mantendrán una mayor interacción con la Policía Nacional.
Además, hizo referencia al carácter dinámico de la estrategia, ya que, si bien se definen medidas concretas, se abre la posibilidad de que se incorporen otras a futuro.
Un plan elaborado de forma participativa
El ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que al inicio de la administración, la situación del país en materia de seguridad exigió trabajar en “dos velocidades”. En primer lugar, tomar medidas y acciones urgentes y, por otra parte, diseñar una política pública de mediano plazo, que trascienda la administración.
La elaboración del plan se dividió en tres etapas. En primer lugar, se elaboró un diagnóstico para trabajar sobre la evidencia. En segunda instancia, se instaló un proceso de diálogo social y político que incluyó la presencia de casi 80 instituciones, como sindicatos, empresarios, academia y partidos políticos.
Por último, se sistematizaron las propuestas, que derivaron en un documento que constituye una hoja de ruta para el resto de la gestión, dijo Negro. El resultado de este proceso es el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2030, estructurado en siete ejes temáticos y más de 130 medidas concretas.
Protección de la vida
Las metas incluyen reducir homicidios y violencia en territorios críticos, incrementar su esclarecimiento y disminuir la impunidad. Negro enfatizó en el control operativo de los barrios más violentos combinando la inteligencia policial, “policiamiento inteligente” y disuasión focalizada en los grupos e individuos más violentos.
Mujeres e infancias como prioridad
También se trabaja para disminuir de forma sostenida la violencia basada en género, lograr mejorar sistemas de respuesta y protección de víctimas, a partir de fortalecer acceso a la justicia, prevención y detección temprana en ámbitos educativos, de salud, comunitarios y digitales.
Negro señaló que se implementan los dispositivos Élida 360, que consideró la base más importante contra aquellos agresores que no tenían dispositivos electrónicos, y anunció que se utilizará una herramienta llamada VioGen, para evaluar el nivel de riesgo en denuncias de violencia doméstica.
No a las armas en manos de la delincuencia
Se controlará circulación de armas y municiones, se mejorará su trazabilidad y reforzarán controles en fronteras y circuitos de distribución. El ministro se refirió a la revisión de penas para porte ilegal y tráfico interno e internacional de armas, la regulación del mercado de municiones y las armas de aire comprimido, y el acceso compartido a los registros de armas con el Ministerio de Defensa Nacional.
Enfrentamiento a narcotráfico y economías criminales
El objetivo es desarticular redes, perseguir el dinero ilícito, reforzar los controles en fronteras y reducir el reclutamiento de adolescentes y jóvenes en territorios críticos.
El plan procurará ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en las fronteras y generar un Centro Comando Unificado de Seguridad en esas zonas. También se anunció que se perseguirá la ruta del dinero para desmantelar redes financieras de organizaciones criminales. En 2025, se registraron 47 operaciones de lavado de activos, frente a las seis de 2024.
Además, se incorporarán anillos inteligentes de control territorial en el área metropolitana y fronteras, con el fin de observar, prevenir y visualizar acciones delictivas.
Combate a los nuevos fraudes y delitos
El plan se orienta a prevenir e investigar delitos digitales y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, a través del trabajo conjunto. Se implementa la investigación sobre patrones delictivos, con utilización de inteligencia artificial y software para ubicar celulares.
Fortalecimiento del sistema de justicia y combate al crimen
La estrategia proyecta potenciar la coordinación institucional y las capacidades de investigación, así como promover el fortalecimiento del sistema penitenciario y la rehabilitación.
En este sentido, se descentralizará el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), se construirán dos cárceles para personas con perfil de alto riesgo criminal, se implementará un programa de reinserción laboral para personas privadas de libertad, se creará una fiscalía especializada en asuntos penitenciarios y se trabaja en un proyecto de acciones de justicia terapéutica
La prevención como primera línea de protección
Se prevé intervenir en territorios de mayor riesgo para reducir la violencia, así como promover la inserción educativa y laboral, y la reinserción social. Negro se refirió a la implementación del programa Más Barrio en el barrio Cerro de Montevideo; Las Piedras, en Canelones; Durazno; Rivera y Maldonado.
También se continuará operando en el desalojo de las personas que ocupan los espacios públicos y se controlarán incumplimientos e informalidad en motos. El operativo Ñandubay permitió incautar unos 10.000 vehículos, ejemplificó.
La Policía, actor clave
La estrategia procura fortalecer las capacidades policiales mediante formación especializada y continua, aumentar la cantidad de efectivos y optimizar el despliegue territorial, así como incorporar tecnologías.
En Educación Policial, se extenderán los cursos, se promoverá la formación continua y se creará el Instituto Universitario Policial.
También se creará una Unidad Operativa Policial Especializada para la seguridad de los espectáculos deportivos, se incorporarán comisarías móviles que permitan su rápida instalación y movilidad de acuerdo a las demandas y necesidades concretas, e ingresarán más de 2000 policías, entre plazas vacantes y cargos creados en la reciente Ley de Presupuesto Nacional n°20.446.
Resultados del primer año de gestión
En la conferencia, Negro repasó los resultados obtenidos en el primer año de gestión, cuando se tomaron medidas urgentes para resolver la situación en materia de seguridad.
El ministro destacó la reducción en la cantidad de homicidios; la disminución de a violencia de género, con un 18% menos de femicidios; la incautación de más de 3.000 armas de fuego, y la incautación de más de 9.000 toneladas de drogas. También recordó que se confiscaron 250 millones de dólares entre sustancias ilícitas, dinero y bienes, y se apresó a los dirigentes de las diferentes bandas que operaban en el país.
Los delitos contra la propiedad se redujeron en un 40%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2024 y 2025. Se redujeron en un 40% las estafas y un 37% los hurtos y rapiñas, dijo. El ministro subrayó que esa información corresponde a datos de delitos y no de denuncias.
Por último, afirmó que la actual administración se ha puesto del lado de los funcionarios policiales, incrementó los salarios, mejoró el equipamiento y trabaja en la educación.