CIDH llama a los Estados a garantizar el derecho a defender derechos de las personas trans
En los últimos años, la región ha registrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos de las personas trans y de género diverso. Diversos Estados han aprobado leyes de identidad de género basadas en el principio de autodeterminación, han promovido la participación política de personas trans y han desarrollado políticas orientadas a su inclusión social y económica. Asimismo, se han incorporado identidades no binarias en documentos oficiales, se han implementado protocolos institucionales con enfoque de género y diversidad, y se han adoptado medidas para prevenir, investigar y sancionar crímenes motivados por la transfobia.
Estos avances han sido posibles gracias al trabajo conjunto de los Estados y la sociedad civil, y especialmente al liderazgo de personas trans defensoras de derechos humanos. No obstante, la CIDH advierte que quienes impulsan la defensa de los derechos de las personas LGBTI continúan enfrentando riesgos específicos que obstaculizan su labor.
En particular, las personas defensoras trans suelen ser objeto de prejuicios vinculados tanto a su identidad o expresión de género como a las causas que promueven. Según información recabada por la CIDH, enfrentan campañas de desinformación, acoso en entornos digitales, hechos de violencia e incluso atentados contra sus vidas. De acuerdo con el Tercer Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos en las Américas, de las 33 personas defensoras LGBTI asesinadas entre 2021 y 2022, 24 eran mujeres trans.
La Comisión recuerda que la defensa de los derechos humanos implica el ejercicio de libertades fundamentales, como la libertad de expresión, reunión, asociación y participación en los asuntos públicos. Estos derechos están directamente vinculados a las obligaciones de los Estados de respetar, garantizar y adecuar su normativa interna conforme a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asegurando su ejercicio sin discriminación.
En este marco, la CIDH subraya que los Estados tienen la obligación de garantizar que las personas trans puedan defender derechos humanos sin enfrentar obstáculos, discriminación ni violencia. Asimismo, hace un llamado a reconocer el valor de su labor, adoptar políticas públicas que la faciliten, fortalecer los mecanismos de protección y promover campañas de sensibilización que fomenten el respeto a sus derechos.
Finalmente, la Comisión destaca que la visibilidad de las personas trans y de género diverso es clave para combatir prejuicios y construir sociedades más equitativas. En esa línea, reafirma su compromiso de continuar acompañando a los Estados y a la sociedad civil en la promoción y protección de estos derechos, incorporando enfoques diferenciados que contemplen la situación de quienes defienden derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está integrada por siete personas expertas independientes, elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y tiene como función promover la observancia de los derechos humanos en la región, actuando además como órgano consultivo en la materia.