Salud mental y derechos humanos: el compromiso del Estado uruguayo
Información Pública
La Ley de Salud Mental Nº 19.529 garantiza el derecho a la protección de la salud mental para todos los habitantes del país, con un enfoque de derechos humanos, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Actualmente, la salud mental en Uruguay constituye una verdadera emergencia nacional. El aumento sostenido del sufrimiento psíquico y emocional —acentuado por la pandemia— ha convertido esta problemática en una prioridad de Estado. En este sentido, la temática se ha integrado a las medidas prioritarias establecidas por el actual gobierno.
Este diagnóstico se ve reflejado en los resultados de la encuesta realizada por la empresa CIFRA para el Ministerio de Salud Pública, presentados el día 10 de setiembre de 2025, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. Dicho estudio evidenció que el 24% de la población se ubica en el máximo del índice de soledad, el 29% muestra una baja autopercepción de bienestar, 13% de los encuestados expresa que tiene algún problema vinculado a la salud mental, mientras otro 13% dice que no tiene, pero que otro miembro de su hogar sí. Además, es relevante el dato respecto a la información sobre salud mental que evidencia que la misma es poca, y obtenida a través de medios de comunicación, tradicionales y nuevos. Estos datos confirman la magnitud y urgencia de fortalecer el sistema de salud mental desde un enfoque integral, comunitario y basado en derechos. Es imprescindible adoptar un enfoque de salud mental basado en derechos humanos.
Esto implica avanzar hacia un modelo comunitario, interinstitucional e intersectorial, centrado en la persona, que garantice atención integral y acompañamiento adecuado para una vida digna.
Por primera vez, en la Secretaría de Derechos Humanos se ha priorizado el abordaje de la salud mental, en sintonía con las prioridades definidas por el gobierno nacional. En este marco, se están promoviendo espacios de diálogo y articulación con distintos ministerios y organismos del Estado, orientados a generar acciones concretas y sostenidas, siempre desde una perspectiva de derechos.
El contexto actual nos interpela con fuerza. Los cambios que se necesitan son profundos, y avanzar en la reforma de la salud mental, tal como lo establece la Ley Nº 19.529, requiere el compromiso y la voluntad de todos los actores involucrados. En este marco, y con el objetivo de construir un camino común de trabajo, es fundamental jerarquizar la interinstitucionalidad y la intersectorialidad, generando espacios de diálogo y construcción colectiva que permitan pensar respuestas reales, con las personas siempre en el centro y garantizando sus derechos.
La Secretaría a través de su Área de Salud Mental ha definido una serie de líneas estratégicas que promueven un modelo de salud mental basado en derechos humanos, con enfoque interseccional, territorial, participativo y comunitario, conforme a lo establecido en la Ley Nº 19.529 y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo.
Objetivos prioritarios para este período
- Monitoreo y seguimiento de la aplicación y reglamentación de la Ley Nº 19.529 de Salud Mental, promulgada el 24 de agosto de 2017.
- Promoción de la participación de la sociedad civil, mediante la creación de espacios de diálogo y articulación interinstitucional e intersectorial.
- Articulación con el Poder Ejecutivo, en particular con el Ministerio de Salud Pública (MSP) como órgano rector de la política de salud mental, y con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en su rol de articulador de las políticas sociales del Estado.
- Participación activa en la Comisión Intersectorial y la Comisión Asesora en Salud Mental (artículo 11 de la Ley Nº 19.529 y Decreto 331/2019).
- Integración al Consejo Nacional de Políticas Sociales.
- Vínculo con el Parlamento Nacional, especialmente a través de la Comisión Especial de la Asamblea General de Seguimiento de la Problemática de Salud Mental y de la Ley Nº 19.529.
- Coordinación con la Junta Nacional de Drogas, en el marco del artículo 5 de la Ley Nº 19.529.
- Trabajo conjunto con universidades, desarrollando estrategias de formación y capacitación que consoliden el nuevo paradigma en salud mental.
- Generación de espacios de diálogo con el Poder Judicial, reconociendo su papel clave en el campo de la salud mental (arts. 29, 32 y 35 de la Ley).
- Apoyo y promoción del proceso de desinstitucionalización, de acuerdo a los artículos 37 y 38 de la Ley.
Acciones concretas impulsadas
- Seguimiento de la implementación efectiva de la Ley Nº 19.529.
- Coordinación y diálogo permanente con el Ministerio de Salud Pública como organismo rector de las políticas en salud mental, otros organismos con competencia en la materia y ASSE.
- Participación activa en el Consejo Nacional de Políticas Sociales.
- Seguimiento y colaboración en la creación y ejecución del cronograma de implementación de los artículos 37 y 38 de la Ley.
- Articulación con la Junta Nacional de Drogas.
- Cooperación con la Universidad de la República para la formación de profesionales en el nuevo modelo de atención.
Participación de Sociedad Civil
Durante este año se realizaron actividades como el Encuentro con sociedad civil por salud mental: hacia la construcción participativa de una agenda común de trabajo, reconociendo el papel fundamental que esta ha desempeñado manteniendo de forma denodada la temática en la agenda pública-política. La sociedad civil es protagonista clave en el proceso de transformación de la salud mental en Uruguay, y por ello, esta Secretaría asume el compromiso de garantizar su participación activa e incidir en la construcción de políticas públicas, tal como lo establece la Ley N.º 19.529