Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Texto tomado de https://udelar.edu.uy/

La actividad, cuya apertura estuvo a cargo de Juan Faroppa, presidente de la INDDHH, contó con diez panelistas especializados en la temática. Graciela Dede, asesora de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Regional Sur, fue la moderadora del evento.

«Garantizar la libertad y la dignidad de las personas»

Faroppa resaltó que «para la INDDHH, una institución bastante nueva en el ordenamiento jurídico nacional, ha sido, es y seguirá siendo un objetivo fundamental el trabajo coordinado de la institucionalidad del Estado, para cumplir con las garantías del goce efectivo de los derechos humanos de todos los habitantes de la República». Añadió que el desarrollo de los derechos humanos a lo largo de la historia de la humanidad, tiene un vínculo indisoluble y permanente con la evolución de la institucionalidad democrática y la vigencia del Estado de derecho, lo que implica reconocer la importancia de las instituciones de control democrático. «Los derechos humanos como construcción histórica se vinculan claramente con la construcción de límites en el ejercicio abusivo o arbitrario del poder, fundamentalmente teniendo en cuenta la necesidad de esos límites para garantizar la libertad y la dignidad de las personas en toda su extensión», afirmó. Entiende que por este motivo las instituciones que se ocupan del contralor, han adquirido una gran relevancia, especialmente desde la década de los 90, cuando aparece por ejemplo la figura del defensor del pueblo. 

El primer panelista fue Xavier Mena, representante adjunto de la Oficina de la ACNUDH, Regional Sur, quien participó de la instancia a través de la plataforma Zoom. «La Institución Nacional de Derechos Humanos desempeña una función esencial en la protección, promoción y en el seguimiento de la aplicación eficaz de la normativa nacional e internacional de los derechos humanos en Uruguay», expresó. De acuerdo con los principios de París, que la agenda general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) incorporó en 1993, la INDDHH actúa con base en los principios de autonomía y de independencia, aclaró; con esto contribuye en forma decisiva a consolidar los sistemas democráticos, sus valores, reglas y prácticas y a fortalecer las instituciones del Estado, lo que fue reconocido recientemente por la ONU a través de un comunicado público. Resaltó además las tareas de la Institución de contribución al fomento de la eficacia del Poder Legislativo y de las organizaciones de la sociedad civil, «en general fomenta una sociedad basada en el respeto de los Derechos Humanos», afirmó.  

La siguiente expositora fue Carmen Midaglia, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar. «No hay derechos humanos si no hay sistema democrático», afirmó al comenzar su exposición. Midaglia señaló que durante los siglos XIX y XX se dio un proceso histórico caracterizado por la expansión de las libertades, y este proceso tuvo rupturas marcadas fundamentalmente por gobiernos militares, en particular el de 1973, que no sólo eliminó los derechos políticos sino también los civiles.

La decana sostuvo que una forma de valorar el índice de libertad en Uruguay es analizar la consideración de la opinión pública en el país, sobre las instituciones básicas que garantizan los derechos de los habitantes. Identificó algunos desafíos que se le presentan a la sociedad en este sentido, como aumentar la valoración ciudadana del funcionamiento de la Justicia, de instituciones políticas fundamentales como el Parlamento y los Partidos, detener el proceso de fragmentación social y consolidar y fortalecer la nueva institución especializada en derechos humanos «como un eje complementario y garantista de la dinámica democrática moderna». Concluyó que «en un contexto de democracias estables las instituciones especializadas de derechos humanos se ubican como complementarias a las clásicas, el poder judicial y el sistema político, y en una dinámica democrática compleja, con una agenda variada de temas y demandas ciudadanas, tienen el objetivo de mejorar la calidad democrática, promover la mejor protección de los derechos humanos en la esfera nacional».

Roles fundamentales

Ruben Correa Freitas, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Udelar, destacó el papel fundamental de la Udelar en la redacción de instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente el que cumplieron algunos de los académicos de la institución como el profesor de la Facultad de Derecho Justino Jiménez de Aréchaga, «el más grande catedrático de derecho constitucional que hubo en nuestro país de 1938 a 1957», afirmó. En este sentido recordó que Jiménez de Aréchaga integraba la delegación uruguaya que concurrió a la discusión de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, y allí intervino activamente en la elaboración del documento. Correa señaló que otra de las convenciones internacionales en cuya creación participaron docentes de la Udelar, fue la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica aprobado el 22 de noviembre de 1969. «Esa convención de derechos humanos fue redactada originalmente acá, en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República», apuntó. Para esto se reunió en ese momento un selecto grupo de profesores de la Facultad, de derecho internacional público, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho civil y derecho privado, donde hoy es el salón 26 de la Facultad, recordó. 

Correa entiende que es muy importante el papel que cumple la INDDHH en su cometido de dar recomendaciones a los organismos del Estado y recordó que la figura del defensor del pueblo, responsable de las funciones de contralor que no ejercen otras instituciones, fue incluida por primera vez en la constitución de Suecia de 1809. Sostuvo que este rol se originó para cubrir la insatisfacción de la ciudadanía frente a los métodos tradicionales de contralor «que son lentos, pesados y burocráticos». Aclaró que la defensoría del pueblo no sustituye a los organismos tradicionales, poderes e instituciones públicas sino que contribuye a que estas puedan tomar las decisiones correspondientes para la defensa de los derechos humanos.

La profesora Mariella Saettone, directora de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Udelar resaltó que la INDDHH «se crea para ofrecer mayores garantías a todas las personas humanas en el goce de sus derechos en relación con tres aspectos: las leyes, las prácticas administrativas y las políticas públicas». Entiende que en todas estas instancias la institución tiene muy amplios poderes jurídicos, mucho más amplios que los de todas las instituciones nacionales, para realizar recomendaciones, informes e inclusive iniciar acciones judiciales. Además, normas recientes le han venido asignando más cometidos como el rol de la institución de defender a las personas con trastornos mentales que se encuentran hospitalizadas,  establecido en la Ley 19529. Señaló que existen cuatro aspectos a tener en cuenta para evaluar si una INDDHH está consolidada: que la ciudadanía conozca, reconozca e integre el organismo a la cultura jurídica del país, que esté totalmente informada de las recomendaciones que dicta la institución, para lo cual es imprescindible que se dé una tercera condición, que los medios colaboren con la difusión de su actuación. El cuarto aspecto es que se dé una interacción de la institución en todo el territorio nacional, lo que implica que no puede ser conocida solo en las capitales departamentales. La docente entiende que esto permite el acceso real de toda la ciudadanía a la institución y reconoció que suplir estas necesidades implica que esta cuente con recursos: «ese es un compromiso que todo el sistema político debería abordar de forma que trascienda todos los eventuales períodos de gobierno, porque se trata de construir a mediano y largo plazo», afirmó, «cuando se crea una institución el propio sistema político debe darle viabilidad». 

Por su parte el director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Udelar, Daoíz Uriarte, sostuvo que un factor muy importante para que un Estado brinde garantías a sus habitantes es el desarrollo de políticas públicas con base en derechos humanos. «¿Cómo nos garantizamos que el poder legislador y administrativo, desarrollen esas políticas con base y con perspectiva en derechos humanos?», se preguntó. Entiende que la forma de lograr esto es que haya una institución que asesore al Estado no sólo en los derechos establecidos sino también en su evolución. Plantea que en el ámbito de derechos humanos no basta una Constitución que los establezca, sino que son fundamentales las convenciones internacionales y el organismo responsable del control de que se cumpla esta convencionalidad es la INDDHH. 

Algunas de las acciones que entiende deben cumplir estas instituciones de contralor son: brindar a la población un acceso inmediato sobre el tema derechos humanos ante eventuales violaciones de los mismos e impulsar acuerdos consensuados entre las partes en estas situaciones. De no llegar a ellos, la institución puede recurrir a la Justicia si la gravedad de la situación así lo amerita y de no solucionarse por esta vía, puede dar lineamientos acerca de lo que debe cambiar la administración o la legislación para adaptarse a la normativa internacional en materia de derechos humanos, explicó. Asimismo la INDDHH debe relacionarse y representar al país a nivel internacional, señaló, para la defensa de los derechos humanos en un mundo globalizado, esto es fundamental. Consideró que otro papel muy importante de la Institución es educar en materia de derechos humanos en todos los niveles de la sociedad. 

Importancia de la autonomía

Paula Garat, docente investigadora en la Cátedra de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Uruguay, otra de las expositoras del encuentro, resaltó que la INDDHH tiene por ley el cometido clave de proteger a las personas, en especial del abuso de poder del Estado, de la administración pública. Enfatizó la importancia de la autonomía otorgada por ley a esta institución y de la labor que puede realizar. En ese sentido destacó que puede recomendar en forma general o particular, dar publicidad a los incumplimientos y recurrir al Poder Judicial para solicitar medidas cautelares para iniciar acciones de amparo. Entiende que a nivel internacional estas instituciones enfrentan algunos desafíos, entre ellos que la sociedad y las autoridades las reconozcan como instituciones claves en materia de defensa de derechos humanos y que «se las conciba como apolíticas, que defienden derechos sin importar la ideología y cuál sea el gobierno de turno», expresó.  

Gina Benavídes, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y ex Defensora del Pueblo, de Ecuador, resaltó que se ha dado un gran avance en los últimos treinta años en Latinoamérica en materia de derechos humanos. Esta evolución se refleja en el auge de las INDDHH que existen en muchos de los países, en la existencia de un marco normativo internacional como los principios de París, que han sido adoptados por la mayoría de los Estados y que funcionan como guía para el proceder de las INDDHH. Esto permite que las instituciones de derechos humanos puedan cumplir las dos grandes funciones para las que fueron creadas: proteger y promover estos derechos y controlar al Estado en materia de derechos humanos. 

La docente entiende que es clave que el Estado reconozca que el ejercicio del poder puede llevarlo a extralimitarse más allá de su rol de administración y que necesita un mecanismo de control para que esto no suceda. Este rol de las instituciones de derechos humanos hace que los derechos tengan sentido y los conecta con las obligaciones estatales, explicó. Hay tres condiciones que deberían cumplirse plena y realmente en estas instituciones para que puedan llevar a cabo la labor de contralor: la independencia, la autonomía y el pluralismo;  «la institución no puede estar vinculada a un gobierno o partido político pero tiene que ser política, porque defender los derechos humanos es una posición política, una actitud de vida y una actitud de servicio concreto a la población», aclaró. En su opinión la autonomía es la clave de la función de contralor real que pueden tener estas instituciones, «no puede cumplirse efectivamente este rol de contralor si la autonomía administrativa y financiera está limitada». Sostuvo que hay que continuar trabajando mucho en Latinoamérica para que no suceda que a través del presupuesto se condicione a las instituciones. 

El expositor que cerró el evento fue Gerardo Caetano, historiador, docente e investigador de la Udelar. Consideró que los diez años de la INDDHH «tienen lugar en un contexto nacional e internacional especial». Agregó que la pandemia nos ha generado muchísimos desafíos especialmente en materia de derechos humanos y en el reconocimiento de estos como parte de un concepto que avanza. 

Asimismo destacó que se están presenciando en estos años ataques a la justicia, a las instituciones y a las personas que defienden los derechos humanos. En ese sentido valoró la actividad como «una reafirmación y un respaldo público a la perspectiva de la consolidación de esta institución como una clave sustantiva para la profundización de la democracia uruguaya».

FUENTE: https://udelar.edu.uy/