En el Día Internacional de los Trabajadores
Derechos laborales en Uruguay
La INDDHH, en el marco de sus competencias de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, destaca que nuestro país ha experimentado importantes avances en lo que respecta a derechos laborales. Entre otros pueden citarse: los consejos de salarios, la regularización del trabajo doméstico, la jornada a ocho horas de trabajo en el sector rural y su paulatina regularización, y ley de responsabilidad penal empresarial ante accidentes laborales.
Sin embargo, aún persisten situaciones de discriminación, acoso y persecución en los ámbitos laborales, diferencias salariales entre hombres y mujeres por igual trabajo, y otras inequidades que hacen que tengamos que estar atentos frente a las violaciones a los derechos laborales.
Este año y particularmente en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional en Uruguay, recordamos ámbitos que generan preocupación y donde aún persisten situaciones de vulneración y/o discriminación:
a) la informalidad en el empleo, lo cual repercute en las contraprestaciones de salud (Fonasa) y partidas por seguro de paro y/o certificación médica, que en el caso de no tener un empleo formal no se perciben,
b) la precarización laboral, con escasa posibilidad de teletrabajo en el contexto actual y asociada a malas condiciones laborales, empleos con serias dificultades para el acuerdo de protocolos de salud laboral entre trabajadores y empleadores,
c) la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, tanto en el sector público como privado,
d) en el contexto del coronavirus el empleo o aislamiento en el hogar trae también el aumento de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, y a las mujeres en particular.
Ante la emergencia sanitaria
La INDDHH promueve los acuerdos laborales entre empleadores y trabajadores de manera de preservar la salud de todas y todos los ciudadanos, y coincide con la opinión general en cuanto a que el reintegro de los trabajadores y trabajadoras a la actividad debería ir acompañado de protocolos de salud laboral.
Estos protocolos deben ser elaborados en el marco de la resolución del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CONASSAT) de fecha 19 de marzo de 2020, a partir de la negociación bipartita entre empleadores y gremios (decreto 291/007), y respetando las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, como por ejemplo la provisión de materiales de higiene necesarios (mascarillas, alcohol en gel, guantes, jabón, etc).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un mensaje el 7 de abril de 2020 destaca cuatro respuestas políticas que deben contemplar los gobiernos como pilares: [1]
- Estimular la economía y el empleo.
- Apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos.
- Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo.
- Buscar soluciones mediante el diálogo social.
Dice textualmente la OIT:
“Prestar apoyo inmediato a los sectores y grupos de población más afectados, en particular a las empresas y los trabajadores de la economía informal. En los países con alto nivel de informalidad, se necesitan medidas específicas, entre otras cosas, transferencias en efectivo que ayuden a los más afectados por el confinamiento y por la reconversión de la producción, y que proporcionen empleo alternativo (por ejemplo, en la fabricación de equipos de protección personal)”.