Profesionales de la salud mental analizarán la situación de derechos de niñas, niños y adolescentes junto a la INDDHH
Por la INDDHH presentarán el informe las Licenciadas en Trabajo Social María José Doyenart y Soledad Pérez, tras lo cual comentará el Profesor Victor Giorgi, Director del IIN-OEA.
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Entre los hallazgos más relevantes, presentados el pasado 21 de abril, se constataron:
- Situaciones de descuido emocional, trato humillante y amenazante y malos tratos físicos.
- Un trato distante y descuido emocional por parte del personal a cargo de la atención directa hacia las niñas, niños y adolescentes en más de la mitad de los centros (58%, siete).
- Tratos humillantes y amenazantes, por parte del personal en casi en la mitad de los centros (42%, cinco).
- La utilización inapropiada de medidas de contención (psico-emocionales, farmacológicas y/o mecánicas). En algunos centros se constató que estas medidas eran utilizadas como forma de castigo.
- 1 de cada 5 adolescentes ha permanecido más de 3 años en un centro de salud mental, cuando la normativa indica que no se debería superar los 18 meses.
- El 40 % de las niñas, niños y adolescentes que residen en clínicas de atención para episodios agudos permanecen allí aunque poseen el alta médica.
Principales conclusiones de la investigación
Hoy en día las estrategias de atención a estas niñas, niños y adolescentes se centran en prácticas donde prevalece el encierro por períodos prolongados, lo que se oponen a las intenciones y esfuerzos realizados en dirección al abordaje comunitario y la desinstitucionalización. La lógica del encierro y el exceso de control habilita prácticas violentas y el uso de medidas de castigo.
Cuando la situación de encierro involucra a niñas, niños y adolescentes privados del cuidado familiar, con padecimiento psíquico y/o discapacidad, se agravan los riesgos de sufrir abuso, violencias y malos tratos. Garantizar la protección de sus derechos es el objetivo del monitoreo externo e independiente.
Resulta crucial comenzar a abordar la salud mental desde una perspectiva de derechos que incluya apoyos y tratamientos con un perfil socioeducativo y no solo centrado en el enfoque biomédico. Las vulneraciones en los derechos de las niñas, niños y adolescentes detectadas en el informe ponen en evidencia esta necesidad.