La Unidad de Migrantes de la INDDHH presente en la Cumbre Iberoamericana de Movilidad Humana y Derechos Humanos
La FIO es una agrupación internacional constituida en Cartagena de Indias, Colombia, en el año 1995, que reúne a más de 100 defensoras y defensores del pueblo, procuradores, proveedores, presidentes de comisiones nacionales o estatales de derechos humanos de 22 países iberoamericanos. Su fin es ser “un foro de discusión para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsperson en las regiones geográficas de su jurisdicción”.
El objetivo de esta instancia fue el de articular nuevas experiencias e información sobre las dificultades y contribuciones de los procesos de movilidad humana y las situaciones de desplazamiento forzado en los países de Iberoamérica que componen la FIO, para generar aportes significativos a los gobiernos nacionales y locales en el diseño, gestión de políticas, programas de protección y prevención, en las estrategias y acciones relacionadas con los derechos de las personas en movilidad humana, principalmente en situación de vulnerabilidad.
Se desarrollaron dos mesas redondas, la INDDHH participó en la que se centró en “Retos, desafíos y respuestas de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías y otras instancias de Defensa de Derechos Humanos, ante los nuevos contextos de movilidad humana en la región” y realizó una presentación sobre el régimen de protección a personas apátridas, tema en el que la Unidad de Migrantes viene trabajando desde su creación.
Fue una instancia muy enriquecedora y se realizó un pronunciamiento que reconoce la necesidad de crear alianzas para ejecutar acciones que permitan erradicar estigmas contra las personas en movilidad y con necesidad de protección internacional. Así, en su parte resolutiva el pronunciamiento del encuentro exhorta a los Estados, en todos sus niveles a:
- Favorecer la coordinación, articulación y diseño de herramientas que favorezcan el pleno ejercicio de derechos de la población en movilidad humana y necesidad de protección internacional.
- Asegurar el acceso a procesos justos y efectivos para el reconocimiento de la condición de personas refugiadas y apátridas, incorporando el enfoque de derechos humanos y enfoques diferenciados de protección, a partir de la adopción de una perspectiva de interseccionalidad.
- Garantizar el derecho a la vida, la dignidad humana, el interés superior del niño, niña y adolescente, el acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo, entre otros.
- Garantizar el principio de no devolución, eliminando prácticas que limiten el acceso al territorio de los Estados para solicitar protección internacional o la implementación de procesos acelerados de expulsión o rechazo en frontera.
- Reconocer que existe una crisis de movilidad humana sin precedentes en la región y que los desplazamientos forzados constituyen una violación sistemática de los derechos humanos.
- Flexibilizar los requisitos de ingreso a los respectivos territorios, tomando en cuenta el enfoque diferenciado e interseccional de personas en movilidad.
- Fortalecer a las instancias estatales de atención y protección a niñas, niños y adolescentes y mujeres en procesos de movilidad humana en situación de violencia, para que estos brinden la debida atención, sin la exigencia de requisito alguno, como la cédula de identidad, pasaporte o regularidad migratoria.
- Proporcionar acceso a la asistencia humanitaria, así como políticas tendientes a fomentar la inclusión social de estos grupos.
- Contemplar la excepcionalidad de la detención según los estándares internacionales e interamericanos, y garantizar de la manera más amplia posible el otorgamiento de documentación que facilite el tránsito de las personas en movilidad.
- Generar procesos administrativos simplificados y desburocratizados, que garanticen la reunificación familiar.