Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

CONAFPU es una de las organizaciones habilitadas en el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (RENAOH): “Estamos muy entusiasmados porque esto permite darle mayor fluidez al ciclo productivo de los doce productores que están en la cooperativa. El promedio de cría de estos doce productores es de 10 mil pollos por lote”, dice Daniel Pereyra, vocero de CONAFPU.

Explica que con el Ministerio del Interior tienen un convenio con el que se entregan alrededor de 60 mil kilos mensuales, lo que significa poco menos del 50% de la capacidad de estos productores. Al sumar el Ejército, “permite aumentar la cantidad de crianza que los productores pueden hacer en el año”.

CONAFPU ya se había presentado a otras licitaciones y ya le había vendido al Ministerio de Defensa a través de la Ley 19.292. Según él, “ha habido un efecto beneficioso para el organismo, que es el ‘efecto 19.292’, porque es la ley que nos facilita la presentación. Lo que se ha visto es una caída del precio de lo que pagaba históricamente el Ministerio de Defensa por el precio del pollo, a lo que está pagando ahora desde que se presentó CONAFPU. Esto también pasó con las hortalizas”, afirma Pereyra. CONAFPU realizó un estudio sobre el tema.

Aspectos positivos

“Ha mejorado el ánimo de esos productores. El trabajar juntos, el espíritu de cooperativismo, el acompañarse... ha sido muy útil y se ven los resultados. Los resultados productivos de estos productores que de alguna manera fueron descartados de la industria en su momento, hoy son muy buenos y tiene que ver con ese acompañamiento y seguimiento y esa capacitación permanente cruzada que hay entre ellos, que hace que el sistema sea distinto al que tienen las industrias con sus integrados, donde el sistema es más individualista”, sostiene Pereyra. “En este caso, a los productores les interesa su producción, lógicamente, pero a su vez también les interesa que a los demás compañeros les vaya bien, porque si les va bien, le va bien a la cooperativa, y si le va bien a la cooperativa, se aseguran la continuidad en el trabajo”, dice.

“La ley de compras públicas ha traído un beneficio importantísimo para los organismos que compran (...) en promedio, a los organismos les sale más barato. La ley hace viable estos procesos asociativos de productores de pequeña escala para que puedan seguir en el medio y trabajando eficientemente”, dice Pereyra. “Para nosotros es fabulosa la herramienta de la ley; hay cosas que mejorar, pero es fabulosa”, sostiene.

Por otra parte, Pereyra cuenta que a partir de que CONAFPU se empieza a presentar, con ese tope que le marca la ley, no se le han adjudicado todas las licitaciones “porque hay quienes se presentan tres o cuatro pesos por debajo”. Por este motivo, la cooperativa solicitó una intervención a la DGDR, para que intercediera ante Defensa para que cumpliera con la ley...  Ahora, según explica Pereyra, salió una licitación en la que estaban unos seis pesos más arriba y así y todo se les adjudicó, dando cumplimiento a la ley”.

Aspectos a mejorar

En cuanto a los obstáculos que ven las organizaciones, y que son aspectos que se podrían trabajar para facilitar su participación en las licitaciones públicas, Pereyra destaca “tener pliegos de licitación estandarizados”, ya que se han encontrado con pliegos “muy complicados”. Otro tema es en referencia a la especificación de los productos, y pone el ejemplo del caso de algunas organizaciones hortícolas a las que en el pliego de la licitación les han pedido cebolla, zanahoria, zapallo y banana, y como condición se excluye a quienes no presenten todos los rubros, obligando, según Pereyra, a una organización “a cotizar banana cuando no la produce”.

En el caso de la ley 19.292, la ley prevé que el precio de referencia es un precio ajustado al mercado. Según Pereyra, se pueden presentar “con un precio de mercado hoy, cuando de repente las entregas son para dentro de seis meses... cuando en seis meses puede variar muchísimo el precio”. Desde CONAFPU entienden que habría que adaptar los pliegos para que tengan ajustes mensuales, tanto a la suba como a la baja.

Por otra parte, el vocero de CONAFPU sostiene que los pliegos de Defensa son “bastante complicados”. “Desde DGDR junto con ARCE están trabajando en mejorar los pliegos”, explica. Pone un ejemplo de las hortícolas en el que les exige a los productores a presentarse con un packing habilitado por bomberos, cuando la realidad indica que muchos de esos productores van con sus productos directamente de la chacra al cuartel: “Exigirles un packing habilitado a ese tipo de productor es dejarlo afuera, porque es imposible que un productor de zapallo, de boniato o de cebolla vaya a contratar un paking para hacer algo que hace con la familia en la casa, que es acondicionar la carga que luego manda en el camión”. “Ahí nosotros creemos que es un papel importante el que juegan la DGDR y la Agencia de Compras, para que se asegure la posibilidad de que se presenten las organizaciones”, dice Pereyra.

Le Ley fija el precio del Observatorio Granjero, más el 40%. Ese precio contempla todo lo que es la logística, el financiamiento... Y pone como ejemplo que a veces, cuando una organización gana una licitación, va a lugares donde baja medio camión, pero a veces tiene que hacer 200 kilómetros para llevar el producto a una unidad en Artigas, donde va a dejar tres cajones de cebolla o menos: en ese caso se pierde dinero, “pero se prorratea con todo lo otro”, explica. “Eso que la ley 19.292 y su decreto reglamentario calcularon en un 40%, cubre y hace un comercio muy justo, tanto para la organización como para el organismo que compra”, dice Pereyra.

“El pollo es un negocio de escala, que se basa en la realidad del mercado, donde se venden muchos kilos y deja un pequeño margen por kilo, y por eso la compra pública que ha asegurado este precio del 40% donde ya está estipulada una pequeña ganancia, ha sido fundamental para desarrollar esta herramienta”, dice Pereyra.

“Más allá que asegura un precio ajustado, también asegura calidad: al no tener que ir el producto pasando de una mano a otra, va un producto de buena calidad y fresco, porque va directamente desde el productor a la unidad a la que se vende”, dice Pereyra.

La cooperativa

CONAFPU es una cooperativa de productores façoneros que surge de la Asociación de Façoneros de Pollos. Esta asociación la impulsa en el año 2013 como solución para atender a los productores façoneros de pollo de pequeña escala que se iban quedando sin trabajo producto de la concentración de la producción. Los productores pequeños, frente a una mayor oferta de metro, dejaron de ser contratados por la industria, que priorizó contratar a productores más grandes. Frente a esa realidad, surgió la idea de formar una cooperativa asegurando algunos nichos de mercado a los productores: específicamente las compras públicas.

Actualmente hay 12 productores en el ciclo productivo de la cooperativa, más otros productores que no remiten por distintos motivos, pero que impulsan esta herramienta, ayudando en las gestiones.

La ley

La Ley 19.292 establece un mecanismo de reserva mínima de mercado del 30% para las compras centralizadas y del 100% de las compras descentralizadas de bienes alimenticios provenientes de las Organizaciones Habilitadas (OH), siempre que exista oferta de las mismas.

La participación en el sistema por parte de los productores es estrictamente en forma colectiva, a través de Organizaciones Habilitadas que estarán integradas por al menos cinco miembros y con un mínimo de 70% de productores familiares agropecuarios y o pescadores artesanales.

RENAOH

El Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas lo lleva adelante la DGDR-MGAP y tiene fundamentalmente dos objetivos: por un lado, realizar los controles necesarios para que los beneficiarios del sistema sean mayoritariamente los productores familiares, y por otro, vincular la oferta y la demanda, haciendo pública una serie de datos para que esta conexión se haga posible.

El sistema vincula la base de los registros de Productor Familiar y de Productor Familiar Pesquero con el RENAOH, de forma de controlar el cumplimiento de integración del 70% de estos productores.