Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Por Uruguay participan la coordinadora nacional alterna, Mercedes Antía (subdirectora de Desarrollo Rural del MGAP), el Ing. Agr. Fernando Sganga (MGAP) y el Ec. Fabián Mila (MGAP), quienes realizan una presentación sobre las políticas diferenciadas vinculadas a la seguridad y la protección social para la agricultura familiar.

La producción familiar en Uruguay

En Uruguay hay unas 25 mil unidades productivas vinculadas a la agricultura familiar que corresponden a 2 millones 250 mil hectáreas ocupadas y un promedio de superficie de 89 hectáreas vinculadas a la producción familiar (básicamente a la ganadería). Esto corresponde al 15% de la superficie y el 60% de los agricultores.

De acuerdo al último informe del Registro, se habla de 21.426 unidades productivas familiares, con 37.502 productores familiares y más de 55 mil personas vinculadas a los registros.

Sganga compartió las políticas públicas vinculadas a los registros, entre ellas las políticas de fomento y asistencia técnica (convocatorias de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, DGDR/MGAP), contención ante emergencia climática (Fondo Agropecuario de Emergencia); apoyo a la comercialización (Ley de compras públicas) y otras políticas de financiamiento a productores familiares, así como una serie de políticas tributarias diferenciadas hacia la AF, por ejemplo, la contribución inmobiliaria rural en la que los productores familiares propietarios de padrones rurales que no exploten más de 200 hectáreas CONEAT 100, exoneran las primeras 50 hectáreas. Hoy, cerca de 18 mil unidades productivas vinculadas a la AF son potenciales beneficiarias de este tributo.

Seguridad y protección social

Por su parte, el economista Fabián Mila se refirió la seguridad y protección social en Uruguay. Destacó que una de las principales políticas de aplicación hacia la agricultura familiar ha sido el beneficio del 50% del subsidio al aporte patronal de la seguridad social. Esta política está vigente desde el año 2009. Para acceder al beneficio hay que estar registrado. La política está dirigida a un estrato más vulnerable de los productores familiares, quienes no contratan mano de obra y tienen menos de 200 hectáreas. Y está basada en el principio de inclusión y políticas diferenciadas hacia la agricultura familiar. Es un subsidio de vinculación directa entre el Registro Productores Familiares que gestiona la DGDR/MGAP y el Banco de Previsión Social (BPS), mediante protocolos de intercambio de información y controles cruzados.

Según Mila, “con esto se busca la inclusión y la puesta en marcha de más políticas diferenciadas hacia la agricultura familiar, porque entendemos que son un conjunto de productores que necesitan de estas políticas”. Señaló además que “la herramienta funciona muy bien y se aplica sobre la población que queremos que se aplique”.

A lo largo de todos estos años se ha mantenido estable el número de empresas que aplican a este subsidio. Mila informó que en el primer cuatrimestre de 2021, 11.089 empresas familiares se vieron beneficiadas con un monto promedio aproximado de 130 dólares por cuatrimestre. Esto significa una renuncia fiscal estimada de 4,3 millones de dólares al año.

Fernando Sganga señaló que “esta política ha servido mucho para el desarrollo de los Registros de la Agricultura Familiar como herramienta para la aplicación de otras políticas diferencias”.

Por otra parte, dijo que “es fundamental que las políticas de protección y seguridad social estén diseñadas en forma diferencial hacia la Agricultura Familiar” y que los registros adquieren un rol preponderante, ya que permiten mayor regularización de la agricultura familiar, “transformándose en acciones fundamentales en la salida post pandemia”.