Productores familiares proyectan ampliar sus ventas, incluyendo al Estado como comprador, amparados en la Ley 19.292

Con el propósito de fortalecer a los productores rurales y pescadores artesanales en sus procesos organizativos, administrativos y comerciales, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la  Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral (MIDES/DINESIL) y el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), convocó al llamado “Somos Producción Familiar del Campo, Río y Mar”. La intención es que los productores y pescadores se preparen para poder vender sus productos al Estado, amparados en la ley 19.292 de "Producción Familiar Agropecuaria y Pesca Artesanal".

En total, fueron 24 los proyectos aprobados. El pasado 7 de junio, los productores integrantes de estos proyectos se encontraron en Montevideo en una jornada de capacitación, allí conversamos con algunos de ellos para conocer sus propuestas.

 

“Para nosotros es todo un desafío”

Rina Romero es productora de Rivera e integra la Asociación de Pequeños Productores Familiares (APFAM) que fue fundada en el 2007 y cuenta con alrededor de 60 productores familiares de diversos rubros: lecheros, horticultores, ganaderos y apicultores.

“Si bien los hortícolas hemos prosperado mucho incentivando más invernáculos con asistencia técnica, la lucha mayor es integrarnos a una venta en conjunto”, comenta la productora. A su vez reconoce que les juega en contra la problemática de frontera, con los precios baratos de Brasil. “En este proyecto intentamos hacer una producción a larga escala, no solamente zafral, como estábamos acostumbrados (en la época en que no había producción entraba la del otro lado) y la venta en conjunto con un precio que no va a tener competidores extranjeros”, señala la productora.

“Es una experiencia absolutamente nueva, que la estamos divulgando, porque incluso tenemos las cárceles, para las que hoy se trae producción del Sur, siendo que allí hay gente capacitada para producir”, dice Rina. Por otro lado, y como parte del proyecto presentado al llamado “Somos Producción Familiar del Campo, Río y Mar”, está la intención de APFAM de adquirir una cámara de frío para el mantenimiento del producto. “Para nosotros es todo un desafío llegar a una venta conjunta, una buena calidad del producto y una continuidad de producción”.

Además de las cárceles, en Rivera tienen posibilidades de venta al hospital y las escuelas rurales, que actualmente adquieren los productos en almacenes. “Estamos empezando y somos pocos porque algunos quedaron afuera porque están con el recelo de que es algo nuevo, que no saben si funcionará y por los plazos de pago… Son todas cosas que vamos a ir trabajando con el tiempo. Hoy somos diez y la idea es que después los otros diez o quince se integren también”. “Lo vemos como una oportunidad para organizarnos y para la proyección de los cultivos”, concluye Rina.

 

“Esto es una ayuda para el productor chico”

Danilo Gómez pertenece a la Sociedad de Fomento de Canelón Chico e integrante de la cooperativa en formación, CALPRODE. Si bien allí hay productores que son fruti-hortícolas, la mayoría son hortícolas. La cooperativa la conforman quince productores familiares. “La idea que tenemos es vender una parte de nuestra producción, un 20% para el Estado, y es una buena experiencia para trabajar en conjunto. Si bien algunos ya estamos trabajando con otros productores en forma asociada, ahora abarcamos un núcleo mayor. Nuestra idea es poder vender nuestros productos a un mejor precio y no mandar al Mercado Modelo con un intermediario. Darle mejor valor al producto”, dice Danilo.

Tienen pensado vender acelga, zapallito, morrón, papa, tomate, a través de un plan piloto pensado con el MIDES; otro nicho que piensan abordar son las cooperativas de vivienda, ofreciéndoles un buen precio, mercadería fresca y de producción integrada: “la idea es que sepan lo que están poniendo en la mesa”, sostiene Danilo.

El hecho de que exista la ley que reserva un 30% del mercado a la agricultura familiar para las compras estatales, según este productor, “es la oportunidad para vender un poco mejor el rubro que uno vende. Tener la seguridad de venta hoy en día. Porque si hoy plantás un invernadero de tomate y producís 3 mil kilos, vos no sabés qué precio vas a obtener por eso. Y si yo tengo de antemano un negocio, una licitación con el precio del mercado, a mí me da seguridad. (…) A veces hay productores que se encuentran con que cuando tienen la producción, no vale nada y no la pueden vender. Esto es una ayuda para el productor chico, pero tiene que estar organizado. Y no todos tienen la capacidad de organizarse, ese es otro tema que hay que pulir. Hay que ponerle cabeza, pienso, y no es fácil”. “Pienso que tenés que estar en forma para después organizarte en la plantación”, dice Danilo.

 

“Si no fuera con estos apoyos, no podríamos empezar un proyecto”

Alejandra Bento es productora de Tapia, Canelones. Representa un grupo de mujeres que está empezando a trabajar en un proyecto para la producción y comercialización de huevos. Son parte de la Sociedad de Fomento de Tapia. Se presentaron al llamado “Somos Producción Familiar del Campo, Río y Mar” con la intención de hacer criadero de gallinas. Son siete mujeres y ya encargaron las pollitas, de cuatro meses: “Después vamos a hacer una clasificación de huevos y le vamos a vender al Estado. La idea es llegar a fin de año pudiendo venderle al Estado”, dice Alejandra. En Paralelo, presentaron otro proyecto para la conformación de los criaderos. Piensan vender los huevos a los hospitales de la zona, las cárceles y Centros Caif. “Vamos a empezar vendiéndole a los Caif, que son pocos y pueden comprar poco, para empezar a sacar para los gastos. Pero la idea es llegar a fin de año, con la producción máxima para venderle a las cárceles”, agrega. En total van a tener unas 1.300 gallinas. Aún no definieron qué forma jurídica van a adoptar para las ventas. Su deseo es que se llegue a un acuerdo y que las sociedades de fomento puedan venderle al Estado. “Si llegado el momento no se puede, pensamos formar una cooperativa”, dice.

“Esto está muy bueno. Yo me inicié en el campo en el año 2009, en producción ganadera. Ahora me mudé para Tapia y empecé con las gallinas, pero fue todo con apoyo del Mides. Si no fuera con estos apoyos no podríamos empezar un proyecto”, concluye Alejandra.

 

“La ley ayuda a acceder a un nicho que hoy no existe”

Cecilia Laporta es asesora técnica de la Asociación de Pescadores Artesanales de Lagunas Costeras (APALCO), del departamento de Rocha. La organización está conformada por unas 16 familias que viven en la Laguna de Rocha y la Laguna Garzón. Se nuclearon en el año 2006 en torno a la asociación civil con el fin de promover la pesca artesanal y defender sus derechos. Estuvieron involucrados en el proceso de generación del área protegida y en los últimos años las mujeres generaron “La Cocina de la Barra”, iniciativa que surgió a través de los Proyectos de Fortalecimiento Institucional. Con esta propuesta, se le agrega valor a la pesca artesanal a través de la elaboración de platos típicos que se ofrecen a los turistas que visitan la zona. Se presentaron al Llamado “Somos Producción Familiar del Campo, Río y Mar” con la idea de vender pescado de la laguna a distintos organismos del Estado: el hospital, el batallón e incluso comedores de INDA, además con la intención de vender productos manufacturados como empanadas y croquetas de sirí y pescado. “La idea es hacer un relevamiento de las instituciones estatales que estarían interesadas en comprar pescado de la laguna (…) especies que como no se conocen, no se trabajan mucho a nivel de los comedores o del hospital. El lenguado es el mismo, el pejerrey es fácil de preparar y es sano. La idea es dar a conocer este tipo de especies y los productos derivados y poder introducirlas en las distintas administraciones del Estado”, dice Cecilia. “Con el proyecto lo que queremos es empezar el diálogo, ver si existe la posibilidad de que nuestro producto le pueda interesar a un organismo estatal y, por otro lado, mejorar las instalaciones donde se elabora”, agrega la técnica. Pretenden contar con un espacio habilitado que certifique la calidad del producto y además buscan que se valore el consumo de pescado fresco. Según Cecilia, para los pescadores, que exista la Ley “es una ayuda, porque hoy por hoy los pescadores artesanales son muy dependientes del intermediario (…) entonces no son fijadores de precios ni mucho menos”. “Esto va a venir a ayudar para que pueda agregársele un valor a la producción y generar un producto diferente”, agrega. “Por otro lado, al pescado fileteado, si se lo empaqueta, se le hace una buena presentación, se dan consejos de cocción, se espera poder venderlo mejor y de otra manera”. “Con este proyecto queremos analizar bien si somos capaces de satisfacer la demanda que hay o ver qué nichos de mercado vamos a captar. Pero la ley ayuda a acceder a un nicho que hoy no existe, o a acceder a un mejor producto y un mejor precio”, concluye Cecilia.

 

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