Cambio familiar como insumo para el ordenamiento territorial
En lo que va del presente siglo nuestro país ha transitado por una serie de importantes transformaciones.
Cambios a nivel productivo en diversas ramas de actividad, de la matriz energética y en su inserción internacional a través de la apertura de nuevos mercados.
Acompañando a estos cambios se han operado otros a nivel social y cultural que modifican la estructura de la sociedad y, por supuesto, del territorio sobre el que la misma se asienta.
Algunas de estas transformaciones son por demás evidentes sobre el territorio, como los ocurridos en la base productiva de la cadena agroindustrial con la consolidación de la soja, la madera y la pasta de celulosa como productos de exportación emergentes ubicados entre los primeros rubros, donde la carne vacuna, los lácteos y el arroz sigue manteniéndose desde mucho tiempo atrás.
Otras mutaciones discurren de maneras más sutiles. Casi en silencio. Disimuladas en el trajín habitual de nuestra vida cotidiana. Y aunque ocurren puertas adentro de nuestros propios hogares, terminan teniendo impactos de consideración en la configuración y el funcionamiento de las ciudades y las comunidades. Nos referimos a los cambios en la estructura de las familias y los vínculos que llevan a su conformación. A las bases sobre las que se erigen las relaciones de parejas. A su duración. Al comienzo de la fase reproductiva y a los roles y significaciones en la crianza de los hijos. Aspectos todos que se han ido modificando de forma tan veloz, que se dificulta su cabal comprensión y el impacto que los mismos pueden tener para la planificación urbana y el ordenamiento territorial.
Para aproximarnos a ellos desde una mirada técnica partimos del trabajo publicado recientemente: “Evolución reciente de las uniones consensuales entre los jóvenes del Uruguay” de las demógrafas Wanda Cabella y Mariana Fernández Soto (*).
Las especialistas muestran evidencias por demás elocuentes respecto a la magnitud de los cambios “[…]durante las últimas tres décadas, la formación de las uniones en Uruguay experimentó cambios radicales” […] “el aumento de las uniones consensuales es uno de los cambios centrales”.
El auge de la cohabitación tiene al Uruguay como uno de los países de América Latina donde el fenómeno ha avanzado con mayor rapidez y alcanzado niveles extraordinariamente altos en el total de la población.
Cabella y Fernández señalan que hasta los años ochenta, solo una escasa proporción de las parejas iniciaba su vida conyugal sin optar por el matrimonio legal, sin embargo en 2015, el 80% de los jóvenes entre 20 y 29 años que viven en pareja están en unión consensual.
“[…] En suma, en la primera década del siglo XXI, el patrón de formación de uniones entre los jóvenes estaba claramente liderado por la unión consensual, que pasó a ser la norma social, mientras que el matrimonio directo pasó a ocupar un lugar marginal.” afirman las autoras.
En línea con estos cambios radicales, señalan que las estadísticas vitales muestran que “[…]la gran mayoría, el 70% para el año 2010, de los nacimientos ya ocurrían fuera del matrimonio…” y agregan que, “[…] si bien no podemos estimar qué proporción de parejas se casa después, lo cierto es que existe una creciente proporción que cría a sus hijos en el marco de uniones de hecho […]”
Otro aspecto revelador de los cambios familiares es que, entre los inicios de la década de 1990 y la actualidad, la tasa de nupcialidad se redujo a la mitad y la unión libre se transformó en la principal forma de entrada en unión.
Según afirman las expertas los datos sugieren que “[..] posiblemente ya no se trate de un fenómeno vinculado a las primeras etapas de la vida conyugal, sino que es cada vez más importante el número de parejas que eligen permanecer en unión consensual”.
A su vez señalan que la duración de estos acuerdos es en promedio mucho más corta que los anteriores arreglos. Dentro de los casados, cuyo número disminuye, crecen los divorcios, y disminuye la tasa de fecundidad, conforme se atrasa el nacimiento del primer hijo. Incluso la baja en la cantidad de hijos por madre parece irse extendiendo al último bastión cuantitativo de la reproducción social, son los sectores de menores recursos.
La expansión de las uniones consensuales es un proceso cultural al que se incorporan todos los sectores sociales. A inicios de 1990, solo un grupo minoritario de las mujeres y los varones con menos educación formal estaba en unión consensual, aunque ese grupo era claramente más numeroso que el integrado por aquellos situados en el estrato medio o alto de educación.
Para 2015, la cohabitación es la forma más frecuente de convivencia conyugal en todos los grupos educativos, entre todos los segmentos de ingresos y entre los que son afrodescendientes y lo que no.
En definitiva, según las autoras “[…] el patrón que se observa sugiere que se ha consolidado una nueva forma de concebir la vida en pareja, cuyas consecuencias para las personas y las familias aún no son del todo conocidas […].”
En línea con estas afirmaciones, parece relevante para la comunidad de actores vinculados a la planificación territorial dar cuenta de esas dinámicas a la hora de pensar y diseñar políticas y pro-yectar escenarios para distintos usos del suelo, desde los urbanos habitacionales, espacios públicos, equipamientos ambientales e incluso para controlar sus impactos ambientales.
Los patrones de localización residencial y la forma en que se estructuran los hogares, a partir de los cambios arriba reseñados, son aspectos a tener en cuenta para analizar las nuevas pautas de ocupación del suelo. Y requiere de su observación sistemática a diferentes escalas. Desde los instrumentos que ordenan y categorizan suelo, hasta las normativas edilicias. Tanto sea para obra nueva, como para remodelación y reciclaje del stock existente, ya que todas son capaces de estimular o no la expansión de la mancha urbana, su densificación y la segmentación o integración socio territorial.
A este respecto se pueden establecer algunas líneas posibles de trabajo en relación al diseño de políticas urbano habitacionales, que guardan relación directa con los requisitos legales y las exigencias financieras a los diversos planes de acceso a la vivienda, como para acceder a créditos hipotecarios. Ya que en general los ingresos y los plazos de dichos créditos están pensados para arreglos más duraderos.
Desde el punto de vista financiero, tanto el acceso, como la permanencia, requieren en la mayoría de los casos de más de un ingreso. La intermitencia en las relaciones seguramente agregue complejidad a este respecto.
A nivel de tipologías constructivas, estos cambios familiares han incrementado la oferta y la demanda de unidades de 1 dormitorio y monoambientes. Y, si bien en primera instancia esta situación del mercado favorecería los objetivos de densificación y concentración en áreas servidas de ciudad, también es cierto que la proliferación del número de hogares, vía la reducción de la cantidad promedio de sus integrantes, supone algunos problemas de des/escala en varios aspectos. Uno de los más sensibles son los relativos a la movilidad. Ya que la atomización familiar en un contexto de crecimiento del uso del automóvil genera mayor presión sobre la trama vial, la circulación y la demanda de estacionamientos. Algo que ya no es novedad ni en Montevideo, ni en varios de los corredores y conectores principales de su área metropolitana.
Por último, las demógrafas ponen el foco en la adecuación de nuestros marcos normativos a estas nuevas realidades sociales y culturales. Recuerdan los cambios al Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004 que “contribuyeron a equiparar los derechos de los niños independientemente de la naturaleza de la unión […]” pero seguramente sean múltiples las aristas para analizar y las estrategias a implementar para atender esta nueva realidad en el seno de los hogares uruguayos y las nuevas y cambiantes formas de habitar y transitar el territorio.
(*) Evolución reciente de las uniones consensuales entre los jóvenes del Uruguay en: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Notas de Población, N° 105 (LC/PUB.2017/27-P), Santiago, 2017.