Oficina Nacional del Servicio Civil

El cierre institucional estuvo a cargo de Iliana Da Silva, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y de Federico Graña, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, quienes compartieron sus reflexiones sobre la responsabilidad del Estado en el abordaje de la salud mental y la importancia de incorporar esta perspectiva en las políticas públicas y en los propios organismos.

Durante su intervención, Iliana Da Silva destacó que la salud mental constituye una prioridad del Gobierno y subrayó su dimensión como derecho humano. En ese sentido, señaló que las respuestas institucionales no pueden limitarse a atender las situaciones de crisis, sino que deben incorporar la prevención, la sensibilización y la formación.

«No solo alcanza con responder cuando el dolor de ese compañero de trabajo al final del día estalla. Tenemos que prevenir y formar en escucha, en nuevas masculinidades que habiliten a pedir ayuda, formar en esa primera respuesta para que nadie quede solo frente a una crisis», expresó.

Además, remarcó la importancia de construir respuestas que contemplen las particularidades de cada territorio y de comprender la salud mental desde una perspectiva integral, que considere también las condiciones sociales, económicas, culturales y laborales. «La salud mental no se resuelve solamente desde una oficina en Montevideo. Necesita una respuesta en territorio», afirmó.

Por su parte, Federico Graña hizo referencia al proceso de implementación de la Ley de Salud Mental y a los desafíos del trabajo interinstitucional. En particular, planteó la necesidad de incorporar una reflexión sobre el propio Estado y las personas que trabajan en él.

En ese sentido, señaló que a la Comisión Intersectorial de Salud Mental que encabeza le falta profundizar en cómo pensar al Estado hacia adentro, junto con sus trabajadoras y trabajadores, como parte de las nuevas respuestas en materia de salud mental, no solo desde los prestadores de salud, sino también en el conjunto de la sociedad.

También destacó la importancia de quienes desempeñan roles de liderazgo y los desafíos que enfrentan para contribuir a generar ámbitos laborales saludables.

Al finalizar, Graña reafirmó la responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos humanos: «El Estado es uno solo y la normativa es una sola. Y en el respeto a los derechos humanos el Estado debe ser el garante».

Planteó el desafío de que las próximas jornadas permitan compartir más experiencias de los organismos: «Ojalá cuando nos veamos el año que viene tengamos más experiencia para contar. O quizás ya no sea solo un organismo que la cuente, sino varios».