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Manejar nuevas formas de administrar los gobiernos significa calificar sus capacidades estatales; por lo tanto y por definición, refiere a una cuestión de naturaleza política, pues los estados locales débiles en términos de su fortalecimiento institucional no disponen de los requisitos básicos para implementar buenas políticas públicas. Este eje, por lo tanto, no es meramente técnico, sino que resulta pertinente al rol del poder público de la gestión del espacio urbano. Esta situación debe ser considerada en un contexto donde los gobiernos locales, y en especial las ciudades, se han fortalecido en cuanto a su importancia política y se han convertido en agentes centrales para la satisfacción de las demandas sociales. En este sentido, las grandes ciudades enfrentan hoy día una paradoja: por un lado, la necesidad de producción de bienes y servicios en respuesta a las crecientes demandas sociales y la expansión de las presiones democratizadoras locales, y por el otro, unas capacidades presupuestarias y organizativas limitadas para hacer frente a dichas responsabilidades.