Análisis de la estructura etaria - Administración Central 2024
Documentos de trabajo
Un servicio público más envejecido puede, a su vez, ser visto como una oportunidad en la medida que permite planificar una reconfiguración de la plantilla más acorde a las necesidades del sector público en el momento (Pilichowski et al., 2007). En este sentido, conocer cuántas personas entran en edad de retiro durante cada período es importante porque permite replantear preguntas como cuántas de esas vacantes es deseable reponer, o cuántas es necesario transformar en cargos con nuevos perfiles.
El presente estudio se circunscribe a la Administración Central, esto es, Presidencia de la República y los 14 ministerios actualmente existentes. Dentro de ese grupo, considera únicamente los vínculos con calidad de funcionario público, excluyendo además los funcionarios militares y policiales (escalafones “K” y “L”, respectivamente). Es decir que abarca al 96,4% del total de vínculos laborales civiles en esos organismos al 31 de diciembre de 2024.
El promedio de edad de este grupo de funcionarios es de 47,8 años. 3,5 años menos que el promedio de 51,3 años que se verificaba en 2013 y levemente más alto que en 2019 (47,6).
Si se considera que la edad mínima que habilita el retiro para estos funcionarios es de 60 años (siempre que además hayan completado 30 años de trabajo reconocido por el sistema previsional), se advierte que un 19,4% estaba en edad de retirarse en diciembre de 2019 y en diciembre de 2024 este porcentaje es 18,5%.
En el contexto internacional, la edad de los funcionarios de la Administración Central de Uruguay resulta más alta que los países de América Latina y el Caribe, y también en relación con los países de la OCDE. Los mayores de 55 años representan el 30,7% en Uruguay, mientras el promedio de ALC es 21,09 y el de OCDE 25,86%.
Finalmente, el objetivo de este estudio es plantear algunos escenarios posibles en cuanto al porcentaje de funcionarios que podría pasar a retiro en los próximos cinco años. Hacia fines de 2029, el 6,7% de las personas que hoy son funcionarios públicos en la Administración Central debería retirarse por cumplir la edad máxima que determina el retiro obligatorio, actualmente fijada en 70 años.
Sin embargo, en 2023 la edad promedio de retiro fue de 64,3 años, algo mayor que en 2019 (63,9). Considerando la hipótesis de que el personal se retirará a los 64 años, entonces hacia fines de 2029, se habrá jubilado más de uno de cada cinco funcionarios públicos del Poder Ejecutivo (21,1%), un total de 3.702.
En otras palabras, de mantenerse las actuales condiciones, durante el actual período de gobierno la causal jubilatoria plantea la oportunidad de rediscutir el destino de un quinto de los cargos actualmente vigentes en el Poder Ejecutivo.