Oficina Nacional del Servicio Civil

Estudio de procesos disciplinarios en la Administración Pública uruguaya, 2019 - 2021

Documentos de trabajo

Esto se complementa con un marco disciplinario coherente y que sea aplicado sin distinción a todos los servidores públicos y empleados. En nuestro país la Ley N° 17.060 de 23 de diciembre de 1998 dicta normas referidas al uso indebido del Poder Público (“Corrupción”) y la ley N°19.823 de 25 se setiembre de 2019 declara de interés general el Código de Ética en la Función Pública, cuyo alcance es a los funcionarios públicos que se desempeñan en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y en general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las personas de derecho público no estatal.

Los sistemas profesionales de carrera se sustentan en normas que rigen el cumplimiento de los deberes funcionales y las conductas de los funcionarios, estableciendo asimismo garantías procedimentales para evitar arbitrariedad en la aplicación de las acciones disciplinarias. El procedimiento disciplinario es el conjunto de trámites y formalidades que debe observar la Administración en el ejercicio de sus poderes disciplinarios. El sumario administrativo es el procedimiento para determinar o comprobar la responsabilidad de los funcionarios imputados de la comisión de falta administrativa y a su esclarecimiento (artículo 83 del Decreto 500/091).

Entre los años 2019 y 2021 se registró el inicio de 5473 sumarios en la Administración Central, en los Organismos de los Artículos 220 y 221 (Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Servicios Descentralizados, Entes Autónomos) y en los Gobiernos Departamentales. De estos el 47,7% estaba concluido al 31/12/2021.

Los organismos con mayor cantidad de sumarios iniciados respecto a la cantidad de vínculos laborales de funcionarios públicos al 31 de diciembre de 2019 son el Ministerio del Interior (2,61%), el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) con el 2,07%, la Agencia Nacional de Vivienda con el 1,83% el Ministerio de Economía y Finanzas con el 1,52% y el Ministerio de Salud Pública (1,50%). Para el 2020, los organismos con mayor cantidad de sumarios iniciados con respecto a la cantidad de sus vínculos laborales de funcionarios públicos fueron: la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) con el 6,25% (se trata de un solo sumario), la Administración Nacional de Puertos (ANP) con el 2,73%, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) con el 2,63%, el Ministerio del Interior (2,57%), la Fiscalía General de la Nación (2,12%) y el Gobierno Departamental de Paysandú con el 1,39%.

Por último, los organismos con mayor cantidad de sumarios iniciados respecto a la cantidad de vínculos laborales de funcionarios públicos al 31 de diciembre de 2021 son el Ministerio del Interior con el 2,21%, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) con el 2,05%, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (1,39%), la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC, es un sumario) y el Ministerio de Economía y Finanzas, ambos con el 1,25%.

El 65,1% de los sumarios del trienio fue iniciado por Incumplimientos en el deber funcional, lo que incluye todos los incumplimientos en que incurre el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que no corresponden al ámbito penal.

El 22,4% fue por presunción de delito o condena ejecutoriada, un 4,9% por irregularidades, un 2,0% por acoso sexual, un 0,3% por faltas contra la salubridad pública, otro 0,2% por mala praxis y para un 1,9% de los casos, el organismo no registró la causal de modo que sea clasificable.

Los incumplimientos al deber funcional son en su mayoría faltas por negligencia, errores y omisiones en el ejercicio del cargo, tales como llegadas tardes, faltas de controles, mal uso de sistemas o herramientas de trabajo y errores en los procedimientos. También incluye conductas reñidas con el respeto y la imagen pública que distorsionan el adecuado relacionamiento con jefes, subordinados, compañeros, estudiantes y alumnos, y/o público; omisiones al deber de asistencia y abandono de cargo; extravío y/o daños de bienes y accidentes en vehículo oficial (sin consecuencias penales); incapacidad o ineptitud; y pérdida y/o hurto de equipos y arma de reglamento en el Ministerio del Interior.

En este período se observa que se duplicó la cantidad de sumarios iniciados por acoso laboral respecto al bienio 2017-2018, aumento sostenido de forma consecutiva[1], posiblemente influido por la conformación de Comisiones especializadas en Acoso Laboral y Protocolos de Actuación en los distintos organismos.

En Administración Central el 37,0% de las sanciones aplicadas fueron de suspensión, sanción que conlleva la retención de haberes por el tiempo no trabajado. Un 18,4% culmina con la desvinculación del funcionario y un 13,9% la rebaja de calificación y un 2,9% apercibimiento o amonestación. El 27,8% concluyó sin sanción debido a que no se encontró responsabilidad o elementos para sancionar al sumariado.

En el caso de Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Servicios Descentralizados y Entes Autónomos, también la suspensión es la sanción más aplicada (57,8%). El 8,7% fue sancionado con apercibimiento o amonestación y el 9,1% fue desvinculado. Se agregan en este grupo de organismos “Eliminar de la lista de aspirantes/ascensos”, “Someterse a tratamiento médico” y “Traslado/cambio de tareas” cada uno con 0,1%. El 24,1% de los sumarios concluyó sin sanción.

El 60,7% de los sumarios que finalizan con desvinculación provienen del Ministerio del Interior.

El presente informe, realizado en base a la información contenida en el Módulo Sumarios del Registro de Vínculos con el Estado (RVE 2.0) de la ONSC, tiene como objetivo contribuir a ampliar la recopilación de datos y mejorar la información sobre cantidad, tipología de infracciones, instituciones en las que se producen los sumarios y las conductas que son sancionadas.

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• Estudio de procesos disciplinarios en la Administración Pública uruguaya, 2019 - 2021 (.pdf 1347 KB)

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