Secretaría de Derechos Humanos

La salud mental es una prioridad para el gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi, y requiere una respuesta colectiva, sostenida y con perspectiva de derechos humanos. Así lo expresó la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Iliana da Silva, durante el cierre de las jornadas organizadas por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), en Fray Bentos, Río Negro, que durante dos días reunieron a distintos actores del Estado para reflexionar sobre la salud mental y sus desafíos en el ámbito público.

“Escuché angustia, duelo, suicidio… Palabras duras. Que duelen. Y que nos recuerdan que la salud mental no es un tema privado, es una cuestión de derechos humanos”, expresó Da Silva. 

Durante su participación, Da Silva manifestó su preocupación por los indicadores vinculados a los suicidios, los intentos de autoeliminación y el elevado consumo de psicofármacos. 

En particular, hizo referencia a los datos presentados por la ONSC sobre las certificaciones médicas en el ámbito público, que indican que casi el 32 % corresponde a trastornos mentales.

Para la jerarca, estos datos evidencian que se trata de una problemática transversal al empleo público y que también puede alcanzar al sector privado. En ese marco, reflexionó sobre las presiones vinculadas a la productividad.

También señaló que, particularmente, la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos de trabajo, generan oportunidades, pero también incertidumbres sobre la estabilidad laboral y el lugar de las personas en el futuro del empleo.

A estas transformaciones se suma, según expresó, una paradoja de la sociedad actual: la hiperconectividad y la soledad. “Nunca estuvimos tan conectados y, sin embargo, muchas veces nos sentimos profundamente solos”, señaló.

También subrayó la importancia de fortalecer las redes territoriales y la coordinación entre instituciones. En ese sentido, indicó que desde la Secretaría de Derechos Humanos está el compromiso de contribuir a la articulación institucional, promover instancias de formación y trabajar para que la salud mental sea abordada desde una perspectiva de derechos humanos. “Con protocolos, con territorio y, sobre todo, con escucha, mucha escucha”, concluyó.