30 de agosto: día internacional de las desapariciones forzadas
Como todos los años, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) adhiere activamente a esta conmemoración. Recuerda que en 2008 el Estado uruguayo ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas mediante la ley n.º 18420, cumpliendo de esta manera con su obligación de suscribir convenios internacionales y adecuar su legislación para una efectiva protección de los derechos humanos en la práctica.
A partir de esto, movilizados por los hallazgos de estos últimos meses y a 50 años del golpe de Estado, invitamos a reflexionar el significado de esta situación. Cuando Uruguay no cumple sus obligaciones no solo se expone a la condena internacional, sino que su Estado se convierte en una estructura que no cumple con su sentido más esencial de organizar y proteger a la población que nuclea.
Por definición, una desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad ejercida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. A esto se suma la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, a quien se le quita toda la protección de la ley.
Se trata de un tema profundamente humano: en Uruguay vivimos esta situación durante doce años, hubo una práctica sistemática de desaparición forzada y a pesar del paso de los años no hemos podido aclarar la situación de las personas detenidas desaparecidas, salvo escasas excepciones.
La INDDHH tiene en sus manos la competencia de búsqueda de las personas desaparecidas, con la cual mantiene su objetividad y compromiso. Pero como es de orden, exhorta nuevamente a todos aquellos que tengan información sobre el posible paradero de las personas desaparecidas durante la dictadura a brindarla.
Nos debemos como sociedad acceder a la verdad, tomar conciencia sobre el impacto real de la vulneración de derechos ejercida por el Estado durante la dictadura y comprometernos en la defensa de la democracia, así como en la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país.