Declaración 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se suma a la conmemoración de este día, que renueva año a año la lucha de las mujeres por la conquista de sus derechos.

Algunas de las historias de vidas que trascienden al ámbito público y las miles de historias que permanecen en silencio, dan cuenta de la realidad de las mujeres en Uruguay, y revelan diferentes áreas donde es necesario continuar trabajando.

  • En el inicio de la legislatura, luego de aplicada la Ley de Participación Política de Mujeres en las elecciones de 2014, apenas se logró que 17 mujeres asumieran en la Cámara de Representantes y 8 en la Cámara de Senadores.
  • El 20 de febrero de este año murió una joven de 21 años de edad luego de sufrir una infección generalizada a consecuencia de haberse practicado un aborto inseguro.
  • En julio de 2014, El Mecanismo de Prevención de la Tortura de Institución Nacional de Derechos Humanos, señalaba la existencia de condiciones de hacinamiento, falta de higiene, agresiones físicas y sobre medicación en el Centro de Internación de Adolescentes Femenino (CIAF) dependiente del INAU.
  • En octubre de 2015, daba a luz una niña de 12 años con discapacidad intelectual que había sido violada.
  • En octubre, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, se denuncian diferentes situaciones y las condiciones de trabajo de muchas trabajadoras rurales que resultan claramente violatorias de la normativa vigente.
  • En diciembre de 2014, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno dictaba procesamiento a varias personas vinculas al tráfico y trata de mujeres dominicanas con fines de explotación sexual.
  • El 29 de enero del presente año fue procesado con prisión el Director de un hogar de amparo de Rocha dependiente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por la comisión de reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.
  • El número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas continúa siendo un alerta que señala la existencia de importantes rasgos autoritarios y patriarcales en nuestro país.

Por este motivo la Institución Nacional y Defensoría del Pueblo saluda el fortalecimiento de espacios como el Consejo Nacional de Género que compromete medidas y acciones para el avance de los derechos de las mujeres; la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados que apunta a la corresponsabilidad de las familias, el Estado, el mercado y la comunidad; el avance en una Ley Integral contra la Violencia basada en Género entre otras acciones asumidas por el Estado para garantizar el goce de los derechos de las mujeres.

Por otra parte señala algunos de los desafíos a corto plazo que debe afrontar el Estado uruguayo.

El Poder Legislativo tiene dentro de sus responsabilidades:

  • Asumir un proceso de discusión amplio y participativo, encaminado a la aprobación de una ley que amplíe y asegure la participación política equitativa de las mujeres.
  • Asegurar la incorporación de la perspectiva de género en la reforma del Código Penal, realizando avances sustantivos e imprescindibles en la materia.
  • Analizar y aprobar una Ley Integral de violencia hacia las mujeres

El Poder Judicial juega un rol fundamental para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, para ello resulta ineludible continuar con la formación calificada de los/as operadores judiciales, generar herramientas tendientes a evitar la revictimización y alcanzar la efectiva protección de las víctimas, en especial en relación a la puesta en funcionamiento del nuevo proceso penal, así como garantizar una defensa calificada y oportuna.

El Poder Ejecutivo, a través de sus distintas instituciones, es fundamental para brindar servicios integrales para el ejercicio de los derechos de las mujeres. En este sentido resulta necesario continuar incrementando las políticas vinculadas a prevenir y proteger a las mujeres en situaciones de violencia, así como reparar los derechos vulnerados, implementar el Sistema Nacional de Cuidados, brindar y controlar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, principalmente los vinculados a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Por último, la INDDHH en tanto mecanismo complementario destinado a otorgar mayores garantías a las personas en el goce efectivo de sus derechos y para verificar que las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas se ajusten a las normas nacionales e internacionales protectoras de los derechos humanos, reitera su compromiso con la vigencia de los derechos de las mujeres.

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