Resoluciones de la INDDHH

Algunas resoluciones emitidas por el Consejo Directivo de la INDDHH en 2021

Como parte del trabajo de la INDDHH, el Área Denuncias e Investigación ha intervenido recientemente en diferentes situaciones que culminaron en resoluciones del Consejo Directivo emitidas durante 2021.
Foto de la fachada de la INDDHH

La INDDHH cumple un rol clave al recibir denuncias sobre eventuales vulneraciones de derechos. Frente a estas denuncias, provee asesoramiento y apoyo a las personas o colectivos involucrados; investiga los hechos conforme a sus facultades legales y realiza recomendaciones correctivas a los organismos estatales correspondientes.

Al pie de esta página compartimos algunas resoluciones emitidas recientemente por el Consejo Directivo de la INDDHH, que se listan a continuación:

9/3/21            Resolución dirigida al Ministerio del Interior

16/3/21          Resolución dirigida al Banco de Previsión Social

16/3/21          Resolución dirigida al Ministerio del Interior

14/4/21          Resolución dirigida a la Intendencia de Montevideo y al Ministerio del Interior

14/4/21          Resolución dirigida al Ministerio de Salud Pública

Las instituciones nacionales de derechos humanos representan la garantía no jurisdiccional de los derechos humanos frente al poder de la Administración. En tal sentido, el procedimiento de tramitación de denuncias o quejas puede ser considerado la «piedra angular» de sus actuaciones.

En efecto, el artículo 4, literal j, de la ley 18446 (Creación de la INDDHH) establece como competencia: “Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, a petición de parte o de oficio, de acuerdo al procedimiento que se establece en la presente ley.”

Por su parte, el artículo 3 de la misma ley define los efectos de las resoluciones: "Las resoluciones de la INDDHH tendrán el carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales."

El procedimiento seguido para el trámite de una denuncia se caracteriza por ser relativamente informal, con una legitimación amplia (en comparación con la exigida para poner en marcha procedimientos administrativos o judiciales), de carácter gratuito y que no requiere asistencia letrada.

 

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