Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) entiende que en Uruguay la mayor deuda en materia de educación la tenemos con los y las adolescentes de los sectores más vulnerables de la sociedad, de los cuales cuatro de cada diez no completan la educación media básica[i]. El Estado uruguayo no está brindando a esta población las condiciones necesarias para que puedan culminar la educación media básica. Este elevado índice de deserción del sistema educativo frecuentemente está asociado a pérdida de vínculos sociales y situaciones de exclusión.

En ese sentido, resulta particularmente significativo que entre los y las adolescentes que ingresaron al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) en 2018 las tres cuartas partes (74,4%) se encontraba en situación de desvinculación educativa y solo el 9,7% de las y los que tienen entre 15 y 16 años contaba con ciclo básico completo al momento de ingresar a dicha institución del sistema penal juvenil. Tal como fue propuesto en diciembre pasado, si bien se han producido avances, es necesario adoptar medidas concretas para garantizar el acceso a la educación para quienes están privados de libertad y que este se realice en condiciones de equidad con los y las adolescentes no privados de libertad.

Otro tema que genera preocupación a la INDDHH es la frecuencia con la que aparecen episodios de violencia dentro de los ámbitos educativos formales. Se hace urgente preservar a los centros educativos de la violencia, educar para la paz y la sana convivencia y promover entre todos quienes habitan los centros, relaciones interpersonales respetuosas, empáticas, de comprensión de las diferencias y resolución pacífica de conflictos.

La celebración de 2020 reafirma el papel de la educación como un derecho humano fundamental y a la vez un bien público. Como lo indica el Objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los Estados Miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a «garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos» de aquí a 2030.

De acuerdo a la Ley 18.446, art. 4, parte del mandato de la INDDHH es colaborar con las autoridades competentes en la educación en derechos humanos en todos los niveles de la enseñanza, así como también en los programas de formación y capacitación destinados a funcionarios públicos.

En cumplimiento de estas competencias y de acuerdo a lo que establece su plan estratégico, la INDDHH promoverá la educación en derechos humanos en articulación con operadores públicos y la colaboración con las autoridades de la enseñanza. La educación en derechos humanos impulsa la construcción de políticas públicas democráticas, inclusivas, que amplían ciudadanía, que brindan herramientas para combatir las desigualdades y los abusos de poder y dan valor a las diferencias. El objetivo es crear una cultura de derechos humanos en la que los derechos y las responsabilidades hacia los otros se internalicen, se vuelvan naturales y lleguen a formar parte de los modos de vida compartidos y las costumbres para todos los y las integrantes de la sociedad.