Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
La desaparición forzada es la detención, secuestro o cualquier forma de privación de libertad, efectuada por agentes del estado o por particulares con aquiescencia del estado, seguida de la negativa a la información de su destino o paradero, sustrayéndola a la protección de la ley (Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas)
El Uruguay ratificó esta Convención en el año 2009 y esto le obliga a proteger a las personas ante este crimen, así como desarrollar todas las acciones necesarias para una adecuada investigación y sanción a los responsables que lo cometan.
En tiempos de terrorismo de Estado estas y otras prácticas represivas fueron desarrolladas en este país. Muchas personas fueron secuestradas y estuvieron meses desaparecidas. Otras continúan desaparecidas al día de hoy. De un conjunto de alrededor de 200 casos de desaparición forzada se han recuperado muy pocos restos en un lapso de mas de treinta años de ocurrencia de los hechos.
En la jornada del 27 de este mes, se hallaron los restos de una persona detenida desaparecida, al igual que en los anteriores casos, en un predio militar.
Ante este nuevo hallazgo la INDDHH manifiesta su solidaridad con los familiares que reinstalan la esperanza de conocer la verdad tan largamente postergada.
Es obligación del Estado, de todos sus organismos, y no de uno u otro en particular, llevar adelante las acciones necesarias para esclarecer la situación de todos los detenidos desaparecidos, recuperar sus restos, dar respuesta a las interrogantes que en torno a sus destinos se mantienen desde su desaparición.
La lucha incesante de las organizaciones sociales, y en especial de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos ha sido fundamental manteniendo el reclamo e impulsando las acciones para mantener la búsqueda y alcanzar la verdad de lo ocurrido.
Es el Estado el principal responsable en esta tarea, así como en la reparación de los daños ocasionados por el accionar ilegítimo de un estado represor que lesionó gravemente y en forma masiva los derechos humanos de tantas personas.
Los obstáculos que reiteradamente han logrado demorar y hasta paralizar los procesos de justicia, de búsqueda y de recopilación de información se traducen en impunidad y en incumplimiento de los deberes que el Estado ha asumido a nivel internacional así como su obligación estatal primordial de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
La INDDHH destaca que en el actual proceso electoral se han conocido declaraciones de la casi unanimidad de candidatos presidenciales manifestando su voluntad inequívoca de continuar la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Sin embargo, comprometerse con esa tarea requiere mas que una mera expresión pública de buena voluntad. Debe ser tomado como política de Estado y no un tema de agenda de gobierno o de un sector político.
Para sostener y llevar adelante esta responsabilidad se requiere asignación presupuestaria que priorice los medios necesarios, materiales y humanos, pero también un marco jurídico que asegure que esta función pueda desarrollarse sin mengua y con independencia.
En esta dirección, es preciso también que se cuente con la colaboración de los diversos organismos estatales para que la demora no siga siendo una forma más de denegación de justicia.
Resulta crucial entonces que, más allá del discurso político circunstancial, se respalde en forma permanente la continuidad del trabajo en esta materia con la expresa voluntad política de todos los partidos y las instituciones del país. Esta voluntad política debe manifestarse en un esfuerzo cierto por destrabar, a todo nivel y en todos los poderes del Estado, los obstáculos que se generen y favorecer aquellos mecanismos que conduzcan a nuevos hallazgos o esclarecimiento de la situación de las personas detenidas desaparecidas.
La INDDHH considera que es necesario consolidar un emergente consenso nacional sobre esta temática, por lo que exhorta a todos los actores políticos a trabajar en esa dirección, en permanente diálogo con toda la sociedad.
Consejo Directivo
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo