Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

La instancia contó con representantes de más de 20 organizaciones con programa de salud mental y se planteó como un espacio de diálogo abierto para fortalecer la articulación entre actores sociales y la Institución.

Durante la reunión se realizó una puesta a punto sobre las recientes modificaciones a la Ley de Salud Mental, las alertas generadas ante posibles retrocesos y las acciones desarrolladas para subsanar la situación. Asimismo, se repasaron los principales desafíos que enfrenta la implementación efectiva de la Ley.

Las organizaciones participantes coincidieron en señalar la necesidad de un punto focal potente y definido para la implementación de la Ley, tanto a nivel intersectorial como en los espacios de coordinación, contralor y asesoramiento previstos. También se advirtió sobre debilidades en las gobernanzas locales y la necesidad de fortalecer la conducción y articulación de las mesas territoriales.

Otro de los ejes centrales del intercambio fue la necesidad de profundizar el proceso de transformación del modelo de atención, subrayando que la superación de la lógica manicomial implica un cambio más amplio, que excede el cierre de instituciones asilares. En este sentido, se remarcó la importancia de avanzar hacia dispositivos sustitutivos —y no meramente alternativos— que garanticen una atención basada en derechos, lo que implica un cambio cultural y una nueva red comunitaria de asistencia, y de contención social y afectiva.

En la misma línea, se planteó la urgencia de contar con un cronograma para el cierre de establecimientos asilares en el nuevo plazo previsto, así como de fortalecer las acciones de formación, difusión y promoción de derechos, tanto para equipos técnicos como para la ciudadanía en general.

Entre otros aspectos, se destacaron la necesidad de asegurar recursos adecuados, mejorar los mecanismos de denuncia y abordaje de situaciones de violencia —incluyendo intervenciones policiales sin acompañamiento sanitario—, y avanzar en estrategias de contralor y reparación ante vulneraciones de derechos.

La INDDHH valoró especialmente la riqueza del intercambio y reafirmó la importancia de sostener estos espacios de participación como insumo clave para el monitoreo y la promoción de políticas públicas en salud mental con enfoque de derechos humanos.