INDDHH comienza mañana la búsqueda detenidos desaparecidos en un local de Ciudad Vieja
Los directores Mariana Mota y Wilder Tayler estarán presentes a partir de las 10:30 horas, cuando se de inicio a los trabajos. Las tareas estarán a cargo de un equipo de antropólogos. El local cuenta con custodia policial y permanecerá vallado.
Las búsqueda responde al testimonio de un testigo cuya identidad se mantiene en reserva que afirma que en la década del 90 vió huesos enterrados en ese local. Según el relato de este testigo, el hecho ocurrió al remover material para realizar trabajos de plomería. El local, que actualmente pertenece al Correo Uruguayo, es un estacionamiento que en esa época era utilizado por Presidencia de la República. Por el momento, la INDDHH no dispone de otros datos o fuentes que indiquen a quién podrían pertenecer esos restos.
----------------------------------
Desde setiembre de 2019 la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico militar es competencia de la INDDHH. Así lo dispuso la Ley 19.822, aprobada con el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria con el objetivo de brindar una respuesta a la sociedad y a las familias de las personas detenidas desaparecidas, quienes reclaman desde hace más de 40 años para conocer el destino de sus familiares.
Siguiendo lo dispuesto por el Art. 2º de la ley el Consejo Directivo de la INDDHH delegó en dos de sus integrantes, la Dra. Mariana Mota y el Dr. Wilder Tayler, la responsabilidad por la búsqueda de los detenidos desaparecidos.
La tarea comprende la búsqueda dentro y fuera del Uruguay, e incluye tanto la ubicación de los restos como la investigación de las circunstancias en que se produjeron las desapariciones. Para ello, la Ley 19.822 le confiere a la INDDHH poderes jurídicos especiales, como el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia, a archivos de instituciones públicas o privadas, y a todos los lugares y establecimientos públicos o privados que considere relevantes. Además, la Institución podrá citar a funcionarios del Estado y a particulares para que presten declaración.