Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

La decisión de recurrir a la vía del amparo responde a la extrema urgencia de la situación. A pesar de que la INDDHH viene estudiando el tema desde abril de 2025 y recomendó medidas provisionales para suspender las autorizaciones, el Ministerio de Ambiente otorgó los permisos el pasado 5 de diciembre. El riesgo es inminente: el 2 de febrero arribaron los buques al puerto de Montevideo y está anunciado el inicio de las actividades para lo que resta del mes.

La Institución fundamenta su reclamo en la magnitud de los daños que la prospección sísmica genera, los cuales han sido advertidos por diversos académicos y científicos nacionales e internacionales:

• Impacto acústico extremo: Se utilizan cañones de aire que emiten detonaciones de entre 250 y 300 decibeles cada 6 a 20 segundos las 24 horas del día. El umbral de dolor para la vida marina comienza a los 120 decibeles y el de muerte a los 180.
  Además, el peligro es alto para la vida humana, ya que el sonido se torna dañino a los 75 decibeles y doloroso alrededor de los 120. El oído humano necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar 2 horas de exposición a 100 decibeles y superando los 180 decibeles, se entra en el umbral de muerte. 
   
• Afectación a la biodiversidad: El ruido puede expandirse por más de 300.000 km², afectando gravemente a cetáceos, peces y zooplancton: genera confusión, problemas reproductivos y la muerte.
   
• Crisis climática: El impulso a la industria petrolera contradice los esfuerzos contra el calentamiento global y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
   
• Daño económico: Se advierte una grave afectación a la industria pesquera nacional debido a la perturbación de los ecosistemas y la destrucción de hábitats.

La INDDHH destaca que estas actividades se proyectan sobre su zona económica exclusiva, de alta sensibilidad biológica, razón por la cual muchas son áreas protegidas. Se trata de zonas que funcionan como puntos críticos de biodiversidad y santuarios de especies migratorias, como las ballenas y los delfines. Realizar estas prospecciones en lugares de tal relevancia ecológica constituye una violación al marco normativo vigente.

Todo esto denota una profunda contradicción en el accionar del Estado uruguayo. Mientras el país se posiciona a nivel internacional con una matriz energética basada casi totalmente en energías renovables y promueve la marca "Uruguay Natural", la autorización de exploraciones petroleras supone un retroceso en los derechos humanos ambientales y un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos.

Con esta acción, la INDDHH reafirma que la protección del medio ambiente sano es un derecho humano inalienable y que el Estado no puede ser el generador de la desprotección que está obligado a combatir.