Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

El grupo de trabajo inició sus tareas en agosto de 2024 con el objetivo de proponer una serie de recomendaciones para que el Estado uruguayo garantice el derecho a la nacionalidad en Uruguay, permitiendo la nacionalidad por naturalización u opción a los ciudadanos legales y sus hijos e hijas (niños y adolescentes).

Según el informe, alrededor de 16.374 personas con ciudadanía legal, 1.326 personas refugiadas y una persona apátrida se encuentran actualmente en una situación de vulneración de derechos al ser tratadas como extranjeras pese a tener legalmente la ciudadanía uruguaya. El grupo de trabajo resalta la urgente necesidad de reformar la normativa y las prácticas administrativas para que estén alineadas con los compromisos internacionales asumidos por Uruguay.

El grupo de trabajo estuvo integrado por las organizaciones Todos Somos Uruguayos, Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana y la Asociación Idas y Vueltas, por el Estado participaron distintos representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior, representantes de las bancadas del Frente Amplio y el Partido Colorado. Fue coordinado por la Unidad de Migración de la INDDHH.

La presentación contó con una fuerte participación tanto de público general como de autoridades, representantes de organismos públicos, parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta de la INDDHH, Carmen Rodríguez, y de la directora Jimena Fernández. Expusieron exlegisladores que han trabajo en proyectos de ley sobre este tema: Valeria Da Trindade, en cuanto asesora de Verónica Mato, Francisco Capandeguy y Désirée Pagliarini. El informe del grupo de trabajo fue presentado por Adriana Ovalle y Leroy Gutiérrez de la organización Todos Somos Uruguayos; y luego contó con comentarios de la directora nacional de Migraciones, Miriam Coitinho; el director nacional de Identificación Civil, Williams García; la directora adjunta de la Dirección Nacional de Asuntos Políticos de Cancillería, Noelia Martínez; y el director general de Asuntos Consulares y Vinculación -también de Cancillería-, Jorge Muiño.

Además, hubo comentarios de representantes de organismos internacionales que participaron del grupo de trabajo en calidad de observadores: el jefe de la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Juan Ignacio Mondelli, y de la jefa de la Oficina Ad Interim de la Organización Internacional para las Migraciones, Lucila Pizzarulli.

En el cierre participaron actuales legisladores, quienes mostraron mucha apertura a las recomendaciones realizadas en el informe y se comprometieron a promover la discusión parlamentaria sobre esta problemática. En este panel participaron Graciela Villar, Matías Duque y Fernanda Auersperg.

Recomendaciones del informe

El informe no solo expone los desafíos, sino que también ofrece soluciones claras. Se destaca la necesidad de armonizar la normativa interna con los estándares internacionales para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos, y se proponen cuatro caminos posibles para solucionar la situación: la modificación de los documentos de identificación de las personas con ciudadanía legal, la promulgación de una ley interpretativa que aclare la aplicación de la ley vigente, la promulgación de una ley de nacionalidad que regule de manera más clara los derechos de quienes tienen la ciudadanía uruguaya o una reforma constitucional, una medida más profunda que implicaría cambios en la Constitución para garantizar la plena igualdad de derechos.

Cabe destacar que días antes de la presentación del informe, el gobierno nacional implementó medidas que permitieron corregir las dificultades que ocasionaban los pasaportes emitidos a personas con ciudadanía legal por lo que la primera recomendación realizada por el grupo de trabajo ya se encuentra cumplida.

El informe subraya que el respeto al derecho a la nacionalidad es fundamental no solo para la integración de los individuos en la sociedad, sino para el fortalecimiento de nuestra democracia. Personas con la ciudadanía uruguaya, que ya se sienten parte del país, deben poder participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural, independientemente de su origen.

Con este informe, la INDDHH hace un llamado al Estado todo y al Parlamento uruguayo en particular para abordar esta problemática de manera urgente y a tomar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos internacionales y garantizar el respeto de los derechos de todas las personas que ya son parte de la comunidad nacional.

Como base para ese debate, queda sobre la mesa las tres recomendaciones o posibles caminos planteados por el grupo de trabajo.