Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

En dicho informe marcó 8 puntos a seguir trabajando por parte del Estado Uruguayo:

1. Violencia de género: se señaló que la Ley 19.580 constituye una norma integral con un gran potencial pero que no ha logrado su plena aplicación, tanto por la falta de recursos económicos, así como por las resistencias y falta de articulación para su implementación. El sistema interinstitucional de respuesta requiere trabajar en medidas para la detección temprana, fortalecer la atención especializada y garantizar el acceso a la justicia.
2. Prevención de la violencia de género: el rol del sistema educativo y del sistema de salud para la detección temprana debe ser reforzado, ampliando la cantidad de equipos interdisciplinarios, fortaleciendo la educación sexual integral y la transversalización de la perspectiva de género en la curricula educativa. Se requiere mejorar la aplicación y seguimiento de metas prestacionales de salud y fortalecer la Red de equipos de los diferentes prestadores de salud pública y privada. A ello se suma la necesidad de crear en la ANEP y en el MSP la Unidad Especializada de Género.
3. Atención especializada de las situaciones de violencia de género: los servicios de atención a mujeres como a niñas, niños y adolescentes siguen siendo insuficientes, en particular fuera de las capitales departamentales y para la atención de mujeres en condición de vulnerabilidad como las mujeres en situación de discapacidad. El debilitamiento de las políticas de transversalización de género en INAU representan una dificultad para la calidad de los servicios. Es necesario un sistema interinstitucional de respuesta que atienda todas las formas de violencia, persisten debilidades para atender la violencia laboral de género, la violencia obstétrica, la violencia por orientación e identidad sexual, así como la violencia institucional de género.
4. Acceso a la Justicia: la falta de presupuesto limita la posibilidad de incrementar la cantidad de Fiscalías, la disponibilidad de técnicas/os de la Unidad de Víctimas y Testigos, la creación de los Juzgados Especializados y la designación de asistencia jurídica gratuita, especialmente en el interior del país y para la defensa de víctimas de delitos. A las limitaciones presupuestales se suman problemas estructurales en el funcionamiento y la formación que generan situaciones de revictimización. La transervesalización de la perspectiva de género en el sistema de justicia es fundamental y para ello se debe jerarquizar el rol de las Unidades Especializadas de género.
5. Participación política de las mujeres: se señaló que en la práctica ha primado la aplicación minimalista de las leyes de cuotas, tanto en número como en posición. Además, en la actual discusión parlamentaria se presentan grandes desafíos para entender a la paridad como una medida para garantizar la igualdad y fortalecer la democracia. Por lo cual la INDDHH considera adecuado que se aprueben los proyectos de ley sobre paridad a estudio del parlamento.
6. Autonomía económica de las mujeres: es necesario fortalecer las políticas destinadas a crear un sistema nacional de cuidado. Asimismo. la INDDHH entiende que Uruguay se encuentra en condiciones de ampliar la protección en materia laboral, impulsando reformas de las licencias de maternidad, paternidad y parentales favoreciendo la conciliación de la vida laboral y familiar.
7. Mujeres privadas de libertad: se subraya la necesidad de adoptar medidas urgentes. Tanto para revertir el empeoramiento en las condiciones de vida para las mujeres privadas de libertad provocada por la aprobación de normas vinculadas a estupefacientes que han tenido un impacto contundente en la cantidad de mujeres privadas de libertad y sus condiciones de vida, así como en la necesidad de contar con políticas de privación de libertad dirigidas a las mujeres y con un enfoque de género. El hacinamiento, el aislamiento prolongado y la falta de tratamiento psicológico integral de las mujeres con padecimiento mental agudo o crónico constituye tratos crueles inhumanos o degradantes. La unidad que aloja aproximadamente el 70% de la población, no ofrece las garantías adecuadas para asegurar la integridad física de las personas recluidas en el establecimiento.
8. Fortalecimiento de la institucionalidad de género: en todos los niveles para lograr que Uruguay se vuelva un país con políticas de igualdad fuertes y con medidas efectivas.

Ese día, en un acto abierto al público, en la sede de la INDDHH, se siguió en vivo la transmisión de ONU, para compartir la presentación del Estado uruguayo ante este Comité, con el detalle de avances y medidas adoptadas en relación a las recomendaciones emitidas en el año 2016 para garantizar los derechos de las mujeres en el país.

Durante la jornada, el Comité escuchó y analizó tanto los informes presentados por las representaciones de Naciones Unidas en Uruguay, el Estado, la INDDHH y las Organizaciones de la Sociedad Civil, como la información recogida en los diálogos e intercambios de preguntas y respuestas que el Comité le realizara a las diferentes delegaciones.

Con fecha 30 de octubre el Comité elevó las observaciones finales sobre el décimo informe periódico del Uruguay, como finalización del proceso de revisión. En ellas aborda los aspectos positivos en torno a los avances del Estado en la implementación de la Convención, así como en los avances logrados desde el examen realizado por el Comité en el año 2016. En dicho sentido se destacan avances normativos, la elaboración de Planes Nacionales destacando el Plan de Acción Nacional sobre las mujeres, la Paz y la Seguridad, el Plan Nacional de Género en las Políticas Agrarias, la Estrategia para la Igualdad de género 2030, la puesta en funcionamiento del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres. Asimismo, manifiesta la satisfacción respecto a la adhesión y ratificación del Estado Uruguayo a instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.

En cuanto a las preocupaciones y recomendaciones, algunos de los temas en que el Comité se expresó fueron en torno a:

1. la definición de igualdad y no discriminación y su escasa aplicación
2. el acceso a la justicia, en particular las dificultades presupuestales, las demoras en los procesos, la escasez de recursos humanos especializados y de servicios de asistencia gratuita, etc.
3. en cuanto a las mujeres, paz y seguridad, se señala positivamente la transformación de la fiscalía Penal 25 de Montevideo, en una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, pero se señala la preocupación por la lentitud de los procesamientos y bajo número de condenas en los casos de abuso sexual y tortura cometidos durante el período 1972 y 1983.
4. Entre otros temas el Comité se expresa en torno a estereotipos y prácticas nocivas para las mujeres, sobre violencia de género sobre las mujeres, trata de mujeres y explotación de la prostitución, limitaciones del sistema de respuesta a las situaciones de violencia de género y trata de mujeres, asimismo se expresó respecto a la participación en la vida política y pública, sobre el reconocimiento y protección de los apátridas, sobre el empleo, la salud, el empoderamiento económico, la situación de las mujeres rurales, indígenas.

Acceder al documento completo en inglés. 

El Comité de la CEDAW, compuesto por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo, supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. La Convención es una herramienta crucial que impulsa cambios significativos en la vida cotidiana de las mujeres en países que la han ratificado, combatiendo la discriminación en sus diversas manifestaciones, como la violencia, la pobreza y la falta de protección legal.

La INDDHH seguirá trabajando en el seguimiento del cumplimiento de la Convención y estará atenta a la devolución que este año el CEDAW le haga a Uruguay.