INDDHH realizó una formación para policías en el marco del proyecto de cooperación con México
La iniciativa estuvo a cargo del Mecanismo Nacional de Prevención y se dictó dentro de la formación en derechos humanos que todos los años organiza el área de Educación para cadetes de la Escuela Nacional de Policía.
Allí se expuso sobre las prácticas de atención y abordajes respetuosos de los derechos humanos de las personas con dificultades de salud mental o con uso problemático de sustancias, de acuerdo con las salvaguardas promovidas en el marco del proyecto “Construir servicios de salud mental y adicciones libres de violencia y discriminación: un enfoque binacional México-Utuguay”, financiado por el Fondo conjunto de cooperación entre los dos países.
La formación puso el foco en formar y reflexionar sobre el papel de las salvaguardas como herramientas fundamentales para prevenir situaciones de violencia, discriminación y vulneración de derechos. Se abordaron los principales estándares de derechos humanos específicos, poniendo énfasis en la dignidad de las personas, el respeto de sus derechos y garantías, la prevención del uso innecesario de la fuerza y la importancia de contar con respuestas adecuadas.
Permitió reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el funcionariado policial en el abordaje de estas situaciones y sobre la importancia de distinguir las manifestaciones de sufrimiento psíquico de otras conductas o situaciones en el marco de la acción policial. Asimismo, se destacó la necesidad de promover intervenciones respetuosas de los derechos, que contemplen las particularidades de cada situación y articulen, cuando corresponda, con los servicios de salud y otros dispositivos.
Proyecto México-Uruguay
El proyecto de cooperación es liderado por la INDDHH, a través del Mecanismo Nacional de Prevención, y sus contrapartes de México: el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA) y la organización Documenta. En Uruguay, cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Junta Nacional de Drogas.
El proyecto, iniciado en marzo de 2026, tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las instituciones públicas especializadas en la protección de los derechos de las personas usuarias de servicios de internación por motivos de salud mental y tratamiento de adicciones.