Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

El informe, publicado en julio pasado con información de 2020, se propuso verificar el cumplimiento de las garantías en los primeros momentos de detención en la zona de operaciones I de Montevideo y las seccionales policiales 1.a a 7.a. Estas garantías, consagradas por el derecho internacional y la legislación nacional, son cuatro: notificación inmediata de la detención a familiares o allegados/as, examen médico, asistencia jurídica, y acceso a información sobre derechos de la persona detenida.

Durante la presentación del informe, Wilder Tayler, presidente de la INDDHH y director del MNP, enumeró algunos de los incumplimientos verificados en varias de estas garantías, pero subrayó que la responsabilidad no recae únicamente sobre el Ministerio del Interior. Según Tayler la Suprema Corte de Justicia tiene la obligación de asegurar la asistencia jurídica y ASSE tiene a su cargo la atención médica. Estas dos garantías son particularmente deficitarias e implican un riesgo elevado de vulneración de derechos.

En general los incumplimientos referidos a las garantías de información de derechos y de notificación con las familias tienen que ver con prácticas administrativas que carecen de la sistematicidad o los recursos adecuados para asegurar su cumplimiento.

Otra de las constataciones destacadas durante la reunión con los representantes nacionales fue que los cambios normativos que aumentaron las facultades y la discrecionalidad de la policía tuvieron un impacto negativo sobre las garantías de las personas detenidas. En este sentido, si bien el informe del MNP es independiente de la investigación realizada recientemente por la Asociación de Defensores Públicos, ambos son coincidentes respecto al debilitamiento de las garantías. Según expuso la delegación del MNP, se vuelve cada vez más difícil verificar si ha existido un abuso durante la detención y en el período de hasta cuatro horas en que la persona detenida puede permanecer sin contacto con el fiscal o juez.

El informe, que puede consultarse al pie de esta página, destaca también la colaboración de jerarcas y funcionarios/as de las dependencias policiales visitadas, quienes hicieron posible un diálogo productivo y recibieron con buena disposición las sugerencias y recomendaciones realizadas por el MNP. No obstante, es preciso señalar que las solicitudes de información dirigidas mediante oficios al director nacional de Policía para la elaboración de este informe no fueron respondidas.

Las que siguen son las recomendaciones formuladas al Ministerio del Interior, y en algunos casos también al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.

Recomendaciones

Notificación de la detención a familiares o allegados/as

• Instrumentar un mecanismo de registro efectivo, separado del cuaderno de novedades, en donde figure el nombre de la persona, la fecha, hora, el número de contacto y si la llamada fue efectivamente realizada. Asimismo, se recomienda que la notificación (salvo en casos de incomunicación) sea efectuada directamente por la persona detenida bajo la supervisión de personal policial.
• Establecer en cada dependencia policial un responsable por turno a efectos de garantizar el cumplimiento de esta salvaguarda y su registro en forma correcta.

Acceso a atención médica

• Avanzar en una definición precisa de los cometidos del Centro de Constataciones Médicas y Ley de Faltas que permita que los procedimientos desarrollados constituyan efectivamente una garantía en los primeros momentos de detención.
• Instrumentar, como medida preventiva, un nuevo examen, al cese de la custodia policial, de las personas detenidas que no hayan comparecido ante la justicia.

Acceso a un/a abogado/a
Se recomienda al Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación:

• Realizar un informe acerca de las principales dificultades en la instrumentación de un dispositivo que permita garantizar el acceso a un/a abogado/a en los primeros momentos de detención.
• Instrumentar una mesa de diálogo integrada por Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación y Poder judicial, con la participación del  MNP-INDDHH a efectos de adoptar acciones concretas para garantizar el acceso a un abogado/a desde el primer momento de detención.

Información de los derechos de los/las detenidos/as

• Estandarizar el documento de información sobre derechos a efectos de que todas las unidades policiales cuenten con un único formulario el cual debe tener como contenido mínimo la siguiente información:
• Toda persona detenida tiene derecho a:
  • Guardar silencio.
  • Ser informada sobre los motivos de la detención.
  • Que se le notifique, a una persona de su confianza, que se encuentra detenido/a.
  • Recibir información clara y precisa sobre sus derechos y la manera  de ejercerlos.
  • Asistencia legal.
  • Recibir asistencia médica sin costo.
  • Contar con un intérprete en caso de no hablar el idioma español.
• Este formulario debe ser firmado por la persona detenida y debe entregársele una copia.
• Disponer de cartelería adecuada, que contenga la información sobre derechos en la zona de operaciones I y seccionales policiales. Dicha cartelería tiene que ubicarse en un lugar que sea visible desde el celdario.

NOTAS PARA LA EDICIÓN

El informe “Las garantías en los primeros momentos de detención en la zona de operaciones I de Montevideo y sus dependencias” se nutre del monitoreo sistemático a los lugares de detención que realizan los técnicos del MNP mediante visitas no anunciadas en las que se entrevista a los responsables de los establecimientos, los/as funcionarios/os y las personas detenidas. En esas visitas también se fotografían los espacios físicos y los registros administrativos, y luego se analiza la documentación y la información recogida.

Los primeros momentos de la detención es cuando los/as detenidos/as están expuestos a un mayor riesgo de tortura y malos tratos, y comprenden desde el momento de la aprehensión y detención hasta su presentación ante el fiscal de turno o juez.

La delegación de la INDDHH estuvo integrada por su presidente y director del MNP, Wilder Tayler; Victoria Iglesias, médica; Daniel Díaz, abogado y Jorge Surraco, comunicador.