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Presentan Observatorio de Derechos Humanos, Igualdad y no Discriminación

El nuevo Observatorio Derechos Humanos, Igualdad y no Discriminación fue presentado el pasado 19 de febrero en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Se trata de una iniciativa de la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que apunta a generar una institucionalidad que sistematice, analice y genere información sobre las desigualdades que enfrentan las personas afrodescendientes, migrantes y LGBTIQ+ como consecuencia de la discriminación. El objetivo es contribuir a la visibilidad de estas poblaciones promoviendo el respeto y reconocimiento de sus derechos.
Acto de presentación

El observatorio es concebido como un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia del Estado y un insumo para la participación social. Mediante esta herramienta se podrá monitorear la realidad de las poblaciones vulnerables en términos de discriminación y el trabajo que realiza el MIDES con ellas.

La Directora de la INDDHH, María Josefina Plá, dio apertura al evento junto al Director Nacional de Promoción Sociocultural del MIDES, Federico Graña. Plá destacó la importancia de la existencia de las normas, pero remarcó que debe haber políticas sociales que tengan la capacidad real de aplicarlas y sobre todo una “sociedad civil atenta y vigilante. De nada sirven las normas sino hay monitoreo que exija y controle su real vigencia. Celebro y felicito la creación de este Observatorio”.

La discriminación y sus consecuencias

La discriminación es un obstáculo importante en el goce de los derechos humanos. Discriminar es hacer cualquier tipo de distinción arbitraria, no justificada, de acuerdo con la cual se distingue a las personas por motivo de su género, identidad de género, orientación sexual, etnia-raza, religión, origen nacional, entre otras.

La igualdad y no discriminación son principios comprendidos en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay. Este principio indica que las acciones del Estado en materia de política social deben orientarse a garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas en el ejercicio de sus derechos. Esto implica una voluntad expresa de revertir situaciones de discriminación y de desigualdades injustas.

Las consecuencias de la discriminación no se restringen a las experiencias personales, sino que tienen impacto en el ejercicio de derechos y la condición social de amplios grupos poblacionales, así como en la reproducción de las desigualdades.

 

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