Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

Este martes 27 de octubre, en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), se presentó el informe del Grupo de Trabajo sobre Adopciones, que reúne un conjunto de recomendaciones para mejorar los procesos de adopción en Uruguay, colocando en el centro el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y crecer en familia.

La actividad contó con una importante participación de representantes de organizaciones sociales, equipos técnicos y autoridades nacionales. Entre los asistentes se encontraban los legisladores Daniel Borbonet, Paula De Armas, Federico Preve, Tatiana Antúnez y María Eugenia Roselló; el vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Mauricio Fuentes, y Carina Gómez, integrante del directorio de INAU por la oposición; y la Dra. Doris Morales, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. 

De las denuncias a la construcción de propuestas

La apertura del evento estuvo a cargo del presidente de la INDDHH, Juan Miguel Petit, quien enmarcó la elaboración del informe en el conjunto de acciones que la institución desarrolla para promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Petit recordó que la conformación del Grupo de Trabajo sobre Adopciones tuvo su origen en situaciones recibidas por la INDDHH a través de su función de Defensoría del Pueblo, que pusieron de manifiesto dificultades en los procesos de adopción y posibles vulneraciones de derechos.

En ese sentido, destacó el valor de transformar las situaciones particulares que llegan a la institución en oportunidades para identificar problemas más amplios, promover el diálogo entre los actores involucrados y construir propuestas que contribuyan a mejorar las políticas públicas.

Un informe construido a partir de las diferencias y el consenso

Las directoras Mariana Mota y Jimena Fernández estuvieron a cargo de la presentación del informe. Repasaron el proceso desarrollado durante las 13 sesiones del grupo de trabajo y expusieron las principales recomendaciones, organizadas de acuerdo con las prioridades identificadas.

Ambas destacaron especialmente el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar los acuerdos reflejados en el documento. El proceso estuvo marcado por diferencias de perspectivas, discusiones intensas y debates sobre temas complejos y sensibles, que exigieron un importante trabajo de intercambio y construcción de consensos.

El informe identifica dificultades en distintas etapas de los procesos de adopción y propone modificaciones normativas, mejoras en los procedimientos administrativos y judiciales, así como medidas para fortalecer el acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y familias.

Entre las recomendaciones se encuentran la revisión de los criterios para valorar los vínculos significativos de niños, niñas y adolescentes, modificaciones en los regímenes de licencias laborales para contemplar las etapas previas a la adopción y el establecimiento de plazos razonables para la culminación de los procesos judiciales.

También se plantea fortalecer la coordinación entre instituciones, ampliar los equipos técnicos, mejorar los mecanismos de acompañamiento a las familias y promover mayores oportunidades de integración familiar para niños, niñas y adolescentes de mayor edad y con discapacidad.

Distintas perspectivas para avanzar en las transformaciones necesarias

La instancia de comentarios contó con la participación de Florencia Cremonese, de la organización Hijos del Sistema; Nair Ramos, directora del área de Adopciones del INAU; Juan March, juez letrado de Familia Especializado del Poder Judicial; Paula De Armas, representante nacional; y Claudio Barone, de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay.

Desde las organizaciones de la sociedad civil se destacó la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema para que sus procedimientos y tiempos respondan efectivamente a las necesidades de niños, niñas y adolescentes. En particular, se puso énfasis en la importancia de evitar demoras innecesarias y asegurar procesos de vinculación e integración familiar con un acompañamiento adecuado, cercano y cuidadoso.

Desde el Poder Judicial se subrayó la necesidad de avanzar en ajustes normativos que permitan mejorar las respuestas del sistema, junto con la importancia de asignar los recursos presupuestales necesarios para implementar las políticas y garantizar su efectividad.

Por su parte, desde el Poder Legislativo se valoró especialmente el aporte del grupo de trabajo como ámbito de intercambio y aprendizaje entre actores con distintas responsabilidades y experiencias. Se destacó que los conocimientos y acuerdos alcanzados constituyen un insumo para dar continuidad al trabajo legislativo ya iniciado, particularmente a través de propuestas de modificación normativa.

Desde la mirada del INAU, se reflexionó sobre las oportunidades de mejora identificadas durante el trabajo colectivo y su relevancia para fortalecer la implementación de las políticas públicas vinculadas a las adopciones.

Las distintas intervenciones permitieron reafirmar que, más allá de las diferencias que atravesaron el proceso, existe una preocupación compartida por mejorar el funcionamiento del sistema y garantizar respuestas más oportunas, coordinadas y adecuadas a los derechos y necesidades de niños, niñas y adolescentes.

Un punto de partida para continuar el trabajo

El informe presentado constituye un punto de partida para profundizar la reflexión sobre el sistema de adopciones en Uruguay y avanzar en transformaciones concretas.

Las recomendaciones consensuadas ofrecen una hoja de ruta para promover modificaciones legislativas, revisar prácticas institucionales y fortalecer la articulación entre los organismos involucrados. Al mismo tiempo, ponen de manifiesto la importancia de asegurar los recursos y las capacidades necesarios para llevar adelante esos cambios.

La presentación reafirmó el valor del diálogo entre el Estado y la sociedad civil como herramienta para construir mejores políticas públicas, incluso en aquellos asuntos donde existen perspectivas y posiciones diferentes.

El desafío que deja planteado el informe es avanzar hacia un sistema en el que los tiempos, las decisiones y los procedimientos institucionales respondan a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, garantizando su derecho a vivir y crecer en familia.