Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó el miércoles 14 de octubre el informe del Grupo de Trabajo sobre Violencia Territorial y Vulneración de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, resultado de un proceso colaborativo de análisis e intercambio interinstitucional que reunió a organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil y aportes académicos.

La actividad se desarrolló ante una sala colmada de público, con una destacada presencia de autoridades nacionales, entre ellas: la viceministra del Interior, Cra. Gabriela Valverde; el director de la Policía Nacional, Crio. Gral. (R) José Azambuya; el presidente interino del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Mauricio Fuentes; la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero; y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales; entre otras.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la INDDHH, Juan Miguel Petit, y la directora Jimena Fernández, quienes dieron paso a la presentación de los principales hallazgos y recomendaciones del documento.

Un diagnóstico compartido para mejorar las respuestas

El informe aborda la violencia territorial como un fenómeno complejo, cuyas consecuencias sobre niños, niñas y adolescentes exceden ampliamente los episodios de violencia armada. Las amenazas, las restricciones a la movilidad, las dificultades para acceder a la educación y la salud, y las afectaciones sobre la vida familiar y comunitaria forman parte de las vulneraciones de derechos identificadas.

Entre 2023 y 2025, los registros del Ministerio del Interior contabilizaron 58 homicidios, 53 tentativas de homicidio y 238 niños, niñas y adolescentes heridos por armas de fuego. Si bien estas cifras no corresponden exclusivamente a situaciones de violencia territorial, permiten dimensionar algunas de las manifestaciones más graves de violencia que afectan a esta población.

Uno de los principales hallazgos del informe es la necesidad de superar la fragmentación de las respuestas institucionales. En este sentido, el Grupo de Trabajo recomienda fortalecer la coordinación entre organismos, establecer mecanismos de protección inmediata para niños, niñas y adolescentes en riesgo de vida, mejorar los canales de denuncia y avanzar hacia sistemas integrados de información que permitan orientar las políticas públicas.

El compromiso interinstitucional como punto de partida

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la participación de las instituciones y organizaciones que integraron el Grupo de Trabajo, cuyo compromiso con la temática volvió a ponerse de manifiesto durante la presentación.

Luego de la exposición del informe, se desarrolló una mesa de comentarios con la participación de Manuela Reguera, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación; Paula Baleato, de la Plataforma de Infancias y Adolescencias; Cecilia Erhardt, subdirectora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior; y Ximena Giani, del INAU.

Las intervenciones permitieron profundizar en los desafíos identificados desde las distintas experiencias institucionales y territoriales, reafirmando la importancia de construir respuestas integrales que contemplen la prevención, la protección inmediata, el acceso a la justicia y el acompañamiento de las víctimas y sus familias.

El intercambio reflejó nuevamente el valor de un proceso de trabajo que logró reunir diferentes perspectivas en torno a una preocupación compartida: garantizar el derecho a la vida y al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes que viven en contextos afectados por la violencia territorial.

La INDDHH destacó la importancia de este esfuerzo colectivo y la necesidad de que las recomendaciones formuladas contribuyan a fortalecer las capacidades institucionales y promover respuestas coordinadas, sostenidas y efectivas. El objetivo es que este trabajo sea el puntapié inicial para generar una continuidad en la colaboración con todas las contrapartes de tal modo que las recomendaciones se implementen efectivamente.

En palabras de la directora Jimena Fernández: “lo que queremos transmitir con este informe es que ningún niño, niña o adolescente debería crecer en un entorno donde la violencia determine sus posibilidades de vivir, estudiar o desarrollarse. Sabemos que estamos frente a un problema complejo, que no tiene soluciones simples. Pero también sabemos que existen capacidades institucionales y experiencias valiosas sobre las que podemos construir mejores respuestas. El desafío es que el Estado pueda actuar de manera coordinada, anticiparse a los riesgos y garantizar una protección efectiva. Porque cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, llegar a tiempo puede significar salvar una vida.”