Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

La actualización responde a la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos de las personas con discapacidad y a la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales frente a las reiteradas denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo vinculadas al rechazo de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en centros educativos, tanto públicos como privados. Estas situaciones constituyen actualmente las consultas más frecuentes en la materia.

El protocolo se aplica a todas las instituciones educativas del país y comprende todos los niveles de la educación. Busca fortalecer la respuesta institucional mediante un abordaje colaborativo, orientado a eliminar las situaciones de discriminación y las barreras que limitan el acceso, la permanencia, la participación plena y el logro de aprendizajes de las personas con discapacidad. 

Contempla situaciones tales como la negativa a la inscripción o permanencia en un centro educativo, restricciones de acceso o participación, falta de ajustes razonables o apoyos necesarios, condicionar o prohibir el ingreso de figuras de apoyo como asistentes personales o acompañantes, o el trato desigual, humillante o sesgado, entre otras situaciones. 

La actualización del documento se dio a conocer el 12 de marzo en la sede de la INDDHH, con la participación del presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani; el director nacional de Educación, Gabriel Quirici; la gerenta del área de Programas Transversales del Instituto Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Daiana Vázquez; y la directora de la INDDHH, Jimena Fernández.

Los contenidos del protocolo fueron presentados por referentes técnicos, quienes también integraron el grupo de trabajo encargado de la actualización: Selva Pérez de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria; Florencia Borches de Educación Inclusiva del MIDES; Jimena Valdés de la Dirección General de Educación Secundaria; Liliana Testa de la Dirección General Técnico Profesional; Carolina Sanguinetti del Programa Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Cultura; Karen Sass del Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de la Aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la INDDHH; y Nils Helander, Defensoría del Pueblo de la INDDHH.

Los comentarios finales estuvieron a cargo de representantes del Consejo Asesor Honorario en Discapacidad y la sociedad civil, quienes resaltaron la importancia de la actualización del protocolo y la orientación para las familias para denunciar cuando ocurren estas situaciones de discriminación. Por el Consejo Asesor hablaron la presidenta Verónica Sanguinetti y el vicepresidente Diego Vega. Por el Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva: Mercedes Viola y Estela Brochado. 

Un protocolo que se fortalece

El proceso de revisión y optimización del protocolo se desarrolló durante 2024 y 2025 en un grupo de trabajo que retomó el trabajo impulsado en 2020 por el Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva. La nueva versión sucede a la edición 2021 e incorpora la experiencia acumulada y los aportes técnicos e institucionales recogidos en estos años.

Como parte de este proceso de revisión y mejora, también se desarrollaron instancias de intercambio y reflexión con referentes técnicos de La Pampa, Argentina, orientadas a incorporar aprendizajes y buenas prácticas en materia de educación inclusiva.

Trabajaron en esta actualización los subsistemas educativos de la Administración Nacional de Educación Pública; la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura; la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (actual Instituto Nacional de Discapacidad); integrantes del Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva; representantes de gremios docentes; Universidad de la República. 

La INDDHH participó a través del Consejo Asesor Honorario de la Sociedad Civil Organizada de y para Personas con Discapacidad, el Mecanismo de Vigilancia y Monitoreo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Defensoría del Pueblo.