Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

La iniciativa busca fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones públicas y no gubernamentales encargadas de proteger los derechos de las personas usuarias de servicios de internación por motivos de salud mental y tratamiento de adicciones, con foco en la prevención de la violencia, la discriminación y los malos tratos.

El proyecto responde a una problemática persistente en Uruguay y México: la existencia de modelos de atención que no garantizan una atención integral, digna ni centrada en las personas, especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad. En ambos países, aún se dan prácticas de institucionalización prolongada, muchas veces sin consentimiento y en condiciones inadecuadas, así como dificultades en la implementación efectiva de los marcos normativos de derechos humanos.

En este contexto, la propuesta, que tendrá una duración de dos años, apunta a generar un cambio estructural a partir de tres líneas de acción principales: el fortalecimiento institucional y normativo para mejorar los sistemas de monitoreo; el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de capacidades técnicas entre actores clave; y la sensibilización social para reducir el estigma y la discriminación, con participación activa de organizaciones de la sociedad civil y personas con experiencia en el sistema y sus referentes familiares.

El acto de lanzamiento contó con la participación de autoridades nacionales e internacionales vinculadas a la cooperación y al proyecto: Martín Clavijo, Director Ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI); Carlos Acosta, Director General de Operación de Proyectos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); Maria Elizabeth Bogosian, Directora General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay; Andrés Ruiz Pérez, Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de México; Amaya Ordorika Imaz, Directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México (IAPA); Diana Sheimbaum, integrante de la organización de la sociedad civil Documenta de México, y por supuesto la Directora de la INDDHH referente del MNP, Jimena Fernández Bonelli.

Durante la apertura, se destacó la relevancia de la articulación binacional para avanzar en estándares comunes de protección de derechos y en mecanismos más eficaces de prevención de situaciones de violencia en contextos de encierro. Asimismo, se subrayó el potencial del proyecto para incidir en la mejora de los modelos de atención, promoviendo enfoques centrados en las personas y alineados con los compromisos internacionales asumidos por ambos países. En ese sentido, Gabriel Rossi, Secretario General de la Junta Nacional de Drogas, analizó especialmente el impacto que un proyecto así tiene en el abordaje y atención de las personas usuarias de los servicios de internación por razones de salud mental y tratamiento de adicciones.

La jornada incluyó también una presentación técnica del proyecto a cargo de Alicia Saura y Ana Inés Machado, integrantes del equipo del MNP-INDDHH, seguida de un espacio de comentarios a cargo de Documenta, organización contraparte del proyecto por México, que permitió profundizar en los desafíos y oportunidades para la implementación del proyecto.

Con esta iniciativa, la INDDHH reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental y las adicciones, apostando a transformar prácticas institucionales y a consolidar políticas públicas basadas en el respeto, la dignidad y la inclusión.