Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

l Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), junto con la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario y la Asociación contra la Tortura, organizó un espacio de trabajo para el abordaje y análisis del estado de situación actual y las posibilidades de avanzar en la legislación. 

El seminario se desarrolló en seis sesiones que abordaron la prohibición de la tortura en el derecho internacional y regional; los enfoques para la elaboración de legislación contra la tortura a partir de la experiencia comparada; la incorporación de perspectivas de género y generaciones; los desafíos probatorios en casos de tortura; los debates en torno a una posible reforma legislativa; y los aspectos vinculados a la investigación, sanción, reparación y rehabilitación de las víctimas.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota; la directora Jimena Fernández; el representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; y Laura Cotelo por la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario. 

Además, durante las dos jornadas se pudo recorrer la muestra fotográfica “Derechos humanos y adolescentes en privación de libertad”, realizada a partir del monitoreo de los centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención. 

El evento reunió a referentes de la academia, organismos estatales e internacionales, que permitieron ver las distintas aristas del tema. A partir de los insumos generados durante el seminario, se continuará trabajando en aportes orientados al fortalecimiento de la normativa en la materia. 

La situación del delito de tortura

Uruguay ha recibido observaciones reiteradas por parte del Comité Contra la Tortura acerca de la necesidad de tipificar de forma adecuada el delito de tortura. De acuerdo con el primer artículo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se define tortura como todo acto por el que se ocasione intencionadamente dolores o sufrimientos graves -físicos o mentales- con el fin de obtener de una persona o una tercera personas información o confesión. Este delito está enmarcado dentro del ejercicio de la función pública. 

En el presente, en Uruguay, la tipificación hace referencia únicamente a la aplicación en casos de genocidio, crímines de guerra o de lesa humanidad. Al producirse esta situación, muchos hechos con componentes de trato cruel, inhumano o degradante terminan tipificados como abuso de funciones. Es una figura que no refleja la gravedad real, lo que afecta la justicia penal y a las víctimas. Un avance en la legislación sobre el tema brindaría garantías a víctimas, fiscales, jueces y funcionariado público.