Cuatríptico INDDHH

Materiales didácticos

07/07/2023
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) es un órgano estatal autónomo, cuyo Consejo Directivo (de cinco miembros) es elegido por la Asamblea General del Poder Legislativo. Fue creada por la ley 18466, del año 2008, con el fin de otorgar mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos que Uruguay se ha comprometido a respetar. A partir de la asunción del primer Consejo Directivo, en 2012, la INDDHH desarrolla un camino de trabajo para el cumplimiento de su misión: «la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y el Derecho Internacional».

¿Qué implica la misión de la INDDHH?

Respetar los derechos humanos implica no cometer ninguna acción u omisión tendiente a desconocer, violar o poner en riesgo alguno de esos derechos. Se parte del reconocimiento de la existencia de ciertos derechos inviolables de toda persona humana, que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder del Estado. En este sentido, el trabajo de prevención y monitoreo de las prácticas administrativas, políticas y los procesos de decisión de los organismos resulta fundamental.

Promover los derechos humanos se traduce en desarrollar políticas públicas que constituyan un conjunto coherente y sistemático de acciones dirigidas a empoderar a todas las personas, con los conocimientos y herramientas que sean necesarios, para hacer realmente viable el goce de sus derechos.

Proteger los derechos humanos, de acuerdo con el derecho nacional e internacional, implica diseñar y tomar las medidas necesarias para evitar situaciones que impidan el goce de los derechos por parte de las personas. El concepto de coherencia política obliga a los Estados a asegurar que todos los organismos gubernamentales, y otras instituciones estatales, respeten los derechos y brinden información relevante, capacitación y apoyo.

Garantizar el goce de los derechos implica organizar todo el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre ejercicio de los derechos humanos. Esto incluye medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, que comprendan acciones de prevención, investigación, adopción de medidas contra los autores de las violaciones y la correspondiente reparación a las víctimas.

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