Desaparición forzada - Informe sobre denuncias y casos en investigación
Informes
Esto implica relevar el número de denuncias presentadas, ante qué instancia se presentaron, la fecha de presentación y de desaparición, el lugar donde se produjo la presunta desaparición, entre otros detalles relevantes para la búsqueda, así como el estado actual de la investigación.
A los efectos de establecer si cada caso entra en la competencia asignada a la INDDHH por la Ley Nº19.822, se realizó un primer análisis que tuvo en cuenta la fecha de la presunta desaparición; la participación, apoyo o aquiescencia de agentes estatales; la existencia de una militancia política, social o sindical de la víctima o su familia directa; y, en el caso de los episodios que involucran a extranjeros en Uruguay o uruguayos en el exterior, la eventual coordinación de fuerzas represivas de los países que participaron del Plan Cóndor (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay) y otros que fueron destino de exiliados.
Es pertinente aclarar que desde la restauración democrática en 1985, cuando se abrió la posibilidad de presentar denuncias ante instancias formales como el Poder Legislativo o la Justicia ordinaria, o en las sucesivas etapas como la Comisión para la Paz, la Secretaría de Seguimiento, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y la INDDHH, no existió un único criterio para establecer si un caso se encuadraba en una hipótesis de desaparición forzada.
Por esa razón, algunos casos fueron descartados en su momento, o se mantuvieron sin defi nición o fueron denunciados sucesivamente en varias de estas etapas sin tener avances signifi cativos. Todos ellos fueron revisados nuevamente por el Equipo de Investigación. También hay una decena de casos que llegaron a conocimiento de la INDDHH muy recientemente, y serán objeto de un análisis particular, lo cual implica que los datos que se presentan en este informe están en permanente revisión y por lo tanto pueden variar en el futuro en la medida que haya avances en las investigaciones.
La última denuncia incluida en el informe llegó al equipo a mediados de abril, y refi ere a un hecho ocurrido hace más de 50 años.
Por otro lado, existe un número aún indeterminado de casos de uruguayos desaparecidos en el exterior que no han sido denunciados y cuya identidad se desconoce. El equipo llegó a esta conclusión luego de profundizar en expedientes judiciales (Argentina y Chile) o intercambiar datos con otras unidades de búsqueda (Colombia) donde existen testimonios que refi eren a la existencia de “uruguayos” que fueron detenidos en diversas circunstancias y fueron víctimas de desaparición forzada.
En este marco, el Equipo de Investigación realizó un rastreo de información de todas las personas mencionadas para profundizar en las investigaciones activas. Esto implicó la revisión de bases de datos de fuentes abiertas en Uruguay y países de la región, de documentación ofi cial en poder de la INDDHH perteneciente a archivos ofi ciales -como el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia- y de conjuntos documentales incautados a ofi ciales de las Fuerzas Armadas vinculados directa o indirectamente con la represión estatal entre 1968 y 1985 -como los denominados Archivo Castiglioni, Archivo Gavazzo y Archivo Lezama-, entre otros. También se analizó la documentación que posee la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otros acervos que aportaron particulares.
Además, se procedió a remitir ofi cios a diversos organismos estatales solicitando información sobre las personas objeto de la investigación, como la Corte Electoral, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Archivo Judicial Proveniente de la Justicia Militar (Ajprojumi) del Poder Judicial, y se accedió a expedientes judiciales de trámites de sucesión, declaración de ausencia y divorcio, entre otros.
En Argentina, se analizaron documentos del Registro Unifi cado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, y se recibió el apoyo en procedimientos específi cos de la Cancillería, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). También se fi rmaron convenios de colaboración e intercambio de información con la Secretaría de Justicia y Abuelas de Plaza de Mayo, mientras que se mantuvieron encuentros con organizaciones de derechos humanos de distintos puntos del país.
En la Provincia de Buenos Aires se concretaron diferentes formas de colaboración con los municipios de Malvinas Argentinas, San Martín, Morón y La Plata, y con el Archivo Provincial de la Memoria.
Asimismo, se accedió a archivos y acervos documentales de organismos públicos mediante la fi rma de convenios marco y específi cos, acuerdos de colaboración e instancias puntuales, lo cual permitió agregar información de fuentes abiertas y cerradas que aportaron nuevos datos a las líneas de investigación ya iniciadas. En este sentido, es oportuno destacar la colaboración de muchos funcionarios que, comprendiendo la importancia de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron estos crímenes de lesa humanidad, aportaron sus conocimientos para facilitar la tarea del Equipo de Investigación, muchas veces más allá de las obligaciones inherentes a sus funciones dentro del aparato estatal.
Asimismo se recogieron decenas de testimonios vinculados a denuncias específi cas o relativas a lugares de enterramiento o actividades irregulares en predios civiles y militares.
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