Informe anual

Informe Anual a la Asamblea General 2020

Informes

En el Informe Anual a la Asamblea General 2020 la INDDHH rinde cuentas de la gestión y las actividades desarrolladas durante el año para cumplir con su cometido de defender, promover y proteger los derechos humanos en toda su extensión. El documento fue entregado al Parlamento y está disponible en una versión completa de 306 páginas que se puede descargar al pie de este texto. El Resumen Ejecutivo, también disponible para su descarga, tiene 92 páginas.
Carátula del Informe Anual a la Asamblea General 2020

Según el artículo 68 de la ley 18.446 de creación de la INDDHH:

"El Consejo Directivo de la INDDHH presentará un informe anual a la Asamblea General dentro de los primeros ciento veinte días de cada año. A tales efectos, el Consejo Directivo de la INDDHH será recibido y escuchado en sesión especial de la Asamblea General."

La INDDHH

La INDDHH fue creada en 2008 tras un largo proceso que se caracterizó por la más amplia voluntad política y participación social, y contó con el respaldo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. El artículo 2 de la ley de creación (No. 18.446) le otorga la máxima autonomía funcional: “La INDDHH no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad”. Es dirigida por un Consejo Directivo integrado por cinco miembros elegidos por la Asamblea General a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios. Actualmente el Consejo Directivo está integrado por Wilder Tayler (presidente), Mariana Blengio Valdés, Juan Faroppa, Mariana Mota y Josefina Plá.

Las tareas que ejecuta la INDDHH abarcan los siguientes ejes: la armonización legislativa en relación a las normas internacionales y convenciones ratificadas por el país, la investigación y monitoreo de las acciones u omisiones del Estado en materia de derechos humanos, la recepción e investigación de denuncias sobre eventuales vulneraciones de derechos (incluyendo la redacción de informes y la formulación de recomendaciones a los organismos estatales correspondientes) y la promoción y educación en derechos humanos.

A su vez, la INDDHH alberga en su estructura al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP). Se trata de una entidad de control dedicada a prevenir prácticas de tortura y otras formas de maltrato hacia las personas privadas de libertad. Su actuación preventiva consiste en la realización de inspecciones regulares, no anunciadas, a centros de privación de libertad, la formulación de recomendaciones a las instituciones del Estado para proponer medidas tendientes a minimizar los riesgos de situaciones de maltrato y/o tortura, y brindar asesoramiento en cuanto a la legislación vigente o proyectos de ley tendientes a reducir los riesgos que conllevan las situaciones de encierro institucional.

Contenidos del Informe

El Informe Anual 2020 se organiza en seis capítulos: 1) gestión institucional, 2) estudios e informes sobre la situación de los derechos humanos, 3) defensa y protección ante situaciones de vulneración de derechos, 4) Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 5) educación y promoción en derechos humanos, y 6) la INDDHH en el territorio.

En el capítulo 1 del Informe Anual, dedicado a la gestión institucional, se explica que los mayores desafíos durante 2020 fueron la emergencia sanitaria y el recambio de autoridades en el gobierno nacional. En ese contexto, la INDDHH prestó especial atención a la respuesta estatal a las poblaciones más vulnerables, a las restricciones al ejercicio de algunos derechos y a los cambios legislativos impulsados por el nuevo gobierno. A nivel de su funcionamiento interno el esfuerzo se orientó a preservar la operatividad y crear formas alternativas para hacerse presente en todo el territorio.

El capítulo 2 lleva por nombre “Estudios e informes sobre la situación de los derechos humanos” y detalla los aportes sustantivos que realiza la INDDHH para cumplir con su obligación legal de emitir opinión y recomendaciones sobre proyectos de ley; informar regularmente a los órganos encargados del contralor internacional y regional de las obligaciones contraídas por el Estado uruguayo; hacer propuestas sobre las normas jurídicas y prácticas administrativas más adecuadas para una mejor protección de los derechos humanos y elaborar informes periódicos a entregar al Parlamento. En 2020 se destaca la creación junto con la Facultad de Ciencias Sociales del Mirador DESCA, un proyecto conjunto orientado a desarrollar mecanismos de monitoreo de derechos humanos que permitan dar cuenta del estado de situación y de los avances concretos en su efectiva implementación, generando evidencia sobre la progresividad de los derechos.

El capítulo 3 se titula “Defensa y protección ante situaciones de vulneración de derechos humanos” e incluye el detalle de las denuncias recibidas y las investigaciones realizadas sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Este capítulo resume todas las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo de la Institución con recomendaciones o constatación de vulneración de derechos por parte del Estado. El total de este tipo de resoluciones emitidas durante 2020 son 28 y refieren a los siguientes temas: integridad física y abuso policial, discapacidad, trabajo y condiciones laborales, vivienda adecuada y acceso a la tierra, igualdad y no discriminación, ambiente, libertad de expresión, salud mental, reparación y adultos mayores. Este capítulo incluye también el resumen de las 16 resoluciones emitidas con “resolución satifactoria”, que son aquellas en que la Administración pudo brindar una solución reparatoria de la situación denunciada o incluso evitar que la misma sucediera. Se detallan también las seis resoluciones de no colaboración emitidas durante el mismo período, que son aquellas en que los organismos denunciados se negaron a aportar información.

El capítulo 4 se denomina Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y comienza con una presentación del MNP y la metodología que aplica en el monitoreo sistemático de los lugares privación de libertad. En términos de incidencia política se destaca la promoción de medidas urgentes para la protección de las personas en situación de encierro institucional frente a la pandemia por covid-19. El informe explica cómo el MNP reorganizó su estrategia de trabajo para mantener el monitoreo y las visitas no anunciadas a la vez que formulaba recomendaciones de política pública para atender a esta población ante al incremento de los riesgos de tratos crueles, inhumanos o degradantes a raíz de la agudización de las condiciones de encierro. En total durante 2020 el MNP realizó 83 visitas no anunciadas a centros de detención con antecedentes o riesgo de vulneración de derechos. Estas incluyen el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, el sistema penal juvenil, las unidades policiales, el sistema carcelario de personas adultas y las instituciones psiquiátricas.

El capítulo 5 se dedica a exponer el trabajo de la Institución en la educación y promoción en derechos humanos. Se detallan en ese capítulo las actividades realizadas en coordinación con el sistema formal de educación y las realizadas con la academia y otras defensorías del pueblo. Entre ellas se destacan dos actividades con alcance nacional y gran impacto: el primer concurso nacional de cuentos “Contando derechos” y el curso básico a distancia sobre derechos humanos y el rol de la INDDHH. Este último se dictó en cuatro ediciones y alcanzó un total de 1.221 personas matriculadas, casi el doble que durante 2019. Además, el informe detalla las instancias de formación y capacitación realizadas tanto de manera presencial como a distancia.

Por último, el capítulo 6, titulado “La INDDHH en territorio”, da cuenta de los esfuerzos de Institución por impulsar procesos de descentralización y minimizar las desigualdades de acceso a la Institución. Se reporta en detalle el trabajo realizado en Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha y Treinta y Tres; y también en Durazno y Tacuarembó, que se incorporaron durante 2020. Durante el primer semestre se ejecutaron acciones dirigidas atender la emergencia sanitaria. Para ello se aplicó una estrategia de cercanía y en diálogo con los actores locales se relevó información para identificar los temas más relevantes para cada territorio y detectar las situaciones emergentes que podían requerir de una intervención de la INDDHH.

El documento cierra con seis anexos que incluyen la evolución de la estructura funcional, la ejecución del presupuesto, el comité de emergencia y la gestión interna por covid-19, la biblioteca, datos de las visitas realizadas por el MNP y el informe de la IX Asamblea Nacional de Derechos Humanos.

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