Informe N° 145 MNP-SP/2024 - Panorama de las infancias y adolescencias en mirada regional
Informes
El informe que se presenta a continuación contiene los principales hallazgos del monitoreo desarrollado por el MNP en los departamentos de Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres, en el período comprendido entre setiembre 2022 – octubre 2023. Se realizaron 17 visitas no anunciadas, a 11 centros de protección especial, lo que representa más de dos tercios de los centros de la región este (69% del total de centros en la región).
Este trabajo de seguimiento tiene como propósito generar un documento base que aporte a la discusión con actores territoriales de la región, acerca del estado del sistema de protección 24 horas. Se busca generar un diálogo y retroalimentación con los actores territoriales acerca de los desafíos y potencialidades, que colaboren en la mejora del sistema y habiliten la convergencia de miradas sobre el sistema de protección especial.
En las visitas del MNP se verificaron un conjunto de dimensiones vinculadas a las condiciones de atención del centro, y en particular a las garantías de determinados derechos. A saber, el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho al bienestar y desarrollo (educación, salud, derecho a la información y a ser escuchado); el derecho una vida libre de violencia (a ser protegido/a contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como también contra la explotación y el abuso).
En lo que respecta a las condiciones de atención, se constató la preocupación de los equipos y direcciones departamentales, ante el crecimiento en los ingresos de niñas, niños y adolescentes al sistema de protección. Se reiteró la necesidad de revertir las situaciones de ingreso al sistema de protección motivadas porque sus referentes familiares no cuentan con los recursos económicos necesarios para el cuidado y crianza.
Asimismo, se observó la necesidad de dotar de recursos técnicos adecuados requeridos para la atención en residencia y la revinculación familiar, de modo que se tienda hacia la desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes, en consonancia con la normativa sobre derechos de infancia.
En cuanto a las condiciones materiales, se observó una mejora en la infraestructura edilicia en varios centros de la región, que habían concretado reformas o mudanzas. No obstante, siete de los once centros monitoreados poseían espacios de convivencia que no eran adecuados en cuanto a su mantenimiento e infraestructura. Se constató una adecuada dotación de suministros de alimentación y vestimenta, a pesar que algunos centros presentaban por momentos cupos excedidos.
En la región se relevó una adecuada atención de la salud de niñas, niños y adolescentes a nivel general, así como el esfuerzo de los equipos para el cumplimiento de esta. Persistían, sin embargo, importantes déficits en materia de cuidado en salud mental, que se expresan tanto en demoras en el acceso a la atención a nivel de los prestadores de salud, como en el acceso a cupos para la atención especializada en clínicas de atención integral en salud mental. Esta situación se replicaba en la atención en consumo problemático de drogas, donde en ocasiones recibían tratamiento ambulatorio, y en otros realizaban derivaciones a centros para atención de episodios agudos (en Montevideo), como forma de lograr un período de desintoxicación, aunque no correspondía a los objetivos y capacidades de atención de los centros.
El derecho a la educación formal de niñas y niños se encontraba cumplido, ellas y ellos contaban además con participación en actividades no formales en la comunidad. Entre las y los adolescentes preocupan las dificultades en el sostenimiento de las trayectorias escolares, dadas las situaciones de ausentismo y desvinculación educativa, sin visualizarse estrategias efectivas de intervención al respecto.
Se observó con preocupación el aumento de los ingresos al sistema de protección por situaciones de explotación sexual, así como el crecimiento de la captación de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en el sistema de protección. En este sentido, los equipos consultados manifestaron no tener los recursos específicos para abordar tales situaciones en su globalidad.
Por otra parte, se constató la existencia del carcelaje de INISA dentro del predio de uno de los centros monitoreados. La existencia del carcelaje en la propiedad de un centro de protección, es valorado como desfavorable, desde el equipo de dirección y el personal, principalmente por el impacto que genera en el desarrollo de la cotidianidad.
Finalmente, se presentó como desafío el ajuste de los protocolos de actuación para las salidas no acordadas, en procura de revertirlas y poder brindar mayores garantías de protección a los niños, niñas y adolescentes. Esto requiere entre otras acciones que adjudiquen los recursos necesarios (técnicos y materiales) para atender dichas situaciones en su globalidad.
Hacia el final del informe, se colocan reflexiones a partir de los desafíos, avances y potencialidades que se identifican en el sistema de protección. De este modo, se enuncian asuntos que serán elementos de base para la discusión con los actores territoriales vinculados al sistema de protección especial de infancias y adolescencias.