Quinto informe del Mirador DESCA: derecho al trabajo
Informes
Uruguay ha sido pionero en el mundo en materia de normativa garantista en relación al trabajo, con una importante legislación aprobada a inicios del siglo XX. Esta característica también se constata en materia de ratificación de normativa internacional. También presenta una marca de larga duración de respeto de la libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva, más allá de la etapa de cancelación de las libertades durante la dictadura civil-militar (1973-1985) y el período 1991-2004 en que el Poder Ejecutivo suspendió la convocatoria a la negociación colectiva.
En los últimos veinte años, que globalmente considerados incluyen el período de crecimiento económico más extenso de la historia uruguaya, la mayoría de los indicadores vinculados al derecho al trabajo mostraron un buen desempeño. Sin embargo, esta mirada global esconde etapas bien marcadas y la persistencia de desigualdades estructurales.
Respecto a las etapas, y atendiendo a que la mayoría de los datos de indicadores de resultados presentados corresponden al período 2006-2022, pueden marcarse tres momentos. Entre 2006 y 2014 existe un desempeño muy bueno de prácticamente todos los indicadores relevantes en materia de trabajo. Entre 2014 y 2019 se produce un estancamiento e incluso deterioro de algunos indicadores (estancamiento del crecimiento del salario real y la formalización, aumento del desempleo, por ejemplo). Con el advenimiento de la pandemia en el año 2020 el deterioro se agudizó, con efectos heterogéneos y la recuperación pospandemia está confirmando esta desigualdad de impactos.
Esto es así, porque pese a las mejoras ocurridas en el mundo del trabajo en Uruguay en las últimas décadas, la plena realización del derecho al trabajo por parte de toda la población enfrenta el desafío de eliminar o al menos reducir desigualdades estructurales persistentes, que el impacto socioeconómico de la pandemia puso nuevamente en primer plano. Estas desigualdades estructurales, cuyo diagnóstico es conocido desde hace décadas, afectan principalmente a mujeres, a jóvenes, a población afrodescendiente y a algunas zonas geográficas especialmente, como el norte y el centro del país. El Estado ha desplegado numerosas acciones específicas en distintos planos para modificar esta situación, como se repasó con la descripción de políticas públicas. Sin embargo, los resultados en términos de eliminación de brechas han sido más bien modestos y el impacto de la pandemia ha revertido buena parte de los logros.
Finalmente, y en el marco de la meta 8.7 de erradicación del trabajo infantil para el año 2025, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este informe se ha repasado la situación del Uruguay en esta temática, y se argumentó que esta meta es una necesidad, una exigencia ética y una posibilidad al alcance de las capacidades del país. La pobreza es una de las principales causas explicativas del trabajo infantil. Reducir los niveles de pobreza y particularmente la concentración de la pobreza en la infancia es uno de los desafíos más importantes de Uruguay en este plano. Mejorar la suficiencia de las transferencias monetarias dirigidas a hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes; fortalecer la capacidad del sistema educativo para asegurar la permanencia, el aprendizaje y egreso de los adolescentes; y garantizar la disponibilidad de trabajo de calidad y bien remunerado para adultos jóvenes que viven en hogares con niños y niñas seguramente son parte de las claves para una estrategia exitosa.