El rol de la INDDHH y líneas de acción en materia de embarazo infantil y adolescente

Informes

La INDDHH tiene dentro de sus ejes estratégicos la consolidación de su participación activa en los espacios interinstitucionales e intersectoriales, respetando su autonomía funcional. La INDDHH participa con el propósito de aportar recomendaciones basadas en estándares de derechos humanos y, al mismo tiempo, conocer de primera mano los principales nudos y oportunidades existentes para el desarrollo de las políticas públicas. Con ese objetivo participa de la Estrategia Nacional de Erradicación del embarazo infantil y prevención del embarazo adolescente.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) es un órgano estatal autónomo. Fue creada por ley, como un instrumento complementario de otros ya existentes, con el fin de otorgar mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, las prácticas administrativas y políticas públicas se desarrollen en
consonancia con los mismos.

Según expresa la exposición de motivos de la ley de creación “… la matriz conceptual de los derechos humanos, determina la necesidad de concebir a la INDDHH como una institución del Poder Legislativo, independiente y separada del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, con atribuciones y funciones adecuadas para la protección de los derechos humanos en toda su extensión, de alcance nacional, con funcionamiento permanente y sin limitaciones temáticas o sectoriales, dentro del marco constitucional. Al mantener su distancia real del gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades
fundamentales de sus habitantes y por crear una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo independiente e indivisible - derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-. Teniendo como cometidos fundamentales observar y controlar la realización efectiva de los derechos humanos de todo el quehacer estatal y, además, intervenir en denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, implica una expansión de las salvaguardas existentes.”
En este sentido, la participación en el proceso de construcción de planes nacionales o estrategias forma parte de sus competencias, en tanto brinde aportes y contribuya al contralor de la efectiva realización de los derechos humanos y guarde una “distancia real del gobierno”.

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